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Una publicación de la asociación SER

La urgencia de un nuevo modelo minero

El anuncio realizado durante el mensaje presidencial del 28 de julio de impulsar la aprobación de una nueva Ley de Minería, constituye un primer paso en el reconocimiento de las altas autoridades del Estado sobre las severas limitaciones y deficiencias del actual marco institucional de la inversión minera en el país.

Como sabemos, la base de estas reglas se dio en la primera mitad de la década de los 90, como parte de la política de promoción de la inversión privada a ultranza que implementó el fujimorismo, como una pieza clave de la reforma neoliberal de nuestra economía, y durante la última década y media se realizaron algunas modificaciones, siempre con el objetivo de que sean el principal soporte legal para que las grandes empresas mineras cuenten con todas las ventajas para realizar sus actividades. Así la legislación puso la inversión por encima de los derechos y la calidad de vida de las poblaciones que viven en el ámbito de los proyectos y sufren los impactos directos de la minería.

Por otro lado, mientras a nivel mundial se empezaron a discutir y aprobar una serie de mecanismos que buscan regular efectivamente las actividades empresariales – en particular las extractivas – a fin de salvaguardar el respeto, protección y remediación de los derechos humanos, en nuestro país, cualquier intento por fijar procedimientos o crear instancias encargadas de esta tarea, ha sido considerado como mera “tramitología” y en los pocos casos en los que se logró establecerlos –casi siempre en respuesta a grandes conflictos-, fueron rápidamente neutralizados o desnaturalizados, como ocurre con la consulta previa de actividades mineras o el ordenamiento territorial.

Esta situación ya no da para más, como lo demuestran los sucesivos conflictos socioambientales que vemos en distintas zonas del territorio nacional y que tal como ocurre en las últimas protestas realizadas contra los proyectos Tía María en Arequipa y Quellaveco en Moquegua, no sólo cuentan con el apoyo y participación mayoritaria de actores de toda la región, si no que evidencian el divorcio entre las decisiones administrativas que adopta el Ministerio de Energía y Minas y la realidad política y social vigente en cada zona.

En Noticias SER insistimos en que el actual modelo de inversión minera está agotado y urge la construcción de un nuevo marco institucional que armonice la labor empresarial con los derechos de las personas y el respeto del medio ambiente, y que sobre todo, permita que el Estado deje de ser el guardián de los intereses de algunas grandes empresas privadas. De lo contrario los conflictos seguirán multiplicándose.