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Una publicación de la asociación SER

Juana y Tres Islas

Cuando suceden hechos que marcarán la historia y que implican el reconocimiento de los derechos y mayor ejercicio de ciudadanía, entre la alegría del reconocimiento y la tinta que correrá feliz sobre un acontecimiento -que aunque sea un solo paso representa que avanzamos- suele perderse de vista a quienes fueron protagonistas de esa historia, quienes derramaron las lágrimas de frustración, quienes sintieron el miedo de los poderes que se imponen frente a personas o colectivos que no cuentan con los mismos recursos ni las posibilidades de defenderse de esos poderes en un enmarañado legal, corrupción y hasta violencia que en múltiples ocasiones termina derrotándolos, acrecentando esa sensación de que la justicia es ciega, sorda y muda para los pueblos. Por ello, cuando hay ocasiones en que la vida nos señala que la perseverancia, la solidaridad y la justicia también tienen su lugar en los procesos de lucha por el reconocimiento de derechos y por un mayor ejercicio de ciudadanía, es un momento para festejar y para reconocer a quienes son artífices de esos triunfos.

Hace unos pocos días, los pueblos indígenas en el Perú tuvieron una victoria trascendental que marca un importante precedente para la garantía de sus derechos. El Tribunal Constitucional, emitió un fallo (1) en el que da la razón a la comunidad indígena amazónica Tres Islas, después de un largo camino  recorrido por ésta correr en el Poder Judicial, reconociendo su derecho a  gozar de la autonomía y autodeterminación que tienen las comunidades según el artículo 89 de la Constitución. Éste  señala que: “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.”

Tres Islas es una comunidad conformada por unas 103 familias que pertenecen al pueblo shipibo y al  pueblo Ese’Eja y está ubicada en Tambopata en el departamento de Madre de Dios. Las familias se dedican a la recolección de castaña, aprovechamiento de madera, caza y pesca en el ámbito del territorio reconocido en su título de propiedad.

Hace casi dos años, la comunidad, cansada de las irrupciones de elementos extraños, que entraban a su territorio a extraer madera y oro ilegalmente, contaminando el frágil ecosistema de su bosque, decidió en asamblea tomar cartas en el asunto y colocar una caseta de control  dentro del territorio comunal para evitar que se siga perjudicando a la comunidad.  Como sucede  en muchos lugares de nuestra amazonía, cuyos casos no  han tenido la repercusión de éste, grupos de personas ingresan como Pedro en su casa a explotar los recursos que están en territorios indígenas, violentando sus derechos, ignorando las protestas de los dueños y dueñas del territorios, como si fueran invisibles, y burlándose de sus reclamos, corrompiendo funcionarios en múltiples ocasiones y usando los recursos que suelen tener para evitar que se cumpla la ley, deforestando y deteriorando el medio ambiente. Detrás de esto, además de los intereses en juego por las ingentes ganancias que dejan la explotación de oro informal, la extracción ilegal de madera y todo el circuito de prostitución y trata que suele generarse alrededor de estas actividades, está  el profundo racismo que persiste con relación a los indígenas que viven en sus territorios, quienes en la visión de muchos tendrían todos esos terrenos y recursos para ellos solos. ¿Cómo es posible que esos ignorantes tengan todos esas miles de hectáreas? he oído decir en más de una ocasión.

Colocar la caseta de control significó el inicio de un largo proceso judicial que afectó a toda la comunidad, a su dirigencia y de manera especial a quien en ese momento cumplía las funciones de presidenta de la comunidad, Juana Payaba Cachique, lideresa shipiba, quien es la protagonista de esta historia, sin negar por supuesto el rol de todo el colectivo y de las innumerables ayudas que recibió y que, como ella lo narra, le dieron la fuerza para continuar en la lucha, en un contexto en que la esperanza se iba desvaneciendo, dando paso al dolor y al miedo frente a los poderes a los que tenía que enfrentar. “Eso me da más valor, las personas que nos ayudaron, todas estas personas, no tengo palabras para agradecer,” dice en una entrevista que nos concedió, mientras recuerda que en varias ocasiones, ya sin saber qué hacer, “a mi se me caían las lagrimas en cada oficina.” Lo dice con la voz firme que la caracteriza y la que ha levantado desde hace muchos años en defensa de su territorio y el derecho de su pueblo.

