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Una publicación de la asociación SER

La reconciliación esquiva

La agresión a la congresista Tania Pariona fue el punto máximo de una serie de agresiones que hemos recibido todas las personas, organizaciones e instituciones que no aceptamos y cuestionamos la “verdad oficial” que algunos nos han querido imponer. Verla de manera valiente, sola y parada en el auditorio del Ministerio de Justicia recibiendo los insultos del fujimorismo, con las autoridades del ejecutivo mirándola sin saber bien cómo reaccionar ha sido la muestra más evidente de lo lejos que estamos de una verdadera reconciliación.


El periodo de transición acabó con el gobierno de Ollanta Humala. Después de dos gobiernos elegidos democráticamente, pero que tristemente permitieron el debilitamiento de las instituciones, que no se esforzaron por alcanzar justicia, que permitieron que las Fuerzas Armadas mantuvieran la impunidad de determinados militares al no entregar la información solicitada por el Poder Judicial o el Ministerio Público, que dilataron de manera cruel la espera por una política de reparaciones a las víctimas de conflicto armado, que negaron constantemente la verdad o la reparación de las mujeres víctimas de la esterilización forzada; se dejó pasar la oportunidad de cerrar el periodo de transición con un esfuerzo serio por implementar reformas institucionales básicas para prevenir la repetición de situaciones de conflictos armados o de rupturas democráticas.


Al contrario, con los paquetazos ambientales, con los 49 civiles muertos en los conflictos sociales, con el incremento del ejercicio desmedido del uso de la fuerza y el pisoteo del derecho a la protesta de la ciudadanía, con el acoso vía APCI a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las organizaciones que reclaman el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos; el gobierno que se fue cerró las vías al fortalecimiento de las instituciones y las debilitó aún más.


Como resultado de todo este largo y agonizante proceso de transición, el fujimorismo fue ganando terreno. En el gobierno de Toledo apenas se manifestaban de manera tímida. Sabían que su líder estaba buscando de manera desesperada la impunidad en Japón. En el gobierno de García, el 10 de diciembre de 2007, después de una serie de sucesos (algunos preparados, pensados y resultado de mucho esfuerzo, otros sin embargo, resultado del azar o de una mente perturbada que se creyó omnipotente), se inició el proceso penal más importante del Perú, el proceso por crímenes de lesa humanidad por parte de un ex Presidente (luego dictador) de la República. Pensamos que el fujimorismo por fin caería; sin embargo, solo siguió ganando terreno, empoderándose.


Ollanta Humala le ganó a las justas a Keiko Fujimori. Su trampolín electoral fueron las mujeres esterilizadas en el gobierno del dictador. Pudo hacer mucho para enfrentar el crecimiento de una fuerza política basada en la mafia y la corrupción. Lamentablemente, su política de fortalecimiento democrático se limitó a peleítas vía twitter o en programas televisivos, con enfrentamientos ridículos; mientras por otro lado fue permisivo (por decir lo menos) con la impunidad de los crímenes cometidos en el conflicto armado.


Y es en momentos como el de la agresión a la congresista Pariona que nos damos cuenta que nos cuesta entender el conflicto armado interno que vivió el país. Conocerlo y dimensionarlo, no es justificarlo, Abimael Guzmán es un criminal que desató tanto odio y el responsable de los peores crímenes cometidos, no hay modo de intentar siquiera justificar su accionar delincuencial. Pero no por eso podemos dejar pasar como si nada el hecho de que la respuesta por parte del Estado fue también criminal, matanzas como las de Puccará o Accomarca, miles y miles de violaciones sexuales a mujeres, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, los muertos inocentes como lxs estudiantes y el profesor de La Cantuta. Nada justifica una respuesta que utilizó los mismos métodos basados en el terror.


Así también, nada justifica el ataque a quienes denuncian lo que pasó. El fujimorismo ha encontrado aliados potentes en su búsqueda de impunidad para su líder, militares condenados o investigados por graves violaciones a los derechos humanos, investigados o sentenciados por corrupción (muchos de ellos cometieron estos delitos en este gobierno fujimorista), una clase política que prefiere hacerse de la vista gorda frente a estos hechos, empresarios y dueños de medios que sacaron provecho en ese gobierno y volverían a venderse al mejor postor si se presentara una oportunidad igual que las de los 90.
Todo este paquete no hace sino alejar más cada vez la idea de un país reconciliado, ya que la reconciliación no se logrará si persiste el ataque y la impunidad, si no tiene como presupuestos indispensables la verdad y la justicia, y parece que ambas fueran cada vez más difíciles de alcanzar.


Estos ataques hacen prever que estos 5 años, la mayoría aplastante del fujimorismo en el Congreso desestabilizará aún más nuestra precaria democracia y seguirá preparando el terreno hacia el 2021. Ya han desestabilizado la Defensoría del Pueblo y van por más. A ver si desde el gobierno toman nota de lo peligroso que todo este puede ser para el país; si desde la oposición democrática en el Congreso por fin hacen acuse de recibo de lo grave que es la situación.