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Una publicación de la asociación SER

Humala y la minería informal

El 28 de julio del 2012, el presidente Ollanta Humala mencionó en su discurso a la Nación –por primera vez y con optimismo– que el gobierno central venía trabajando con los gobiernos regionales en el proceso de formalización de la minería informal, dentro de cuyo marco habían “empezado a formalizarse alrededor de 20 mil mineros artesanales”.

En julio del 2013, Humala volvió a reafirmar la voluntad del gobierno “de continuar con el proceso de formalización de los pequeños mineros artesanales, con una perspectiva de inclusión social”. Al mismo tiempo, anunció la lucha frontal contra la minería ilegal, mediante la intensificación de las interdicciones.

Un año después, el mensaje del mandatario se centró solamente en la lucha contra la minería ilegal y anunció el incremento de la flota de helicópteros y aviones, para continuar con las operaciones de interdicción. Asimismo, Humala informó –con tono triunfalista y alejado de la realidad– que se había “logrado erradicar el 70% de esta actividad ilegal en Madre de Dios, y el 90% en la zona de la cuenca alta de los ríos Ramis y Suches, en Puno”. Del proceso de formalización no dijo ni una sola palabra, aun cuando sólo tres meses antes se habían cumplido los dos años de plazo que el propio gobierno había establecido para tal fin.

Esta omisión era comprensible, habida cuenta de los nulos resultados de la política de formalización. La prioridad política que tuvo el tema, los paquetes normativos aprobados, la creación de oficinas y áreas especializadas en diferentes sectores y, sobre todo, las víctimas mortales que trajeron los diferentes conflictos sociales no fueron suficientes para que la maquinaria estatal pudiera actuar de manera efectiva.

Hasta abril del 2014, de los 77,723 mineros que acudieron a las oficinas estatales para declarar su compromiso de formalizarse y seguir las seis etapas del proceso, sólo siete obtuvieron la autorización para realizar operaciones; es decir, un diminuto 0.01%[1].

A la fecha, de acuerdo a algunos ex funcionarios de las áreas encargadas en la Presidencia del Consejo de Ministros, serían 15 los procesos de formalización culminados, una cantidad igual de ínfima que la de hace un año atrás.

Las cifras son claras en mostrar el descomunal fracaso técnico y político del gobierno. Lejos de corregir este problema, durante el último año no se ha hecho ningún esfuerzo serio para revertir la situación. Es más, pareciera que algunos altos funcionarios consideran que su tarea debe limitarse a responder las críticas interesadas de Hernando de Soto – el nuevo aliado de los mineros informales e ilegales–, en lugar de evitar que se continúen generando los graves impactos sociales y ambientales que vemos en todas las regiones del país.

La formalización de la minería informal y la lucha contra la minería ilegal no pueden reducirse a brindar declaraciones a los medios, asumiendo poses de indignación, sino que es necesario destinar mayores recursos a los gobiernos regionales para que cumplan con los procedimientos administrativos fijados por el gobierno nacional, revisar los plazos y requisitos solicitados y brindar asistencia técnica permanente a los mineros que tengan intención de actuar conforme a ley.

Asimismo, debe llevarse a cabo la revisión del marco legal de las concesiones mineras, ya que uno de los principales cuellos de botella es la existencia de decenas de miles de derechos otorgados a favor de personas naturales y jurídicas. Actualmente se pueden mantener las concesiones mineras casi de manera perpetua, sin que sea necesario realizar una inversión minera razonable, lo que da pie al acaparamiento y la especulación, afectándose los derechos de propiedad sobre la tierra, los derechos sobre otros recursos naturales, debido a la superposición, y, sobre todo, se impide al Estado ordenar las actividades que deben realizarse sobre el territorio. En tal sentido, es urgente establecer obligaciones concretas de inversión para quienes solicitan el otorgamiento de concesiones mineras, fijar nuevas causales de caducidad y determinar criterios que permitan resolver los problemas de superposición de derechos.

Por otro lado, debe analizarse la pertinencia de modificar las categorías de minería artesanal y pequeña minería, ya que los hechos demuestran que el desarrollo de la minería informal es producto de operaciones de una envergadura económica y productiva cada vez mayor. Un claro ejemplo de ello es el referido al financiamiento de las operaciones por parte de grandes corporaciones, como lo ha reportado un informe reciente de Ojo Público[2].

Junto a estas medidas, corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, al ministerio de Energía y Minas y al ministerio del Ambiente rendir cuentas con transparencia sobre las acciones realizadas. Hasta el momento, no existe un informe del gobierno sobre la implementación de la política de formalización, y de no ser por los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, no se contaría con datos oficiales sobre este asunto de vital importancia.

En dos semanas más, Ollanta Humala dará un nuevo discurso presidencial. Ojalá que esta vez decida actuar con responsabilidad y cumpla con su deber de proteger los derechos de los millones de peruanos y peruanas que sufren los estragos de una minería que arrasa con todo lo que encuentra a su paso.


[1] El detalle de las cifras se encuentra en el siguiente cuadro.

Balance general cuantitativo del proceso de formalización (abril 2012- abril 2014)

 

Etapa

Requisito

Acción del sujeto de formalización

Acción de la administración

Primera etapa

Declaración de compromisos

77,723 solicitudes

58,835 registrados

Segunda etapa

Concesión minera

3,234

Sin información

Contrato minero

787

Sin información

Tercera etapa

Acuerdo con el propietario del suelo

196

Sin información

Cuarta etapa

Opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

-

56

Derecho de uso del agua

Sin información

Sin información

Quinta etapa

Instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC)

806

37

Sexta etapa

Autorización de operaciones

106

7

Fuente: Defensoría del Pueblo

En: Abanto, Alicia (2015). Problemas en la implementación de la política de formalización de minería aurífera informal en el Perú 2012–2014. Trabajo final de Máster en Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid.

[2] http://ojo-publico.com/oro-sucio-la-pista-detras-del-london-bullion-market/