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Una publicación de la asociación SER

Madre de Dios: reorientación para la protección de la vida

Foto: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Gisselle Vila Benites. Candidata al grado de Doctora en Geografía por la Universidad de Melbourne. Licenciada en Sociología y Magister en Desarrollo Ambiental por la PUCP.

Que las fuerzas armadas y policiales medien el gobierno de Madre de Dios, y que estos actores formen parte de la gobernanza ambiental, debería resultar cuestionable en un país con un no tan distante pasado autoritario. Planteo aquí tres preguntas que buscan incomodar a la aceptación generalizada de esta lógica de gobierno.

Durante los últimos diez años la principal manera en que el ejecutivo se ha relacionado con Madre de Dios ha sido mediante la intervención de las fuerzas armadas y policiales. El sector ambiental, incluyendo al Ministerio del Ambiente, a los actores de la sociedad civil y a la prensa que les da plataforma, ha cumplido un rol bisagra al resaltar la minería ilegal y los daños ambientales asociados a ella, justificando un control militar del territorio para presionar a los mineros hacia la formalización. Sin embargo, al 2016 ningún minero alcanzó a culminar este proceso. Posteriormente, con la Operación Mercurio 2019, el ejecutivo buscó instalarse permanentemente en La Pampa, área de exclusión minera por tratarse de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Más de la mitad de los distritos de Madre de Dios se encuentra en estado de emergencia desde hace un año y medio, con el fin de luchar contra la minería ilegal. Pero ¿para qué ha servido? El asesinato de Roberto Carlos Pacheco visibiliza que la desarticulación de redes criminales sobre la base del resguardo de los recursos naturales no ha garantizado la protección de las personas que conviven cotidianamente con la violencia.

No sabemos quiénes son los asesinos de Pacheco. Radio Madre de Dios ha sugerido que se trató de madereros ilegales. Mongabay, sin embargo, habla de mineros ilegales. El último, al tratarse de un conocido medio internacional, goza de mayor aceptación. Pero ¿cuáles son las consecuencias de conglomerar en la caja negra de la minería ilegal al quehacer delictivo regional? Por un lado, limita comprender y visibilizar la multiplicidad de redes criminales que operan, y acaso cooperan, en la región, justificando estrategias cojas de intervención policial. Por otro lado, la forma en que se resalta la minería, como inherentemente ilegal y opuesta a actividades económicas ancladas en la conservación, invisibiliza a otros grupos que también sufren de extorsión y amenazas a la vida por parte de redes criminales. Por ejemplo, los mineros en proceso de formalización.

Existe un importante conjunto de la población de Madre de Dios que busca encontrar un camino para la minería. Al menos los 6,050 inscritos en el Registro Integral de Formalización (al 2019), apuestan por una ruta que contemple una transformación de sus prácticas productivas y la forma en que se relacionan con la naturaleza. No obstante, ¿existe un espacio de interlocución entre sectores productivos, actividades de conservación y desarrollo local para articular un proyecto territorial inclusivo? Este difícil pero necesario diálogo tendría que plantear un distinto horizonte a la intervención militar y policial en el territorio, cuya finalidad incorpore la protección de la vida y no solamente el control de activos nacionales.

Por supuesto, medidas como la firma del Acuerdo de Escazú contribuirían con precipitar una respuesta estatal acaso más temprana y transparente para encaminar el uso de la fuerza pública con capacidades fortalecidas en la administración de la justicia. No obstante, es importante tener presente que los acuerdos internacionales, aunque potencialmente influyentes, son implementados en virtud de lo que las fuerzas políticas, económicas y la sociedad civil faciliten. Acuerdos bien intencionados pueden terminar pobremente implementados si no son mediados por un debate que convoque a diversos actores, potenciales aliados en la vigilancia local que de lo contrario se perderían ante el avance de la criminalidad.

Es fundamental reorientar las intervenciones militares – policiales como mediadoras del gobierno regional y la gobernanza ambiental en Madre de Dios. Sin soslayar su relevancia en el control de economías ilegales, estas intervenciones tienen que ser enmarcadas y dirigidas por un diálogo que recupere las diversas voces de la sociedad civil organizada, con particular atención a los actores regionales. El diálogo y la búsqueda de alternativas por una coexistencia viable son fundamentales para que cualquier actividad en la región sea sostenible, para la protección de la Amazonía, y para la defensa de la vida.

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Gisselle Vila, pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.