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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

La amenaza del Narko Estado

Un Narco estado es, por definición,aquel Estado donde sus instituciones políticas están influenciadas por el crimen organizado alrededor del narcotráfico, para que funcione el negocio de la producción, tránsito y exportación de cocaína/PBC. En el pasado, hubo casos como los del deGeneral García Meza en Bolivia (1982), el de Manuel Antonio Noriega en Panamá (1989), el caso del zar antidrogas General Pérez Rebollo en México (Policía) y la campaña de Presidente Samper (1994)

En el caso peruano, a diferencia del pasado reciente de los 90s (Estado Mafioso)[1], donde el ex asesor Vladimiro Montesinos tenía toda la confianza de un gobierno autoritario presidido por Alberto Fujimori para otorgar “licencias” de funcionamiento para la producción, tránsito y exportación de droga y cobrar por ello, o tener el manejo de puertos (Callao o Chimbote), fronteras (Puno), las oficinas de Migraciones PNP, FF.AA. con lo que se controlaba todo el circuito ilegal. Ahora en el 2016, se trata de un instrumento político (Fuerza Popular), que manejaría todo el poder político, con la legitimidad del voto popular. Por otro lado, el Perú cuenta con un sistema criminal compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, frágiles, desbordados y corruptos. Este sistema es incapaz de diferenciar entre “peces gordos y peces chicos”, tiene múltiples fisuras en aduanas, en notarías, en bancos, en registros de propiedad.

El instrumento político, liderado por la señora Keiko Fujimori,  se construye sobre la base de un conjunto de alianzas, intereses de parlamentarios electos (defensa de intereses), de aportantes sospechosos (deudas originadas), de “militantes”, que se podrían mover alrededor del tráfico ilícito de drogas (Narco Estado) y de otros negocios de igual naturaleza, por cinco años.

La situación termina por empeorar cuando se entiende el nuevo rol del Perú en el circuito internacional de la cocaína: a pesar de la erradicación de cultivos de coca, se producen 285 toneladas anuales de droga (entre cocaína y PBC) gracias al avance tecnológico, pero se incautan solo 20 toneladas. A lo que se agrega, la existencia de un factor nuevo, es decir, la  coexistencia de dos mercados ilícitos, el de clorhidrato de cocaína y el de PBC, uno a Europa, México y el otro a Brasil y Argentina. Por último, el crimen organizado alrededor del narcotráfico, hoy permite la libre participación de empresarios locales e internacionales (Oropeza, Ramírez caso “Eteco” investigado por la propia DEA) en un negocio absolutamente segmentado: chacra, rutas, puertos, mercados intermedios y finales, lavado de activos, que maneja firmas, clanes, grupos criminales de sicarios. Por ello, las consecuencias políticas, diplomáticas y comerciales de la instauración del narco Estado bajo la forma del neo fujimorismo serán deplorables para la gobernabilidad y la democracia del Perú.   

 


[1] Estado toma las organizaciones y redes criminales.