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Una publicación de la asociación SER

Descentralización, control e interdependencia

 

La llegada a la capital de una delegación de la Federación de Comunidades Nativas de Madre de Dios, FENAMAD, denunciando que el gobernador de su región, Luis Otsuka, viene impulsando la construcción de una carretera en el ámbito del Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakeaeri debería poner en alerta a las entidades estatales para impedir tamaño despropósito, pero también nos permite analizar algunas limitaciones del diseño descentralista, en lo referido a los aspectos de control e interdependencia intergubernamental.

 

Como es sabido, antes de ser elegido gobernador, Otsuka se desempeñó como presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, una de las principales organizaciones de mineros ilegales que se opuso al proceso de formalización iniciado por el gobierno central, por lo que sus antecedentes en relación a su escaso interés por cumplir la ley, así como su interés promover la realización de actividades mineras ilegales eran de sobra conocidos.

 

Actuando en consonancia con ello y utilizando el expediente técnico de un camino vecinal, Otsuka ha dispuesto la ejecución de la carretera Nuevo Edén – Diamante, en el distrito de Fitzcarrald, ubicado en el área de las reservas indicadas anteriormente, sin contar con los estudios de impacto ambiental ni la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP.

 

Esta última entidad ha denunciado estos hechos, pero ello no ha impedido que las obras continúen, lo que ha generado un conflicto, producto del cual, hace un par de semanas, un grupo de turistas fue retenido por un sector de la población favorable a dicha obra de infraestructura, que, a cambio de la liberación de los visitantes, pedía que la denuncia contra Otsuka fuera retirada. Sólo la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público permitió que los detenidos fueran puestos nuevamente en libertad.

 

Este tipo de situaciones son recogidas por quienes propugnan diversas maneras de recentralización e intervención en los niveles subnacionales, obviando que lo relevante debería ser el funcionamiento de instancias y mecanismos de control y una pauta de actuación interdependiente entre los diferentes estamentos de gobierno para atender adecuadamente las necesidades y demandas de la población.

 

En lo que se refiere al primer punto, la labor que toca desempeñar a entidades como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público es clave para evitar irregularidades en la gestión pública regional, por lo que, al igual que lo ocurrido con la descentralización política, ambas instituciones tienen que fortalecer su presencia a nivel regional y, en el caso particular de la Fiscalía (y también el Poder Judicial), debe evaluar la implementación de instancias especializadas en temas administrativos. La creciente complejidad de la administración pública requiere que los operadores de justicia también cuenten con conocimientos especializados en esta materia.

 

Con relación a la interdependencia, ésta surge como respuesta a uno de los principales problemas de los gobiernos multinivel: El referido a si las relaciones entre el gobierno nacional y los subnacionales deben regirse bajo parámetros de cooperación o competencia (Watts 2006) (1).

 

Aunque en principio, la cooperación y la toma de decisiones de manera conjunta parecieran ser el camino más razonable –dada la concurrencia de jurisdicciones y la interacción intergubernamental permanente–, se critican los modelos cooperativos por el impacto negativo sobre la eficacia en la formulación de políticas públicas y el desaliento a las iniciativas gubernamentales. Por otro lado, el modelo competitivo –cuyos defensores consideran más beneficioso, ya que, como en el caso de los mecanismos de mercado donde la competencia económica genera más beneficios a los consumidores que los monopolios u oligopolios, una competencia entre los diferentes niveles de gobierno por brindar mejores servicios redundará en el beneficio de la ciudadanía– también presenta inconvenientes, ya que puede conducir a la obstrucción, el bloqueo y a los consiguientes conflictos intergubernamentales.

 

Una interdependencia efectiva implica mecanismos de cooperación y competencia que eviten la confrontación y la toma de decisiones unilaterales. Además, permite atender cuatro aspectos básicos para la adecuada marcha estatal (Watts):

 

-   La responsabilidad democrática.

-   La gobernanza eficaz en el desarrollo de políticas públicas.

-   La preservación de la diversidad a través de la autonomía.

-   La garantía de cohesión y estabilidad del sistema político.

 

La reforma descentralista fue una respuesta al diseño centralista que ha caracterizado a nuestro país, lo que debería contribuir al funcionamiento y la legitimidad del sistema democrático. Aunque el camino ha estado lleno de dificultades y problemas como los generados por Luis Otsuka, la solución no pasa por el retroceso centralista. Entre otras cosas, es necesario fortalecer y redefinir el rol de actores estatales como los mencionados en esta nota.

 

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(1) Trench, A. (2006). Intergovernmental Relations: In Search of a Theory. En: Scott L. Greer (ed.). Territory, Democracy and Justice. Regionalism and Federalism in Western Democracies. Nueva York: Palgrave Mac-Millan.