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Una publicación de la asociación SER
Abogada y activista feminista, especialista en género

¡Esterilizaciones Forzadas! ¡Nunca Más!

Después de más de 20 años, se logra un paso importantísimo en el caso de Esterilizaciones Forzadas, Alberto Fujimori y sus ministros Costa Bauer, Aguinaga, Yong Motta y otros, por fin  son denunciados ante el Primer Juzgado Penal Nacional como autores mediatos de un crimen que fue parte de una política de Estado para esterilizar a miles de mujeres campesinas, indígenas, quechua hablantes, amazónicas, “en un contexto de grave violación de derechos humanos”, como señala la Fiscalía.

Fue en el segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995 – 2000), que se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF); como política de Estado,  que priorizó la ligadura de trompas como método anticonceptivo, tanto es así que el personal de salud tenía que cumplir con metas de intervenciones realizadas, por lo que llevaron a cabo una serie de acciones para lograrlas como los “festivales de ligaduras de trompas”, llevando a las mujeres a la fuerza y bajo amenazas para realizárselas, encerrándolas con engaños, haciendo firmar consentimientos a sus parejas a cambio de víveres o realizándolas al momento del parto, con tratos crueles e inhumanos y en condiciones precarias e insalubres.

Las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas de Anta- Cusco fueron las primeras en alzar su voz y denunciar estos graves hechos. La abogada Guilia Tamayo,  quien conoció de cerca estos casos, señaló que las mujeres no fueron tratadas como sujetos, sino como úteros sujetos a control, con el fin de acabar con la pobreza, mediante el control de la natalidad.

El caso de Mamerita Mestanza, mujer campesina que murió producto de la intervención de esterilización, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que llevó al Estado peruano a resolver el caso mediante una solución amistosa, comprometiéndose a reparar a todas las víctimas de este crimen y judicializar los casos.

Pasaron décadas y las más de 2074 denuncias en fiscalía fueron archivadas una y otra vez, eximiendo de responsabilidades a Fujimori y sus ex ministros. Fue recién en el año 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, que se creó el REVIESFO, Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, lo que ha permitido, junto a otras investigaciones como la de Alejandra Ballón, dar cuenta del alcance de esta política de terror que llego a los rincones más alejados de nuestro país, por ejemplo a la Amazonia, en lugares donde hasta la fecha ni siquiera existen postas médicas, pero a las que si llegó el personal de salud para realizar las esterilizaciones forzadas.

Organizaciones como DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, han dado acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas, durante años. Justamente a principios del mes de octubre se expuso en una Audiencia Temática de la CIDH, las deficiencias del caso y el incumplimiento de las obligaciones del Estado  peruano, lo que llevó a que la propia Presidenta de la CIDH, Margarette May señalara que “Fujimori lideró a perpetradores de esterilizaciones forzadas y debe ser castigado”-


Durante todos estos años las mujeres que sufrieron las esterilizaciones forzadas y cientos de activistas se han manifestado en las calles,  todas juntas, exigiendo justicia y reparación.

Ahora que por fin se puede ver un avance, esperemos que prontamente todas las mujeres cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados puedan lograr dignidad, justicia y una reparación integral y esperemos que cuando exista la sanción correspondiente, muchas personas dejen de creer que fue un mito o simples “errores”; y que nunca olvidemos que las esterilizaciones forzadas son un crimen de lesa humanidad.
 

¡Esterilizaciones Forzadas!
¡Nunca más!