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Una publicación de la asociación SER
Antropóloga, docente de la UNMSM

El recuento de los daños

De los impactos ambientales que existen en el país tenemos muchas noticias, pero conocemos poco sobre cómo están afectando las vidas de quienes habitan estos territorios. Esta realidad tenemos que verla como algo que no podremos soportar más, ríos contaminados, pueblos inundados, escasez o falta de agua, tierras dañadas y sin producción, animales muertos, personas con tóxicos en la sangre, bosques talados, invasión, desplazamiento, desnutrición y enfermedades crónicas, abandono, represión, delincuencia y corrupción.

En julio de 2018 el viceministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, dio a conocer que existen 8,000 pasivos ambientales de la minería y 3,500 en hidrocarburos, entre los que se consideran casos de contaminación del ambiente y de las personas. Agregó: “si queremos generar una minería ambientalmente sostenible y responsable tenemos que trabajar fuertemente en los pasivos ambientales”, y enfatizó la predisposición del gobierno para implementar reglas claras, leyes modernas y ágiles que permitan atraer inversión, sin descuidar los temas sociales y ambientales. La pregunta es qué pasó con el Estado ¿Por qué su institucionalidad no sirvió para prevenir, reparar y remediar estos impactos? y ¿cómo busca seguir expandiendo las inversiones sin solucionar estos problemas?

Hace poco también se denunciaron un total de 25,000 delitos ambientales que comprenden tala ilegal, instalación de hidrovías con oposición de los pueblos indígenas, y el acceso a recursos naturales en zonas protegidas o de reserva, o de cultivos ilícitos. Estas cifras cuando se hacen carne en la salud y medioambiente de los pueblos y comunidades nos hablan de un gran problema de falta de valoración del ambiente y la naturaleza en el país, opuesto a cualquier visión de desarrollo y la necesidad de productividad y competitividad. Nos dicen que el presupuesto para la remediación ha aumentado diez veces, nos preguntamos ¿estas medidas serán suficientes para remediar los problemas ambientales del país? 

La semana que pasó dos acontecimientos dieron cuenta de la magnitud del problema y de la falta de atención a los impactos de la minería. En el distrito de Hualgayoc en la provincia de Bambamarca en Cajamarca la situación luego de más de dos años y medio de la declaratoria de emergencia ambiental se desbordó con el cuestionamiento directo de los líderes, lideresas y autoridades locales. El estudio del “Inventario, Diagnóstico, y Priorización de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en la cuenca del río Llaucano de la provincia de Hualgayoc”, ha identificado más de 1,250 labores mineras entre depósitos de relaves, pilas de desmontes, bocaminas, etc. agrupadas en 8 microcuencas. El costo total estimado de su remediación es de US $ 25 mil millones. Los Pasivos Ambientales Mineros Prioritarios, de acuerdo a su alto riesgo de contaminación e inestabilidad física, son 231 (15%), su remediación tiene un costo de US$ 21´ 145 768[1].

Las organizaciones han demandado la presencia de una alta comisión que haga efectivo un plan de acción que con urgencia se ponga a trabajar en la remediación. El ministro de Energía y Minas César Ísmodes se comprometió a visitar los trabajos de remediación en la zona de la Tahona. Sin embargo, las organizaciones provinciales de los tres distritos (Chugur, Hualgayoc y Bambamarca) han exigido solución y compensación por los impactos de la contaminación de las empresas GolFields, Yanacocha, Coimolache y San Nicolás en la cuenca y han acordado iniciar una huelga el día en que escribo esta columna[2], porque no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades. Un nuevo conflicto desbordado frente al cual el gobierno no tiene una respuesta definitiva.   

Otra muestra de la trayectoria de un Estado inoperante en cuanto a impactos ambientales es la demanda de la comunidad de Fuerabamba reubicada, por el transporte de minerales en una vía que atraviesa el Fundo Yavi Yavi, donde poseen terrenos agrícolas. La semana pasada fracasó un intento de una mesa de negociación propuesta en Tambobamba con la participación del Estado, la empresa MMG y los miembros de la organización comunal. En este caso desde el cambio del EIA se ha convertido en un potencial de conflicto social. Sin embargo, esta situación responde a la falta de los organismos estatales al omitir “las medidas de supervisión y fiscalización de toda carretera que se encuentre en ejecución en el marco del proyecto minero Las Bambas”, tal como lo determinó la Defensoría del Pueblo[3], y por el peruanísimo “peloteo” entre el Ministerio de Energía y Minas, la OEFA y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para argumentar que no era su competencia la fiscalización ambiental del transporte de minerales. En este caso se cometieron una serie de irregularidades que el Estado no ha subsanado. Es por ello que una posible mesa de diálogo para la negociación fue cancelada por los miembros de la comunidad cuando se cambió el lugar de Nueva Fuerabamba a Apurímac, quedando nuevamente sin solución. En la actualidad con estado de emergencia en la zona y una injustificada militarización no existen condiciones adecuadas de diálogo. Tampoco el gobierno es capaz de brindar las condiciones necesarias para la negociación.

Sin horizonte de solución, intentos fallidos del gobierno en cuanto a corregir faltas y omisiones de los diferentes organismos y sectores del Estado en cuanto a la falta de cumplimiento de la reglamentación, se agota el diálogo. Además, no hay condiciones locales, y nuevamente reluce la falta institucionalidad y de confianza. ¿Podrá el gobierno enfrentar la situación de conflictividad que generan estos daños ambientales? Si no se toman medidas para el diálogo y acuerdos concretos con la población, esta situación podría ser causa de desestabilización del gobierno. Veremos cuáles son las propuestas de solución y las posibilidades de resolución en las próximas semanas.

Foto: Diario Gestión 

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[1] Julia Justo Gestión de Pasivos Ambientales Mineros FONAM

[2]Ronald Ordoñez Noticias SER Organizaciones acuerdan paro indefinido en Hualgayoc contra la contaminación minera 16/01/19

[3]Leonidas Wiener Ramos, Gobernanza y gobernabilidad El caso Las Bambas. Lima: CooperAccion. p.104. 2018.