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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Estado de Derecho y Acuerdo Nacional

El cierre del Congreso decretado por el Presidente de la República en el Perú, han merecido el respaldo mayoritario de la población a la par que una división de opiniones entre intereses diversos y encontrados respecto al futuro del país. Temas como la pertinencia de una nueva Asamblea Constituyente, el impulso a una profunda reforma política del Estado, la renovación de la desprestigiada y mediocre representación política, la lucha más seria y contundente contra la corrupción, vicio que corroe la mayoría de instituciones a todo nivel, constituyen preocupaciones centrales que encuentran resistencias en quienes se benefician del actual modelo económico neoliberal, de la corrupción generalizada, de la ausencia de institucionalidad política y ciudadana, y del anodino y vergonzoso ambiente en el que operan la mayoría de actores políticos.

El “Estado de Derecho” ha sido invocado frecuentemente para asumir una u otra medida política, con enfoques muy diversos en función de los intereses existentes. En cualquier caso, las grandes mayorías no han sido las más beneficiadas en estas tensiones, y sus movilizaciones u otras acciones de demandas no han devenido en mejoras sustanciales en su calidad de vida ni en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La consigna de las últimas semanas: “Nosotros los pusimos, nosotros los sacamos”, expresa con relativa claridad el reconocimiento de los errores de la población al elegir malos candidatos, y a la vez el deseo de prescindir de ellos de una vez por todas, Sin embargo no es suficiente este aprendizaje social para salir de la crisis de gobernabilidad. Si bien un aspecto importante está referido a superar las limitaciones de las organizaciones políticas y de las personas que las representan, otro gran tema a encarar es como vamos a generar y sustentar ese Estado de Derecho que debería ser cabalmente respetado por los hombres y mujeres de este país y sobre el cual se erijan sus instituciones, ya sean públicas, privadas o de la sociedad civil.

Según las Naciones Unidas el Estado de Derecho se define como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal». Asimismo se señala que el Estado de Derecho vincula intersectorialmente tres pilares internacionales: la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo.

Desde ese enfoque no es posible percibir un Estado de Derecho sin la existencia de Políticas Nacionales de Estado, bajo cuyo alineamiento se generen las políticas públicas, las normas, las inversiones, las dinámicas cotidianas de los actores políticos, sociales, económicos. Se podría afirmar que las reformas políticas no debieran estar desvinculadas de la construcción consensuada de una visión de país, hacia la cual apostemos la gran mayoría de peruanos y peruanas. ¿Qué es lo que más tenemos cercanamente para construir condiciones hacia ese desafío? Las Políticas del Acuerdo Nacional, instrumento que nació en el año 2002, justamente con el propósito de superar la crisis generada por el nefasto gobierno fujimorista, a partir de 29 políticas nacionales (luego incrementadas a 34), consensuadas por las diversas organizaciones e instituciones representativas del país, con el compromiso de asumirlas y respetarlas en el marco de la celebración del bicentenario (2021). Los grandes objetivos acordados en esas políticas fueron: Democracia y Estado de Derecho; Equidad y Justicia Social; Competitividad del País; y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

Ya han pasado 17 años de ese hito histórico. Poco se ha avanzado al respecto. Ni siquiera los mismos encargados de crear las leyes y darle cumplimiento han sido capaces de poner al Acuerdo Nacional por delante y como marco orientador. Igualmente, la mayoría de autoridades pareciera no conocer dichas políticas, ni están presente en los planes de desarrollo territorial, regional o local. Sin embargo, coincidentemente tenemos ahora otra crisis política generada por el fujimorismo el cual tuvo la capacidad de persistir y seguir afectando la vida democrática del país, ante la complicidad, pasividad e insuficiente voluntad de los sucesivos gobiernos, para hacer del Acuerdo Nacional el principal instrumento de orientación del quehacer del Perú como nación.

Se presenta ahora una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera diferente con todas las limitaciones que de hecho existen. Volver a desperdiciar estos meses de transición política devendrá en escenarios iguales a los que se pretende superar. El actual gobierno nacional, luego del cierre del Congreso, debiera dar ejemplos de renovación, promoviendo y profundizando las reformas políticas alineadas al Acuerdo Nacional, el mismo que debiera ser ampliamente difundido y retomado como sustento de los nuevos decretos legislativos que emita el Ejecutivo.

La propuesta de una Asamblea Constituyente para elaborar otra Carta Magna, si se logra plasmar, también debiera considerar como punto de partida el contenido de las Políticas Nacionales del Acuerdo Nacional, ahora replanteadas como objetivos al año 2050, según el CEPLAN. La sociedad organizada debiera ser capaz de movilizarse, acompañar y presionar para lograr alcanzar estos desafíos, superando actuaciones cortoplacistas y mostrando una mayor capacidad de propuesta e incidencia.