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Una publicación de la asociación SER

El Sur Andino: la nueva cenicienta del país

Según el Ministerio de Energía y Minas,  el sur concentra la mitad de la cartera de proyectos mineros en el país. Los departamentos de Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna concentran 24 proyectos mineros que significan un promedio de 25,047 millones de dólares de inversión.  Aunque algunos de estos proyectos aún no han iniciado la etapa de explotación, los pocos que ya se encuentran en producción  ya han reportado grandes ganancias económicas que contribuyen al crecimiento económico.  Conforme al INEI, Apurímac aportó por el impulso del subsector minero, 23.6% al crecimiento de la economía del Perú en el 2017 (2.5% al PBI), debido al aumento de la extracción de cobre de la mina Las Bambas y la extracción de oro y plata de la mina Anabi.

Suena a una excelente noticia, de no ser porque paradójicamente, a la vez que en el 2017 se exhibían estas importantes cifras, el propio INEI reportaba que la pobreza en el Perú había crecido a 21,7%, y en el caso de las zonas de la sierra rural, donde se ubican los proyectos mineros mencionados, las más golpeadas, con un 48,1% de pobres.  Sorprendentemente,  es el Cusco rural, donde más habría crecido estas cifras de pobreza. Pero no solo es la paradoja del crecimiento económico versus pobreza lo que genera el resquemor, sino todos los costos que estas poblaciones tienen que soportar para lograr el ansiado crecimiento que a ellos mismos, les es ajeno.

La población del sur, a diferencia de la del norte, ha sido bastante concesiva con la actividad minera, no ha ejercido oposición frente a los proyectos más importantes, han dejado que se desarrollen, han llegado a tener diálogos con las empresas y, de buena fe, aceptaron acuerdos y ofrecimientos que luego, en su gran mayoría, no fueron cumplidos. Sus legítimos reclamos frente a la actitud irresponsable tanto de las empresas como del gobierno, así como sus quejas por el impacto que la minería genera en sus territorios, dio paso a la represión brutal.  Cinco muertos en conflictos sociales, decenas de heridos, más de medio centenar de líderes perseguidos y criminalizados, además de tener que soportar mecanismos restrictivos de sus derechos, como la imposición de Estados de Emergencia.

Hace solo unos días, el gobierno ha decidido no renovar el estado de excepción en varias poblaciones de estas zonas, después de casi diez meses; sí, diez meses de estar militarizados, con varios derechos suspendidos, prohibidos de reclamar frente a los abusos de las empresas,  solo con el fin de dar facilidades a las mineras que están en la zona, para circular libremente las 24 horas del día con su carga pesada y vehículos, generando polvos, ruidos, contaminación, dañando los cultivos de pan llevar de la población.

Se inicia una tregua, pero no sabemos cuanto dure, porque estos mecanismos represivos se han vuelto el garrote para estas poblaciones, cuando de reclamar sus derechos frente a las empresas se trata. Crecimiento económico versus vulneración de derechos, esa es la disyuntiva que toca resolver, porque ningún índice de la economía de un país es suficiente justificación para atentar contra la vida y la dignidad de un ser humano.

Al escribir de escribir esta columna me entero que el 16 de marzo del 2018 mediante la Resolución N° 042-2018-INGEMMET, se otorgó en concesión a la empresa Red Beds, la totalidad del área de la Montaña de Siete Colores ubicada en Cusco; su explotación entonces es posible. La vida de las poblaciones, lo territorios, los espacios naturales valiosos, todo a nombre de un crecimiento del que la población más pobre no se beneficia.