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Una publicación de la asociación SER

EE. UU., Perú y narcotráfico: ¿Redefinición de relaciones?

El tema de la suspensión temporal de la erradicación forzada en el Perú causó mucha polémica entre los actores políticos y la sociedad civil respecto del futuro del control del Tráfico Ilícito de Drogas en el país. Dicha suspensión respondía a una pausa para redefinir y reorientar esta herramienta de interdicción que, hasta hace poco, se centraba en una erradicación indiscriminada que arrasaba con todo lo que se le atravesaba en el camino, incluyendo campesinos productores con familias dependientes de esta economía para subsistir.

Este modelo de erradicación forzada forma parte de la estrategia general antinarcóticos de Estados Unidos en América Latina (la llamada “guerra contra las drogas”) cuyo impacto no ha sido el esperado para la solución efectiva de las problemáticas en materia de control de drogas. Sus resultados han sido puestos en relieve por la Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas al señalar que dicha guerra no ha logrado disminuir los niveles de demanda ni de oferta de las drogas y, en cambio, ha incrementado la violencia generalizada, faltando a principios fundamentales como los Derechos Humanos.

Para el caso concreto peruano, Estados Unidos sigue siendo el principal país cooperante para la lucha antinarcóticos. Para el año 2011, la cifra alcanzó los $37 millones (ha ido reduciéndose progresivamente desde el año 2002) otorgados por el Departamento de Estado. Sin embargo, la ayuda no viene gratuita. El principal problema es que se exigen condicionamientos al país receptor (Perú) que lo dejan con muy poco margen para el diseño y la estructuración de políticas públicas acordes con la realidad geográfica, económica, social y cultural de nuestro país.

Cabe señalar que durante el gobierno de Fujimori, Toledo y García (2006 – 2011), hemos sido importantes aliados de Estados Unidos para la “guerra contra las drogas” (junto con Colombia). Sin embargo, la postura político/ideológica del actual gobierno peruano probablemente redefina las relaciones con esta potencia en torno a la lucha contra el narcotráfico, estableciendo un juego político de “tira y afloja”, donde conceptos como soberanía y autonomía juegan un papel muy importante para el oficialismo y donde existe la voluntad política suficiente para establecer negociaciones y no simplemente acatar modelos extranjeros que ya de por sí han demostrado no ser un éxito.

¿Viabilidad?

Sabemos que el gobierno tiene una posición alternativa al tráfico ilícito de drogas, pero, ¿qué tan viable y/o hasta qué punto podemos sostener esta posición yendo a contracorriente de las políticas impuestas por Estados Unidos? A nivel internacional, lo cierto es que no llegaremos a ningún lado actuando por cuenta propia. Es por eso que el gobierno pretende buscar en foros internacionales (como UNASUR) el multilateralismo, el apoyo y la conformación de bloques regionales que puedan ejercer presión y contrapeso a la tradicional filosofía de “guerra contra las drogas”.  El juego político en este escenario será muy difícil, ya que Estados Unidos cuenta con aliados fuertes como Colombia y Chile.

A nivel nacional son necesarios procesos de discusión y mesas de diálogo con la sociedad civil, con medios de comunicación, con partidos políticos, bancadas, sectores empresariales, sectores de salud, educación, PNP, el poder judicial, entre otros, para poder consensuar y establecer una política congruente y sostenible que sea más efectiva y que brinde resultados concretos y en el menor tiempo posible. Aquí tendría que apuntar la próxima estrategia de DEVIDA en su plan quinquenal 2012 – 2016.

A fin de cuentas la relación con Estados Unidos tendrá que ser la más cordial y diplomática posible, con acuerdos y negociaciones que beneficien a ambos bandos, pero que, sin lugar a dudas, dejen un amplio margen de discrecionalidad para el diseño y planeamiento de políticas públicas respecto del narcotráfico en virtud del concepto de responsabilidad compartida y soberanía nacional.