Es que debido a la medida que tomó la comunidad de impedir el paso por su territorio de elementos extraños, las empresas de transporte “Los Mineros SAC” y “Los Pioneros SCRL” interpusieron denuncias penales ante la fiscalía y un hábeas corpus ante el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Tambopata contra Juana Payaba Cachique, acusándola de vulnerar el derecho al libre tránsito “al actuar, dirigir, conducir y encabezar la obstrucción de la Carretera o Camino Vecinal Fitzcarrald-Teniente Acevedo-Diamante, construyendo (con ayuda de aproximadamente 40 personas) en plena carretera una “casa” de sesenta Metros Cuadrados (60 M2) de Material de la Región (Madera) y techo de calamina (…) (SIC).” (2)

Juana fue objeto de cinco investigaciones fiscales y fue acusada penalmente. Pese a sus apelaciones, las empresas le ganaron a la comunidad y por tanto a Juana en todas las instancias, desconociendo la potestad que tiene la comunidad de decidir sobre su territorio. Según lo denunciaron y lo registraron los pobladores y pobladoras, un juez ordenó el retiro de la caseta, y como queriendo demostrar quien mandaba,  envió a 100 policías con motosierras y martillos a desalojar, dijo, y ordenó que detuvieran a quien se opusiera y a que dejen entrar a todo peruano en su territorio. (3) Tal demostración innecesaria de  fuerza no era sólo para cumplir la resolución, sino para enviar un  mensaje de amedrentamiento, de demostración de quien tenía el poder, con la intención de infundir miedo, lo que de hecho afectaría a la población, pues no todo el mundo tiene la misma fortaleza de las mujeres como Juana, quien agrega: “la comunidad se va cansando, hay  gente que trata de dividir, se iba decayendo” para afirmar luego que ella pudo continuar gracias al apoyo de su esposo, que se encargó de las labores de la casa, del cuidado de su hija pequeña, mientras ella iba de juzgado en juzgado o a Lima a buscar justicia.

En Chanchamayo, nos cuenta Juana que conoció a la Dra. Raquel Irigoyen. “Le expliqué lo que  pasaba,” dice, y gracias a su asesoría y la de la institución que dirige, la comunidad tiene esta victoria, que no la habría podido lograr sin ese apoyo, pues no contaban con los recursos económicos para contratar un abogado en Puerto Maldonado, en donde “cuestan una millonada”.  Juana cuenta como ella también tenía por momentos miedo de lo que pudiera pasarle a ella y su familia, estando consciente del poder y los recursos que tenían aquellos a quienes se enfrentaban. “Ella nos infundía valor,” dice en relación a la abogada, valor que, junto al de ella y de las otras dirigentas y el dirigente acusados, le permitió seguir  buscando justicia, llevándola incluso a presentar su caso  en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En Tres Islas se ha ganado una batalla, al reconocer el Tribunal Constitucional el derecho que tienen  los pueblos indígenas a decidir sobre su desarrollo y a gozar de autonomía. La han protagonizado mujeres como Juana Payaba, que venciendo al miedo han continuado, con el apoyo de otras mujeres y hombres comprometidos, con la lucha de los pueblos indígenas por el respeto a sus derechos. Pero no ha terminado, ni para Juana ni para los miles de hombres y mujeres que día a día ven cómo su bosque se va perdiendo, sus ríos son contaminados y su futuro como pueblo se pone en riesgo con cada árbol talado, con cada especie que desaparece, con cada nuevo proyecto extractivo que se inicia en su territorio.  “La lucha tiene que seguir, aunque tengamos que seguir sufriendo las consecuencias, por nuestros hijos,  por las nuevas generaciones,” dice Juana despidiéndose, mientras se nos corta la línea telefónica, dejándonos con la esperanza de que se sigan reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y el rol que las mujeres indígenas juegan en estas pequeñas grandes victorias.

Notas:

1)  Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente No 1126-2011-HC/TC Madre de Dios – Juana Griselda Payaba Cachique, 11 de septiembre del 2012. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/01126-2011-HC.pdf
2)   “Ayuda Memoria, 13 de agosto de 2012, Comunidad nativa “Tres Islas”: Perseguida por ejercer funciones jurisdiccionales para proteger su integridad, el medio ambiente y su futuro. http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Documentos/AYUDA-MEMORIA-CASO-COMUNIDAD-TRES-ISLAS.pdf
3)  “El caso de la comunidad nativa Tres Islas y su derecho a la autodeterminación”, IIDS PERU. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o41O7yQRpH4