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Una publicación de la asociación SER
Fabiola Yeckting

Derechos humanos y canon comunal en zonas mineras

Hace una semana llamó la atención el enjuiciamiento a 19 defensores de derechos en el juzgado de Cotabambas, y el pedido de prisión de 11, 15 y 17 años, además de altas sumas de reparación civil, a quienes se les imputa haber participado en los enfrentamientos en el año 2015 en la zona del proyecto Las Bambas. Sin embargo, esta determinación de la justicia se vuelve ambigua ante la falta de esclarecimiento de los hechos en que perdieron la vida o fueron heridos varios comuneros. Pero además muestra la vulnerabilidad de la organización campesina constantemente amenazada por la criminalización de la protesta, la continua presencia militar y el estado de emergencia en la carretera, hechos que atentan contra el ejercicio pleno de derechos.

Sobre este tejido social debilitado se busca replantear la asignación del gasto sobre el uso del canon. Al respecto se ha aprobado el dictamen en mayoría del proyecto de Ley que propone la creación del “Canon comunal”. Fue presentado por el congresista aprista Jorge Del Castillo el 12 de octubre del 2017, y  luego de haber pasado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, será revisado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales, y Modernización y Gestión del Estado.  De otro lado, ya emitieron opinión los ministerios de Agricultura y Riego y de Cultura, en el primer caso la opinión alude a la intangibilidad de los recursos del canon, y en el segundo a su propia gestión de la base de datos de las comunidades indígenas y campesinas, aún incompleta.

Al respecto, José De Echave ha sostenido los principales argumentos que ponen en cuestión la propuesta: que mayores ingresos no significa la disminución de los conflictos sociales porque son multidimensionales y que se registran con mayor regularidad en los ciclos de alza del precio de los metales; que el proyecto plantea una modificación de la ley del canon en el uso del mismo y que los gobiernos locales entregarán el treinta por ciento (30%) del total del canon que les fuera transferido a las comunidades donde se explota el recurso natural; y que el proyecto no toma en cuenta las diferentes características de las comunidades, ya que se asienta sobre la formación de los núcleos ejecutores, con la participación de no menos de 100 personas. Es necesario anotar las posibles debilidades que surgen en cuanto a capacidad de vigilancia y fiscalización del gasto, así como el riesgo de un mal uso del recurso y la corrupción en la gestión local. 

En nuestro país todavía nos preguntamos cómo priorizar las necesidades de la gente. Existen expectativas desbordadas respecto a la minería que son proporcionales a la poca capacidad de cumplir acuerdos y compromisos. La ley debería buscar soluciones a los problemas existentes en el uso del canon, antes que proponer una nueva forma de gestión. ¿Cómo articular formas de organización comunal a una mejor priorización? El canon y las regalías que se asignan directamente a regiones y municipios no han cumplido tales objetivos. Generalmente se han destinado más a infraestructura y menos a mejorar la productividad, la salud, la educación, el empleo, etc. 

En las zonas mineras del Perú la primera tarea es el diálogo y la decisión política para mejorar la calidad de la educación y una capacitación permanente que redunde en una verdadera participación ciudadana. Con los marcos legales sobre las comunidades desfasados y lejanos de la realidad, y una organización política local debilitada es escasa la oportunidad de participación. Una nueva institucionalidad debería resolver los problemas que limitan el ejercicio de derechos y deberes y a partir de ello, comenzar a planificar de forma activa los procesos de desarrollo.