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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Los dilemas del indulto en el caso de TID

En estas semanas, la figura del indulto ha sido objeto de un severo y frecuentemente mal intencionado uso político, por casi todos los actores presentes, dentro y fuera del gobierno,  así como por la prensa alarmista, usualmente desinformada en asuntos técnicos. Esta oleada mediática alaba un populismo punitivo que tranquiliza las conciencias, pero no modifica en nada la realidad de exclusión, crisis de la justicia penal y penitenciaria, e inseguridad que se vive en el país.

Unos, como el fujimorismo, el político Cipriani y los principales líderes del APRA, lo usan para presionar al gobierno de Ollanta Humala para que conceda finalmente dicha medida –así califica en la doctrina jurídica el indulto, como renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado y no como derecho de las personas–, al ex Presidente Fujimori, cuando todas las condiciones de su enfermedad no terminal, así como por la extrema gravedad de sus delitos (contra los derechos humanos de las personas), no le corresponde beneficiarse de ella. La poca flexibilidad mostrada por el gobierno y principalmente por el mandatario Humala, para resolver este petitorio, permite todo tipo de ex abruptos por parte de los voceros de Fujimori.

La cuestión se complicó cuando se filtró a la prensa los indultos concedidos durante los cinco años del segundo mandato de García. Se habrían dado 5,500 gracias presidenciales  (una media de 1,000 anuales), entre conmutaciones e indultos, de las cualas 400 habrían  sido por delitos de TID: 1 de cada 13 indultos, cuando la población penal por TID es la cuarta parte del total.

Ahora bien, tampoco se trata de aprobar a rajatabla las medidas adoptadas por García, sobre todo cuando las propias cifras del INPE muestran que es precisamente durante su mandato que se elevó de manera evidente la sobrepoblación penitenciaria, lo cual prueba sus contradicciones de política pública. Así que, por un lado, se establece una política indiscriminadamente punitiva y por el otro, hace un uso generoso del indulto. ¿Un contrasentido? Cabe la posibilidad también, que funcionarios cercanos a García y Pastor, hayan dejado salir a gente que no debía de salir.

La verdad es que todo el escándalo ocurrido, oculta dos cuestiones que resultan trascendentales ventilar y que más bien García, Jiménez (al relacionar el indulto con la inseguridad actual que no enfrenta su administración) Velásquez Quesquén y Masías (al decir que las penas por TID deben ser las más duras) esconden o distraen la atención: ¿Cuál es la naturaleza de la población penal por TID (25% hoy en día)? ¿Son acaso grandes barones de la droga? No, son micro comercializadores, “burrieres” y mulas, fundamentalmente, es decir los eslabones más débiles y vulnerables de la cadena ilícita. La otra es la situación actual y las dinámicas propias del narcotráfico en el Perú.