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Una publicación de la asociación SER

Las rondas campesinas y la justicia negada

Han pasado varias décadas desde que en Cajamarca se fundaron las Rondas Campesinas como sistema protección comunal que suplía los vacíos, las ausencias, y las deficiencias de un sistema de justicia ordinaria que mostraba límites  materiales para llegar todos los espacios territoriales del país, y culturales para comprender y asumir la justicia desde otras perspectivas que no sean las occidentales.

Pese a múltiples cuestionamientos, su innegable exitosa experiencia de administración de justicia, logró el reconocimiento para las rondas e incluso su engranaje al sistema ordinario, respetando los usos, las costumbres y regulándose su intervención en el marco de los derechos fundamentales. Parecía que la tendencia era ir afianzando cada vez más la presencia y el reconocimiento de la rondas como actor, ir dotándole de encargos y funciones más amplias, sin embargo parece que el problema devino en ese punto, cuando las rondas autodeterminaron cómo y en qué ámbito ampliarían sus funciones, no cediendo a la pretensión de esperar que se les asignen los encargos.

En los últimos años las rondas, totalmente conscientes de los nuevos desafíos en sus espacios comunitarios, los cuales ya no se restringían al problema frecuente de la inseguridad y el latrocinio, tomaron las riendas de la defensa de sus territorios frente a la amenaza que les puede representar asuntos como la llegada de “la inversión” o un mega proyecto; paradójicamente ahora se defienden del “desarrollo”.

Esta nueva intervención, este nuevo rol que les toca jugar, defendiendo bienes fundamentales como la tierra, el agua, su derecho a definir sus formas de vida, les ha costado el desconocimiento, la negación, el relegamiento. Las Rondas Campesinas existen en la Constitución, están presentes en una ley especial, sus mandatos están definidos y reconocidos en importantes acuerdos judiciales, pero en la práctica vuelven al progresivo desconocimiento. 

Incomprensiblemente Cajamarca, el lugar que alumbró este importante sistema de justicia intercultural, lo niega, discrimina, y desprecia.  Denuncias y sentencias escandalosas donde se los acusa desde asuzadores hasta violentistas y secuestradores, pedidos de penas que van desde los treinta años hasta la cadena perpetua, fallos que determinan su prisión efectiva aunque sea solo por un año (el escarmiento). El común denominador de estos casos: el nuevo rol asumido en defensa de sus territorios.  Las rondas que capturan y castigan abigeos son los buenos colaboradores de la Justicia, las que intervienen y sancionan a los empresarios que dañan el territorio, el agua, sus vidas son la lacra delincuencial que hay que frenar y sancionar.

Pero como las históricas rondas campesinas nacieron con espíritu luchador, no dispuestas a cejar a ninguna amenaza por más que la misma venga del propio Estado. Este diciembre último han organizando el primer paro contra el Poder Judicial para defender por primera vez su jurisdicción, y la semana que ha pasado han confrontado el mismo representante de este órgano, quien no solo ha aceptado este retroceso y la persecución, sino que también ha reivindicado fuertemente la importancia de las rondas y el gran trabajo que realizan para este Estado.

Las rondas no se resignarán a una justicia negada, las rondas defienden y se defienden, y pese a las preocupantes acciones vigentes que los amenazan reafirman sus luchas y sus apuestas, hoy más que nunca en el ámbito de la defensa de la vida y su medio ambiente.