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Una publicación de la asociación SER
Abogada titulada por la PUCP. Fue Coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal – IDL. Actualmente, es Coordinadora del área Estado de Derecho de la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) de México.

A denunciarlo: la historia de los fiscales supremos que asumieron el cargo en contra de la Constitución

A un año del histórico destape de los CNMaudios que remeció la historia judicial y política del país, y frente a las propuestas del gobierno y la magistratura que han resultado poco eficaces para la identificación y remoción de los “Cuellos Blancos”; la red se ha reacomodado y su consigna es muy clara: atrincherarse en la Junta de Fiscales Supremos (JFS), máxima instancia de gobierno de la Fiscalía.

Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez, tres de los 5 fiscales supremos que conforman la JFS, tienen el control. Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, en franca minoría, poco pueden hacer. Chávarry renunció a inicios de este 2019 como Fiscal de la Nación por la presión ciudadana frente a la remoción arbitraria de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en vísperas del Año Nuevo; pero el cuestionado fiscal mantiene el apoyo de los supremos Gálvez y Rodríguez.

Y parecen inamovibles. No hay mecanismos internos en la JFS que, permita la suspensión de los fiscales supremos cuando estan siendo investigados por su presunta participación en redes de corrupción o por la falta de independencia e imparcialidad, tal como indican las garantías del debido proceso y los principios de la administración de justicia. Por otro lado, inexplicablemente, la JFS no ejecutó la medida cautelar que correspondía luego de que la Comisión de Ética del  Colegio de Abogados de Lima suspendió la colegiatura de Chávarry; lo que debió sacarlo del cargo, ya que es uno de los requisitos para ejercer el cargo de acuerdo a la Ley de la Carrera Fiscal.

Mientras la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no se instale (con personas comprometidas para la depuración de la red) no hay posibilidad de que un nuevo fiscal supremo ingrese a la JFS como titular para hacer algún tipo de balance (donde, quizá con empate de votos, le corresponda a la Fiscal de la Nación el voto dirimente); o que pueda ejercer la facultad que le dio la ley 30916,que le permite revisar y declarar la nulidad de todas decisiones del CNM, con graves irregularidades, sobre nombramientos, procesos de ratificación o disciplinarios. El efecto de esta potestad es crucial: separa de inmediato al juez o fiscal en funciones, su decisión se ejecuta aunque sea apelada en un proceso contencioso o de amparo, se inscribe en el registro de sanciones y si se identifica otro tipo de sanción, se procede a la denuncia incluso de carácter penal.

Pero, desde la trinchera de la JFS, sumada a la impunidad que les garantiza la mayoría fujimorista del Congreso, los fiscales Chávarry Gálvez y Rodríguez se ven inamovibles.

No obstante, en medio de todo el escándalo, hay un hecho que no debe pasar desapercibido y por el cual deben iniciarse los procesos de investigación de responsabilidades y de defensa de la autonomía de la Fiscalía peruana. Los fiscales supremos Gálvez y Rodríguez asumieron el cargo en contra de las normas constitucionales. Y no solo ellos. También lo hicieron así  el fiscal supremo Luis Arce, y los jueces supremos Ángel Romero, Héctor Lama y el mismo César Hinostroza.

Todos ellos alcanzaron el cargo de jueces y fiscales supremos en la penúltima convocatoria del ex Consejo Nacional de la Magistratura (N° 001-2015-SN/CNM y N° 002-2015-SN/CNM), al mando de Guido Aguila. En diciembre del 2015 fueron nombrados como titulares Hinostroza y Gálvez, quedando todos los demás en la Lista en Reserva, y nombrados posteriormente. Antes del 2015, casi todos, tentaron al cargo sin éxito. A Hinostroza el CNM -antes de Aguila- le había negado hasta en 7 oportunidades el nombramiento, siendo el último en el año 2014. Su suerte cambió en el 2015, tan solo un año después, justo 5 de los 6 nombrados del 2015, están cuestionados y/o involucrados en los CNMaudios.

Ese concurso, como muchos, tuvo serias dificultades. Además del cumplimiento meramente formal de las etapas del procedimiento (sin real transparencia ni información de datos relevantes para identificar trampas a la norma), se encontraba el pedido del Instituto de Defensa Legal – IDL para que se abstengan dos consejeros: Máximo Herrera, quien había sido “ampayado” en el restaurante “La Cúpula” del Sheraton con un candidato a fiscal en pleno proceso del concurso (algo que quedó impune en el Congreso); y Julio Gutiérrez, quien ejercía aun como Decano del Colegio de Licenciados en Administración a pesar de la prohibición de la Ley Orgánica del CNM (al ordenar que el cargo de Consejero sea a exclusividad). Ello, sumado a la renuncia del consejero Talavera y de su suplente, ponía en problemas al CNM, pues de resolverse ese pedido de acuerdo a la ley el Pleno del Consejo quedaba con 4 consejeros, es decir, sin quórum para realizar cualquier nombramiento de supremos (5 votos). Y así los postulantes no habrían concretado sus aspiraciones.

