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Una publicación de la asociación SER

El doble movimiento

Minería informal y economía liberalizada. 

Desde diciembre del año pasado – a raíz del debate De Soto/Pulgar Vidal- se ha iniciado un nuevo episodio en las discusiones sobre las soluciones de política que se necesitan para abordar las cuestiones  de la minería informal e ilegal; uno de los problemas más complejos que le ha tocado enfrentar a nuestro país en los últimos 15 años. A este debate se han sumado otros expertos en el tema, pero, de todos los análisis, he extrañado la dimensión histórica, institucional y de economía política que explica en gran parte la dificultad que tenemos para entender y resolver este problema. La ausencia de esta dimensión hace que nos centremos en los hechos anecdóticos, que personalicemos los debates, y que finalmente nos quedemos viendo cómo se cae el árbol, sin que veamos el bosque entero que aún queda por proteger. 

Con cargo a desarrollar esta hipótesis en mayor extensión, en este artículo quiero vincular dos procesos de economía política de largo alcance, cuyo choque –sostengo- ha creado las condiciones propicias para la explosión de minería informal en los últimos 15 años: por un lado los procesos de liberalización de la economía peruana  y por otro la reacción de distintos actores sociales frente a dichos procesos. Esta hipótesis sostiene que el crecimiento descontrolado de minería informal e ilegal, a inicios de la década pasada, tiene en su base un proceso nacional –interno- de tensión entre actores socioeconómicos frente a políticas de estado de liberalización de la economía, que desde los 90 hacían un énfasis en la reducción del Estado para dar paso a una especie de orden espontaneo, creado por las fuerzas del mercado.

Siguiendo la propuesta de Polanyi, respecto de los procesos de desregulación y regulación de lo económico respecto de contextos sociales mayores (el doble movimiento), sostengo que los procesos de liberalización de la economía de la década del 90 (y de dejar que esta opere “sin mayores intervenciones”), generaron – en el caso de la minería informal- procesos de resistencia de actores socio-económicos afectados por estas medidas. Entre mediados de los 90 y principios de la década del 2002 (cuando sale la Ley de Formalización de la minería artesanal), se dio desde lo social -asociaciones de pequeños mineros- una tensión con el Estado para que las reformas económicas emprendidas por el gobierno de Fujimori no se desvinculen de -o tomen en cuenta- las condiciones sociales especiales de estos productores. En otras palabras, las políticas de liberalización de la economía de los 90, generaron una respuesta -o doble movimiento- desde algunos segmentos de la sociedad para que la liberalización no sea completa. Se crearon entonces regímenes especiales, como el de la pequeña minería. Para el 2002, los pequeños mineros contaban con un marco normativo que, en el papel, les otorgaba protección especial para que su actividad pueda ser desarrollada de manera sostenible. 

El problema es que el reconocimiento de esta condición especial quedó en el papel. En la práctica, entre el 2002 y el 2009, el Estado ejerció una política de facto de “dejar hacer y dejar pasar”, que en resumen ha significado: un apoyo casi nulo a pequeños mineros y mineros artesanales (cero apoyo en financiamiento, cero apoyo en comercialización, cero apoyo en transferencia tecnológica) y un “hacerse de la vista gorda” frente a los problemas que el “orden espontaneo” de facto de la minería informal generaba en regiones como Puno y Madre de Dios. En estas condiciones, las asimetrías entre actores vinculados a la minería informal se potenciaban y propiciaban el crecimiento de algunos pocos pequeños mineros a costa de una masa laboral, conformada por trabajadores y asociaciones de mineros –realmente- artesanales, desprovistos de cualquier protección real por parte del Estado. Además, en este contexto de “ley del más fuerte” se potenciaban las condiciones para extraer de la naturaleza la mayor cantidad de oro posible y a como diera lugar. Finalmente las propias organizaciones de mineros fueron cooptadas por “pequeños mineros” -no tan pequeños- que, con más recursos que el resto, utilizaban estas plataformas de organización gremial para perseguir sus propios intereses y beneficiarse de este régimen especial.    

El caos producido por este” orden espontaneo de facto” - Guacamayo en Madre de Dios- generó el conjunto de respuestas que hemos visto desde algunos sectores del Estado, desde el 2009. Con el péndulo tratando de regular, por segunda vez, el desmadre de regiones como Madre de Dios, se generaron un conjunto de políticas que, se han caracterizado por ser más verticales. Nadie dice que los procesos de re-regulación de lo económico desde lo social, son necesariamente democráticos y Polanyi lo tenía claro cuando advertía de las consecuencias políticas de procesos de re-regulación de lo económico desde lo social en la Europa de la segunda guerra mundial. En términos generales, dicha verticalidad ha sido una característica de los procesos de formalización iniciados desde el 2009. Esta verticalidad se ha acentuado con el gobierno de Humala y necesita ser revisada si queremos tener una política de formalización que se nutra de la visión de todos los actores involucrados en esta problemática. No se trata entonces de flexibilizar (ergo, liberalizar) como propone implícitamente De Soto, sino más bien de hacer política pública que genere procesos de regulación, transparentes, democráticos y efectivos.