Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Fujimori, por la puerta falsa

Sí, la puerta falsa es la que ayer creó la facción fujimorista del Congreso de la República mediante ley, para dar libertad no solo a su principal líder, Alberto Fujimori, sino a todo un grupo de personajes ligados a su nefasta política desplegada en los años 90.  Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Julio Salazar Monroe, sentenciados por crímenes de lesa humanidad, por haber dirigido escuadrones que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de peruanos, hoy estarían como candidatos calificados para salir bajo esta espúrea norma concebida en los márgenes de la ilegalidad.

Veamos, la ley aprobada por Fuerza Popular, que en su esencia determina la excarcelación de los reos, varones mayores de 75 años y mujeres de 65 a más, que hayan cumplido con un tercio de la pena y que tengan enfermedades crónicas, a todas luces es una ley pensada en función a los intereses de una persona específica: Alberto Fujimori.

En ese orden, es una ley que sustancialmente tiene evidentes visos de inconstitucional, modifica indebidamente otras normas y contraviene el Derecho internacional de los derechos humanos, pero además, en lo formal puede exhibir una serie de irregularidades que se generaron para su aprobación.

El artículo 103 de la Constitución establece que pueden existir leyes especiales cuando la naturaleza de las cosas así lo exija, pero nunca en razón de las diferencias de las personas, es decir, la ley prohíbe legislar para casos específicos que beneficien a sujetos en particular.  Esto sería entonces un claro ejemplo de aquello que la ley prohíbe, y que pese a ser una norma que beneficia a adultos mayores recluidos para el cumplimiento humanitario de su pena, el contexto, las especificidades y los requisitos son pruebas suficientes de que es una ley con nombre propio.

Por otro lado, la ley está creando una figura legal que no constituye un arresto domiciliario propiamente, pues es una modalidad que supone un arresto en domicilio pero con posibilidad de movilidad del reo cuando así esto lo requiera, para lo cual solo tendrá que solicitar el permiso del INPE. Esto en concreto significaría la creación de una nueva modalidad o cuando menos la modificación del arresto domiciliario prevista en el Código de Ejecución penal.

Otro asunto que se cuestiona es esta ley termina rebajando en cinco años los actuales estándares para acogerse a un beneficio penitenciario, así se contempla que los presos solo deberán haber cumplido el tercio de la pena y estarían expeditos para entrar en este nuevo régimen.

Actualmente el 40% de las personas que están en la cárcel tienen prisión preventiva, es decir todavía está pendiente la realización de su juicio, y más del 10% de las mismas sobrepasan los 65 años ¿Qué ocurrirá con estos casos? ¿ la prisión preventiva pierde sus efectos?

Por último, en la práctica esta ley anula la efectividad de una sentencia del Poder Judicial.  Ello confirma la inconstitucionalidad de la misma pues el Congreso no puede, sin causa justificada, anular resoluciones de otro órgano como es el Poder Judicial.  Por ello, muchos opinan que esta norma sería una amnistía encubierta, la cual están prohibida para sentenciados en casos de violaciones de derechos humanos y para graves crímenes, como es el caso de Alberto Fujimori.

En lo formal, la tramitación y aprobación de la ley contiene muchas irregularidades: no fue sustentada por un integrante de la comisión parlamentaria de Justicia y el documento de la junta directiva que exoneraba la ley de pasar por comisión tiene la firma del portavoz de APP Richard Acuña, quien se encontraba de licencia y fuera de Lima.

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en varias oportunidades especificando que un límite infranqueable para los Estados democráticos, es el respeto por los derechos humanos, lo cual debe tenerse en cuenta incluso en lo decidido por sus instancias de poder.  Esta norma cruzaría este límite al primar el enfoque de beneficio para sentenciados por graves crímenes, antes que el derecho de las víctimas. Lo que se pretende es otorgar un beneficio indebido a un reo sentenciado por crímenes muy graves y que además nunca pagó la reparación civil.

Si bien el texto excluye de estos beneficios a los condenados por terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y organización criminal, esta puerta queda abierta para homicidas, secuestradores, líderes de bandas que se dedican al robo.  Cuidado, la puerta falsa para liberar a Fujimori pone en serio peligro a toda la sociedad.