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Una publicación de la asociación SER

Los otros del Baguazo y su larga espera

Foto ©Diario UNO

John tiene 30 años. A los 21, cuando trabajaba con su mototaxi, frente a la comisaría de Bagua, le cayeron balazos que, en principio, nunca debieron existir y menos aún para él. Estos balazos también cayeron sobre el cuerpo de su hermano menor. Él murió poco después. John fue salvado, casi diría, por suerte. Las balas cayeron como una lluvia intermitente contra el cuerpo de otros civiles: una niña de 7 años –Luz, en Bagua Grande–, un adulto mayor –Filomeno, en Bagua Chica–, otro adulto al que le dispararon en el brazo y en la pierna –Adriano, en Bagua Grande–, otro más, baleado en el pie –Leodoro– y otro la zona abdominal –Segundo– y siguen otros nombres. Pero quiero decir: todos tienen nombre propio, tienen una vida, y tenían trabajos, tenían historias que contar. Pero luego de ese día, sus vidas cambiaron absolutamente. Es el precio de no ser ni policías ni nativos, me señalan algunos. Es el precio de no haber sido parte de un bando y de ser solo una víctima “colateral”. Todos ellos, todos, han reclamado visibilidad desde hace 10 años, y han conseguido muy poco. Es delicado afirmar que los nativos recibieron más ayuda. No es posible afirmarlo con certeza como algunas víctimas civiles lo afirman, pero esto lo señalan quienes han quedado lisiados, quienes han visto irse una parte de su cuerpo, una parte de su familia; personas, quiero decir, seres que respiran, y que no han tenido la suerte de nacer en un país que tenga un código penal que se haga cargo de las imprudencias del Estado que lo promulgó.

Este evento sucedió el 5 de junio en la mañana, los awajun se habían movilizado desde la Curva del diablo (una parte de la carretera Belaunde Terry) hacia la ciudad de Bagua Grande pidiendo ayuda porque los policías enviados[1] por Alan García los estaban baleando, y ellos no tenían medios para protegerse. Habían resistido casi un mes en esa zona interrumpiendo el tránsito como un modo de protesta pacífica. Casi un mes a más de 37 grados de calor, sin tener provisiones o un techo para dormir. Esperando, solamente que se aplique la Consulta Previa y se les trate como ciudadanos con derechos y deberes. Pero la historia es mucho más compleja y se desarrolla en otros lugares además de Bagua y la carretera. El tránsito de uno a otro lado del país buscando “concertación” era abrumador y profundamente frustrante. La historia la sabemos todos. Hoy, 2019, el nombre sigue resonando, aunque débilmente: el Baguazo, al que nombraron también, alternativa y acertadamente “La historia de una Espera”.

Y la espera continúa, sobre todo, para las víctimas civiles, que no son todas las que he nombrado, sino que son muchas más. Hoy es el cuarto día de John Estela en mi casa. Hace varios meses le robaron su dinero y su celular cuando trabajaba en su mototaxi. Al caerse, su prótesis se rompió. Han pasado muchos meses para que por fin consiga un auspicio para arreglarla: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha tenido la generosidad de darle la oportunidad de venir a Lima y le ha financiado los gastos para arreglar este artefacto que reemplaza una parte de su cuerpo. Pero esto no es rápido ni eterno. ¿Qué pasará la próxima vez que tenga un accidente o cuando la prótesis sufra algún desperfecto? John subraya que es gracias al apoyo de ONGs[2] y de otros civiles que ha logrado subsistir. El Estado brilla por su ausencia. Por eso, pregunto (preguntamos), ¿qué pasará con Filomeno, que lleva 10 años echado en una cama, conectándose con el mundo solo por lo que escucha en su radio? ¿Qué pasará con él, que frente al suicidio de Alan García le pidió a Dios que lo perdone y que le dé un chance? Nada de sentimentalismos. Es tan real como doloroso. ¿Cómo él, Filomeno, que ha sido despojado de la vida en vida, pide perdón por quien autorizó, con indiferencia, este bombardeo arbitrario e injusto? Este hombre, Filomeno, tiene su juicio archivado en aplicación del código procesal actual. ¿Tiene sentido? Le preguntan: ¿Usted conoce a quien lo baleó?, Filomeno responde que no: ergo, proceso archivado. John, está sentado aquí conmigo, y me intenta describir la geografía de su impotencia, y me muestra, con ella, los problemas de la piel que devienen del stress y agobio por el que atraviesa sin un trabajo estable y con una salud endeble.

El proceso sobre las víctimas civiles del Baguazo recién se encuentra en la fase de acusación fiscal. Es decir, aún no han entrado a un juicio. Han pasado 10 años del Baguazo, y ellos, los que vienen a Lima buscando un pedazo de salud, aún no reciben ninguna reparación. De todas formas, tiene sentido: ¿algo reemplazaría una parte mutilada de un cuerpo? El objetivo de este texto es subrayar las palabras que me cuentan las víctimas civiles, o al menos, John: él no quiere fotos de prensa que muestren su cuerpo roto. Él quiere justicia. Él quiere respuestas. John no espera que le digan palabras de consuelo o que apoyen su dolor, sino que le ayuden a continuar con la vida a medias que le han dejado. 

 

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[1] Cuando señalo que fueron “policías” me refiero a 400 de ellos que estaban armados con un arsenal de guerra compuesto por: «304 fusiles AKM con 1.214 cacerinas que equivalen a 36.420 tiros, según documentación proporcionada por la Defensoría del Pueblo. También usaron 15 fusiles de combate HK G3 con 60 cacerinas, 50 escopetas lanza gas con 1.091 proyectiles, 38 escopetas de lanza perdigones con 640 cartuchos de goma, 2 pistolas Pietro Beretta con 2 cacerinas y 481 granadas lacrimógenas de mano». Estos datos son recopilados por Roxana Olivera en «El Baguazo y las Curvas del Caso» en la revista Ideele. Disponible en: http://revistaideele. com/ideele/content/el-baguazo-y-las-curvas-del-caso.

[2] A propósito, John refiere puntualmente estos nombres: APRODEH, CEAS, la coordinadora de derechos humanos, IDEELE, que ayuda con la defensa legal.