En ese escenario, con un CNM muy cuestionado por la casi impuesta remoción ciudadana del ex consejero Alfredo Quispe, se rechazaron los pedidos de abstención de los dos consejeros. Es decir, ese concurso no se desarrolló con la garantía formal de un evaluador independiente e imparcial. Pero además, y aquí lo más grave, se procedió a aceptar la designación hecha por el Poder Judicial sobre su representante en el CNM -por el espacio dejado por Talavera- juramentando a Teódulo Santos Cruz. Este consejero juramenta el 14 de diciembre del 2015 en el cargo, participa de las entrevistas públicas en su primer día de trabajo, y ese mismo día vota junto con los otros consejeros liderados por Aguila, por los nombramientos supremos de Hinostroza y Gálvez, dos “hermanitos". Luego vendrían los demás.

La grave irregularidad en esta elección del consejero representante del PJ en el CNM, llevaron al titular del Poder Judicial de entonces, Víctor Ticona, y el presidente del CNM, Guido Aguila, a violar la Constitución. Esto se concretó cuando el Poder Judicial eligió a un representante solo para que participe en el colegiado del Consejo con su voto en el concurso supremo, por tres meses y sin elegir a su suplente; y cuando el CNM, acepta finalmente esa elección (¡primero lo observó, indicando expresamente que ese supuesto no existía en la Ley!), y juramentar al elegido. ¿Por qué esto es una violación de la Constitución? Porque la Constitución (artículo 155 antes de la reforma del año pasado, a la vez que la Ley Orgánica del CNM de entonces), señalaba que los consejeros titulares del CNM se eligen junto con sus suplentes en el mismo acto de elección, y por 5 años. No hay otro supuesto de elección. No hay otra forma de nombramiento de consejeros. Pero el PJ designó y el CNM acató, violando las normas más claras y básicas del nombramiento de Consejeros.

Pero Guido Aguila, como presidente del CNM de entonces, tiene una responsabilidad mayor al igual que Víctor Ticona, el presidente del PJ de entonces, en esta clara infracción a la Constitución (artículo 99): el CNM dio cuenta de este error y le hizo saber que la normativa no refería lo que el PJ le solicitaba. Pero luego, tras insistencia del PJ, el CNM hizo caso omiso a lo que originariamente había alertado que no podía hacer y procedió con la juramentación del elegido. Todo esto figura en la resolución N° 220-2015-P-CNM, del 10 de diciembre del 2015, firmada por Aguila.

De esta forma, la elección de los jueces y fiscales supremos producto de la votación hecha en el 2015, es nula, al violar el artículo 150 (el CNM es independiente y se rige por su ley orgánica) y 155 (último párrafo) de la Constitución, y de la Ley Orgánica del CNM de entonces (N° 26297, artículo 1, 4 y 18). En buen cristiano, ese concurso no tiene efectos jurídicos desde la participación de Santos Cruz. Es decir desde el 15 de diciembre del 2015 tampoco son válidos los nombramientos que resultaron a partir de ahí.

El proceso de conformación de la Junta Nacional de Justicia tiene para rato, lo que por cierto significa un incumplimiento de la ley y debiera ser tomado con más seriedad porque de ella depende mucho. Pero es urgente que se realicen varias acciones: (i) una demanda de amparo con medida cautelar de suspensión contra los supremos nombrados, por haber asumido el cargo en contra de la Constitución y el bloque de constitucionalidad de entonces violando el debido proceso de la selección de magistrados y la garantía de independencia judicial y fiscal, ejerciendo funciones contra la Carta Magna hasta el día de hoy; (ii) una denuncia por infracción a la Constitución dirigida al Presidente del Poder Judicial de entonces y a Guido Aguila (que debiera ser vista inmediatamente por el Congreso) y a todos los consejeros que juramentaron a magistrados supremos en contra de la Constitución; (iii) una moción de evaluación sobre este ejercicio inconstitucional como supremos, que debiera promover acuerdos tanto en la Sala Plena de la Corte Suprema como en la JFS para que los que accedieron al cargo contra la Constitución se inhiban de participar de los casos de corrupción con los que se les vincula; y (iv), la comunicación urgente a los sistemas internacionales a los que el Perú soberanamente está adscrito, pues es una serísima violación al principio de autonomía de la magistratura el que sus integrantes supremos sean nombrados en contra de las garantías y normas constitucionales básicas que promueven la autonomía de este poder del Estado (el PJ) y una institución autónoma (el MP).

En sí, las carreras como supremos de los nombrados por el concurso del 2015 nacieron constitucionalmente muertas. Se dijo en su momento pero el CNM hizo caso omiso y ahora vemos las consecuencias. Los supremos deberían renunciar al cargo si fueran coherentes en su papel de defensores de la legalidad y de su vinculación a la Constitución. Si bien los plazos para una acción de nulidad según la norma del ex CNM o el procedimiento contencioso administrativo están vencidos, el recurso constitucional (amparo) y la responsabilidad político-constitucional están vigentes, y va a ser importante ejercerlas (a la que se suma la nulidad administrativa de la nueva JNJ aun inexistente). El ejercicio como fiscales supremos de Tomás Gálvez y de Víctor Rodríguez es espúrea, y no resiste soporte institucional, legal o constitucional, ni un minuto más.