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Una publicación de la asociación SER
Psicólogo con maestría en Sociología. Católico sin parroquia, socialista sin partido y amante infiel de la literatura.

Dinero, política y referéndum

A 25 días del referéndum, ninguno de los promotores de la reforma política y electoral se atreve a decir la verdad a millones de electores: que el referéndum no va a cambiar nada.

Esta incómoda verdad parece haber calado en ciertos sectores de la población que manifiestan un entusiasmo parecido al que se siente al ir a un velorio. En realidad, el velorio lo va a tener el partido naranja, cuyos representantes no serán reelegidos, pero seguirán en el Congreso dos años y medio más.

Los resultados del referéndum no van a reformar el Estado. No van a renovar la política. No van a combatir la corrupción. No van a fortalecer a los partidos, actores centrales de la política.

Preguntémonos, por ejemplo, si los resultados del referéndum incidirán directamente en las investigaciones fiscales o en los juicios que se siguen a los corruptos. ¿Por qué asistimos al escándalo de expresidentes enjuiciados y probables apresados si el puñado de fiscales y jueces honestos mantienen la cabeza en su lugar? Por sospechas de haber solicitado/recibido coimas o favores de empresas extranjeras y nacionales, a cambio de contratos en proyectos públicos. Y, además, por sospechas de haber solicitado/aceptado donaciones de dinero sucio de Odebrecht para sus campañas electorales.

Es verdad que la segunda pregunta del referéndum se refiere a cambiar el artículo 35° de la Constitución para poner reglas sobre el financiamiento de las organizaciones políticas. Pero sólo le da nivel constitucional a lo que ya está en la Ley de Organizaciones políticas, es decir:

Mediante ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos, así como su verificación, fiscalización, control y sanción. El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. El financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva.”

La novedad reside en que “Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto".

Hasta ahora la fiscalización del dinero sucio que se infiltra en la política la cosa ha sido una broma de mal gusto. En realidad, la ley de la materia convirtió a la ONPE en un tigre sin dientes ni garras. No es delito recibir dinero del extranjero, no es delito el “pitufeo” (el arte de subdividir una donación grande en cientos de pequeñas), no es delito recibir donaciones anónimas, no es delito presentar falsos aportantes. Sólo la ausencia de reportes y el irrespeto a los topes reciben como sanción algunas multas; pero, por ejemplo, desde hace varios años, el partido que tiene plata como cancha no paga su multa a la ONPE, porque sencillamente ésta no tiene capacidad de cobro coactivo.

Como sabemos, de la cantidad del dinero dependen la publicidad y el contrato de los especialistas en marketing político; el dulce a repartir entre periodistas y encuestadores amigos; la cantidad de pintura y papel a gastar en publicidad; los cantitos pegajosos a pagar en las radios de moda; los mítines, las caravanas, los viajes, la tele, la multiplicación de la imagen de los candidatos hasta en la sopa. En resumen, en una sociedad de masas como la nuestra, sólo con dinero grande se genera una tendencia y el debate democrático pasa a un tercer o cuarto plano. No interesa evaluar las obras y omisiones de los gobernantes o las propuestas de los candidatos. No, sólo hay que generar tendencias de opinión, olas de aprobación a determinadas ideas-fuerza, a determinados lemas o simpatías hacia determinados rostros. Los mejor preparados, los mejores estadistas sin dinero (que rechacen la tentación de recibir plata sucia bajo la mesa) pueden perder una elección tras otra mientras las ganan los demagogos, los oportunistas y los corruptos.

¿Es posible hacer campañas electorales democráticas y educativas? ¿Es posible hacer que los políticos dependan menos de los millonarios? Sí, si se regula que la campaña electoral sea una carrera entre iguales en lo que se refiere al dinero, como se hace en algunos países europeos y en México, convirtiendo en delito las conductas descubiertas recientemente en las investigaciones fiscales y dando armas fiscalizadoras a la ONPE. Un Estado que sea un verdadero árbitro que iguale la cancha, permitirá que lo importante salga a flote y se debata de cara a los electores y éstos puedan informarse y votar en consecuencia. Un paso adelante puede ser que quede prohibida la propaganda radial y televisiva contratada por los partidos y la pague el Estado con tiempos iguales para todos los competidores.

Pero una Asamblea Constituyente siempre será mejor que diez referendos.