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Una publicación de la asociación SER

El monólogo minero

“Contra la leyenda, la minería tiene corazón”, afirmó Mercedes Aráoz, jefa del Gabinete, el 22 de setiembre en la clausura de Perumin. Con esta afirmación se soslayaban los numerosos conflictos sociales generados por las políticas coloniales de la minería en el país. El Estado defiende estas políticas en nombre de un desarrollo que solo agudiza las jerarquías sociales, que continúa racializando espacios y violentando cuerpos. Este es el rostro que no se pronuncia en los discursos estatales. El monólogo hegemónico comienza entonces diciendo: “El Perú es un país minero”. Por supuesto, esta afirmación hay que historizarla. No es lo mismo el modus operandi de la minería en los años de textos como El tungsteno (1951) de César Vallejo o Redoble por Rancas (1970) de Manuel Scorza. Actualmente se habla, como lo hizo Aráoz, de “una explotación sustentable y socialmente amigable”. Nuevamente este discurso nacional vuelve a aminorar, a invisibilizar factores o colectivos que no necesariamente niegan la minería pero que sí problematizan su hegemonía.

El 26 de octubre Roque Benavides recibió el título de Doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Similar distinción se la ofreció también la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en Cajamarca el último 8 de noviembre. En ambos casos se legitimaba no solo a un individuo sino a una ideología. En aquella oportunidad, Benavides incidió en el discurso de desarrollo minero con frases como “Cajamarca necesita de más inversión y hay que buscar las distintas oportunidades”, o apelando al argumento de cómo la minera incrementa el empleo en la región: “en el momento que fue paralizado Conga había 6 mil cajamarquinos trabajando”. Es innegable el despliegue de beneficios económicos generados por la minería, pero este no es el único punto a considerar cuando se trata de entender la política minera en el país. Y en este punto reincide el gran problema de estas empresas como Buenaventura y proyectos como Conga o Michiquillay: en el monologo, en la imposibilidad multivocal, en la incapacidad para un diálogo más allá de la burocracia y los informes cuantitativos o técnicos.

Pero la crítica no debe solo dirigirse a inversión privada minera, sino a las formas en que el Estado apaña y protege los ecocidios, las injusticias sociales, y a la vez actúa como un defensor represivo cada vez que adviene un conflicto social. En este punto ya no se trata solo de plantear un cuestionamiento a modelos económicos neoliberales, sino criticar de raíz la base del estado-nación, anclado en una racionalidad colonial que reduce toda heterogeneidad local/campesina/indígena a códigos de consumo cultural. En este punto, las concesiones del Estado se legitiman por la legislación, de acuerdo a lo cual la Nación es propietaria de territorios indígenas.

Considerando este aspecto incluso medidas como la consulta previa resultan formas de imponer la hegemonía nacional por encima de cualquier derecho de soberanía o auto-determinación local. Anthony Bebbington ha señalado que las industrias extractivas han generado nuevas geografías en las zonas donde la minería ha desarrollado sus proyectos. En este punto, nuevamente no puede ignorarse la influencia económica en el desarrollo de economías rurales, pero no puede tampoco negarse que esa nueva geografía está marcada por la producción de injusticias sociales, migraciones forzadas, ecocidios y también resistencias.

En este sentido cuando se afirma que Perú tiene un corazón minero se repite ese monólogo del desarrollo neoliberal, ese discurso que abanderan tanto el Estado como el extractivismo. Un monólogo de este tipo invisibiliza la historia de violencia colonial minera, soslaya las estrategias locales de sobrevivencia, y reitera la continuidad de políticas económicas implantada por el fujimorismo. Y en este punto las diferencias son mínimas entre la sucesión de gobiernos ya que ha persistido la misma ansiedad de desarrollo desde Fujimori hasta PPK. Un desarrollo que a cambio de ofrecer ciertos beneficios a las regiones donde operan las mineras, persiste en su proceder eurocéntrico, en el ego conquiro de cada compra-venta y explotación de tierras, de ecosistemas, y en el detrimento de sistemas de política y conocimiento basados en la relación con el territorio. Ahora, siguiendo a Jeff Bury este artículo no quiere esencializar o satanizar al sector minero, pero sí cuestionar y desafiar su solipsismo, su monólogo desarrollista que traduce toda la problemática de la tierra en términos de explotación e incremento económico. Esto impide analizar la política minera desde otros ángulos, como el ambientalismo, las ontologías indígenas o las posibilidades post-desarrollo desde las propias voces locales.