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Una publicación de la asociación SER
Investigadora del Instituto Chr. Michelsen, Global Fellow del Center for Law and Social Transformation, y docente PUCP. Psicóloga, Magister en Salud Internacional (Instituto de Medicina Tropical Charité, U. Berlín), doctorada en psicología (U. Bergen).

El aborto terapéutico: nueva amenaza a un derecho (casi) inaccesible

 

Si bien la mayoría de los embarazos no representan un riesgo para la vida de las mujeres, en el mundo muchas mujeres siguen muriendo como consecuencia del embarazo, o el parto. Muchas de estas muertes se podrían evitar garantizando el acceso oportuno a servicios de salud.

En el caso del Perú, sólo en el 2018, 364 peruanas murieron como consecuencia del embarazo, durante el parto, o en los días siguientes por una con condición relacionada a su embarazo y/o parto. Contra lo que se puede pensar, la mayoría de estas peruanas habían cumplido con los controles pre natales (73%).  De hecho, el 36.5% de las mujeres tenían entre 6 y 13 controles pre natales. Es decir, la mayoría controló sus embarazos, y tenía contacto con los establecimientos de salud. Es más, el 70.4% de estas muertes se dieron en establecimientos de salud, y el 55.5% en hospitales con capacidad de brindar servicios especializados para atender emergencias obstétricas (Nivel III).1 

Si bien la mayoría de estas muertes (61.2%) se dieron por condiciones directamente relacionadas por el embarazo y parto (hemorragias y trastornos de hipertensivos), un preocupante 38.8% fueron causadas por condiciones de salud previas al embarazo, que se agravaron como consecuencia de este, así, por ejemplo, 27 mujeres (6 adolescentes) murieron por una enfermedad del sistema respiratorio, 24 (4 adolescentes) por una enfermedad oncológica, y 13 por una enfermedad cardiovascular.1 Resulta alarmante que si bien las muertes maternas por causas directas, y las que suceden en los domicilios, sin atención médica han ido disminuyendo en los últimos años, las muertes causadas por causas indirectas se han mantenido estables, y en algunos casos han aumentado (por ejemplo si en el 2015 se reportaron 7 muertes maternas por enfermedad oncológica, en el 2018 fueron 24).1-3  Estos datos muestran lo que muchos políticos insisten en negar: hay condiciones de salud que se pueden ver agravadas por un embarazo, y que pueden terminar causando la muerte. El aborto terapéutico, el único aborto que no está penalizado en el Perú, sirve justamente permite prevenir este tipo de muertes.

Sería irresponsable decir que estas 64 muertes se pudieron evitar con un aborto terapéutico, pues no sabemos si las mujeres luego de recibir la información y consejería adecuadas decidieron, libremente, continuar con sus embarazos. Lo que sabemos, a partir de algunas investigaciones,4 es que, pese a ser un procedimiento legal desde hace casi 100 años , y contar con una Guía Técnica Nacional  desde el 2014,  en el Perú las mujeres aún enfrentan barreras para acceder al aborto terapéutico; el personal de salud desconoce el procedimiento, evita informar a las mujeres, ejerce violencia verbal para disuadir a las mujeres que opten por un aborto terapéutico, o demora en hacer el diagnóstico (el procedimiento sólo se puede realizar a mujeres con menos de 22 semanas de gestación).  Por ejemplo, en el 2016, el Instituto Nacional Materno Perinatal  rechazó 15 solicitudes de aborto terapéutico a mujeres con más de 22 semanas de gestación.4  Es decir, se podrían salvar vidas si se pusieran en marcha los procedimientos adecuados para garantizar el acceso al aborto terapéutico.

Lamentablemente estas muertes, el dolor de estas mujeres y sus familias parecen no importarles a las congresistas de Fuerza Popular Arimborgo y Salazar, que han presentado un proyecto de Ley para impedir el acceso al aborto terapéutico. Increíblemente, su proyecto no incluye referencias, ni mucho menos, un análisis de cuantas mujeres podrían morir, o quedar con serias secuelas de salud, como consecuencia de la aplicación de tal iniciativa legislativa.

Las congresistas Arimborgo y Salazar omiten caprichosamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que los derechos no son absolutos, que se debe ponderar el derecho de las gestantes con el del concebido, y que es esta ponderación, la que permite legalizar el aborto, aun en países como el Perú, que reconoce los derechos del concebido.

Además, estas congresistas de Fuerza Popular, no mencionan que su proyecto de ley viola el principio de cumplimiento progresivo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales - DESC que exige que los Estados adopten las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los DESC.  El principio de no regresividad “prohíbe adoptar políticas y medidas que empeoren la situación de los DESC “.5  Este principio ha sido ampliamente reconocido por el sistema interamericano de derechos humanos.5  No se puede hacer leyes que hagan a los países retroceder en derechos ya adquiridos. Recortar el derecho al aborto terapéutico, ignorando que al hacerlo se sentencia a la muerte a muchas mujeres no sólo es cruel, va en contra de los compromisos internacionales adquiridos por el Perú.

 

Referencias.

1.            Gil F. Situación Epidemiológica de la muerte materna en el Perú. 2018.

2.            Ministerio de Salud - Dirección General de Epidemiología. Boletín Epidemiológico 4. 2017.

3.            Ministerio de Salud. La Mortalidad Materna en el Perú. 2002 - 2011. Lima: Ministerio de Salud, 2013.

4.            ForoSalud. Vigilancia Ciudadana en Salud: Aplicación del Protocolo de Aborto Terapéutico en establecimientos públicos de salud a nivel nacional  2018.

5.            Cabrera O, Reingold RB. De la teoría a la práctica. La aplicabilidad del principio de no regresividad para proteger avances  en la liberalización del aborto. In: Bergallo P, Jaramillo IC, Vaggione JM, eds. El aborto en América LatinaEstrategias jurídicas para luchar por su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras. Buenos Aires: Siglo 21; 2018.