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Una publicación de la asociación SER

Deslocalizar el Estado: una oportunidad

Foto: Presidencia del Consejo de Ministros

Paulo Vlca

La pandemia ha traído consigo una crisis social y económica que será difícil de superar, pero al mismo tiempo, algunas medidas de respuesta como la cuarentena y la inamovilidad obligatoria han dado pie a una serie de cambios en las formas de trabajo de las organizaciones públicas y privadas que, bajo circunstancias normales, hubieran sido imposibles de implementar.

Una de estas es el teletrabajo administrativo que da la posibilidad a quienes lo realizan de cumplir con las actividades encargadas desde su domicilio, siempre que cuenten con un equipo informático y una conexión a internet. Otra es la organización de reuniones utilizando plataformas online como zoom que permiten la participación de personas ubicadas en distintos lugares y han demostrado ser útiles para realizar debates y aprobar decisiones políticas como ocurre en el Congreso de la República. Y una tercera es la digitalización de trámites que dan la opción de presentar y resolver pedidos de la ciudadanía de manera virtual.

El uso generalizado de este tipo de herramientas abre una oportunidad para modernizar la administración pública, aunque ciertamente es necesario ampliar aún más el uso de las tecnologías de información y desarrollar las capacidades de quienes ejercen el servicio público en los distintos niveles de gobierno. En cualquier caso, queda claro que buena parte de las actividades que se realizan actualmente desde cientos de locales públicos con algunos millares de oficinas ubicadas en la capital pueden ser llevadas sin necesidad de aglutinar a todo el aparato estatal en un solo lugar.

Por otro lado, esta “deslocalización” del trabajo de la administración también puede ser una oportunidad para explorar una nueva forma de ejercer el gobierno nacional que supere el centralismo histórico que caracteriza el Estado peruano. En simple, se trata de distribuir a lo largo del territorio nacional a las diferentes entidades que en la actualidad despachan desde Lima y que muy bien podrían operar administrativamente desde otras ciudades. ¿Qué impide por ejemplo que el Ministerio de Educación funcione en Tacna, el Ministerio de Salud en Cajamarca, el Ministerio de Economía en Puno y el Ministerio de la Producción en Ancash? O dicho de otro modo ¿Tiene sentido que el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social despache desde el centro empresarial de San Isidro y no desde Huancavelica que es el departamento más pobre del país; o que el Ministerio de Cultura funcione en San Borja y no en Iquitos donde se encuentran más de 40 pueblos indígenas?

Una distribución a nivel nacional de las sedes centrales de los sectores del Poder Ejecutivo y también de otros entes como la Contraloría, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación o la Corte Suprema de Justicia, constituiría el mensaje político más claro de un Estado verdaderamente interesado en llegar a todos los rincones del país y contribuiría a fortalecer el desempeño de la burocracia pública, otorgándole una visión de la diversidad que caracteriza nuestra nación sin los tradicionales matices centralistas y capitalinos. Y probablemente también incentivaría la instalación de sedes corporativas empresariales en lugares distintos a la capital, con la consiguiente llegada y mejora de los servicios públicos y privados, así como el crecimiento de la actividad económica.

Si la reforma descentralista no ha dado hasta el momento los frutos esperados y exige una reforma profunda, es el momento de encontrar nuevas vías para contar con un Estado que deje de mirar el país desde el centro (y desde arriba). El camino seguido por las decenas de miles de retornantes que decidieron dejar Lima, muestra el rumbo que debería seguir la administración estatal para realmente encontrarse con todos los peruanos y peruanas. El Perú no está solamente en la capital.