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Una publicación de la asociación SER

Formalización minera

La minería ilegal e informal en Puno se ha convertido en un problema de gran magnitud, cuya primera consecuencia verificable es la contaminación de las aguas de la cuenca del río Ramis. Esto afecta severamente al sector agropecuario, lo que pone en grave riesgo los medios de producción y la calidad de vida de la población que vive en la zona.

Como se recordará, el año 2012 el Gobierno Nacional emitió una serie de normas para la formalización de mineros informales y la interdicción de los ilegales. Han transcurrido más de 18 meses y hay muy pocos avances al respecto.

En el Perú las competencias para el control y la regulación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (PMyMA) son responsabilidad de los gobiernos regionales. Pero vemos con preocupación que ésta instancia ha sido rebasada por su magnitud en Puno, que supera de lejos lo estipulado por las normas. Utilizan maquinaria pesada y la remoción de tierra de los que trabajan las 24 horas del día supera largamente lo estipulado por las normas legales. 

En este contexto, la pretendida formalización corre el riesgo de no lograr su objetivo porque en la práctica se trata de mediana minería informal que opera incumpliendo la legislación y reglamentos y encima busca su formalización, situación que merece una exhaustiva revisión.

Por otra parte, algo extraño ocurre con las concesiones mineras concedidas por el Estado. Los titulares no realizan ningún trabajo de exploración con vías a explotación, ni mucho menos se preocupan de su invasión por terceros, facilitando el desarrollo de la minería informal e ilegal a gran escala. Esta situación debe corregirse porque la forma en que los titulares manejan sus concesiones se presta a la especulación y acaparamiento del subsuelo que ha generado desorden, incumplimiento de las normas, una contaminación cada vez más alarmante y conflictos con la población local.
 

Publicado en la revista Cabildo Abierto N° 72 (Diciembre 2013).