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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Lenguas nativas y desarrollo territorial

La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó proclamar el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, buscando generar mayor preocupación global sobre la creciente pérdida del uso y respeto a las lenguas nativas. Igualmente, para generar la adopción de medidas diversas que se orienten a su recuperación, revitalización, conservación y promoción como parte de la salvaguarda de las culturas locales, afectadas con el avasallamiento de la globalización y la homogenización de estilos, valores y patrones de vida, como formas de control social, económico y político impuestas por “la modernidad”. En ese marco, se llevará a cabo en Cusco, el Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y El Caribe entre el 25 y 27 de setiembre de este año.

Según un estudio del Banco Mundial existen unas 300 millones de personas que forman parte de las poblaciones indígenas o pueblos nativos, correspondiendo a un 5% del total de la población mundial que a su vez representan a un 10% de los hombres y mujeres con menor renta en el planeta. Sin embargo estos pueblos milenarios han venido protegiendo el 80% de la biodiversidad del planeta, aun cuando solo son propietarios legales del menos del 11% de los territorios que resguardan.

El lenguaje constituye un medio de comunicación vital en toda sociedad para expresar sentimientos, ideas, experiencias, percepciones, para crear sistemas conceptuales, que permiten entender el mundo a través de prácticas y vivencias propias, como afirma Medina García del INAH, México. El lenguaje es, en síntesis un factor clave de pertenencia a una comunidad. Este enfoque permite situar a las lenguas originarias como una manifestación de reproducción y resistencia cultural, vinculada estrechamente a un entorno histórico, social, geográfico y ecológico que caracteriza cada una de las sociedades en las que se generan estas formas de comunicación, y que devienen en la representación de un sistema de creencias, como explica la mencionada investigadora del INAH.

Por lo tanto la reivindicación de las lenguas originarias es o debiera ser parte de la demanda de derechos que vienen siendo conculcados en estas sociedades locales: formas tradicionales de organización y de vida, toma de decisiones, cosmovisión, así como la integridad de sus territorios y el correspondiente acceso y gestión de los recursos naturales, entre otros. La parcelación de las justas exigencias de los pueblos indígenas debilita su capacidad de negociación en un contexto de extrema asimetría en las relaciones de poder con quienes tienen grandes intereses sobre las tierras comunales nativas.

Por otro lado, un gran desafío pendiente es la inclusión de los derechos culturales de las comunidades locales en el marco del desarrollo territorial, reivindicando e incorporando las prácticas ancestrales como estrategia de mejora de la calidad de vida de las personas. El congreso a realizarse en Cusco, contempla diversos e importantes ejes temáticos (políticas públicas y derechos lingüísticos; revitalización y recuperación de lenguas indígenas en peligro; patrimonio inmaterial y lenguas indígenas; educación intercultural y educación intercultural bilingüe; acceso a la información en lenguas indígenas; nuevas tecnologías para el desarrollo, el aprendizaje y la difusión de las lenguas indígenas), que tendrían un significativo impacto si se consideraran en un contexto de desarrollo territorial. Se presenta una favorable oportunidad para poner en práctica esta propuesta: el departamento de Apurimac, cuya población en un 70% es quechua hablante de nacimiento, considerando que la Constitución Política del Perú en su artículo 48º reconoce al castellano como idioma oficial, y así también al quechua, aymara y otras lenguas aborígenes “en las zonas donde predominen”, como escribe Wuille Ruiz (SERVINDI).

Si ocurriera ese logro, sería un hito histórico para el país, como primer reconocimiento efectivo de una realidad pluricultural y étnica en un mismo territorio, con actores con equidad en sus derechos ciudadanos, con la posibilidad y capacidad de mujeres y hombres de expresarse y comunicarse en ambos idiomas, practicando un bilingüismo que se da en muchos lugares y países del mundo, y del que nuestros territorios andinos están privados por un poder que impuso injusta y violentamente un solo idioma. Cabe resaltar como hechos favorables las ordenanzas regionales que disponen tanto el uso obligatorio de vocabulario bilingüe castellano-quechua en instituciones públicas apurimeñas, la prohibición de los actos discriminatorios por la vestimenta utilizada mayormente por la población campesina, exigiendo para ella un trato digno y respetuoso en toda entidad pública o privada, y la obligación que en todas las dependencias del Gobierno Regional debe garantizarse el personal que hable quechua de manera fluida. Igualmente las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil como Tarpurisunchis, con acciones educativas y una promoción muy intensa para lograr que el quechua sea efectivamente una lengua oficial en Apurimac, como componente de un nuevo Plan Regional de Educación.

Es evidente que el bilingüismo no será posible en todo el país. Pero si queda el desafío expectante de un sur andino reivindicando el quechua (Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno), u otra parte de Puno haciendo del aymara una lengua oficial local, o la provincia de Condorcanqui con una lengua Awajun con los mismos derechos que el castellano. Dependerá de decisiones y voluntades gubernamentales para generar las condiciones que permitan alcanzar estos cambios como parte de los procesos de revitalización y defensa de los derechos culturales de manera integral. Pero también pueden avanzarse en logros parciales, como se viene haciendo en Apurímac, si se cuenta con la iniciativa de autoridades regionales y municipales al amparo de sus competencias subnacionales, así como de la participación de la sociedad civil organizada, incluyendo a las organizaciones campesinas movilizadas con este propósito.