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Una publicación de la asociación SER
Economista. Egresado de la Maestría de Gerencia Social de la PUCP. Consultor y Especialista en Manejos y Gestión de Conflictos Socio-ambientales y Desarrollo Local

Más allá de Tía María: la minería que necesitamos para una inversión con gobernabilidad

El reciente conflicto en el Valle de Tambo con el proyecto Tía María debe abrir el debate en torno al tipo de minería que el país necesita para su desarrollo. Ya no se trata solo de cumplir las normas y de hacer las cosas bien –en materia ambiental y responsabilidad social- sino también hacer que las cosas parezcan que están bien, y ello exige, buena comunicación, un mejor relacionamiento con las comunidades y una inversión social en función a las necesidades más sentidas de la población.

El país exige una mejor minería, no la informal ni la que le saca la vuelta a la normatividad ambiental, ni la que solo se limita a cumplir la ley. La crisis provocada por el proyecto Tía María debe ser una oportunidad para exigir una minería con principios, que pueda garantizar gobernabilidad y neutralizar a los movimientos contrarios y críticos con fundamento, mostrando que la minería puede convivir con la agricultura, porque ahora, ya no deben ser actividades opuestas, sino que la primera puede ayudar a modernizar la segunda, generando mayores puestos de trabajo de mejor calidad.

¿Es posible en el Perú este tipo de minería, con principios?  Yo creo que sí, aún es mínima y marginal, pero la hay y es la que debemos exigir si queremos inversión minera con gobernabilidad.

En nuestro país coexisten todos los tipos de minería, pero nuestros políticos solo centran su puntería en la minería formal, haciendo caso omiso, en la mayoría de los casos, de los episodios de contaminación de la minería informal, que son tan graves como los que genera un sector formal de la minería que describiremos más adelante.

Un primero segmento de la minería -que debemos erradicar sin piedad- es la informal, la que no deja más que pasivos ambientales. No paga impuestos, es altamente contaminante y las normas de seguridad son inexistentes, haciendo que los accidentes mortales sean el pan de cada día. Si bien genera empleo en las comunidades del entorno, este no solo es inseguro, sino que no cuenta con ningún beneficio social. Los aspectos sociales importan muy poco y, por el contrario, promueve el alcoholismo, la explotación sexual y el trabajo infantil. Madre de Dios y La Rinconada son los ejemplos más emblemáticos de este tipo de mineria.        

El segundo segmento de minería, que también debemos erradicar, es aquella que si bien es formal tiene estándares muy bajos en su sistema de producción y seguridad. Tiene todos sus permisos en regla, pero no respeta las normas de seguridad y de protección ambiental debido a que su inversión en este campo es mínima. Los niveles de responsabilidad social y de relacionamiento con las comunidades son muy limitados, lo que hace que el nivel de conflictividad socio ambiental sea muy elevado. Generalmente tiene problemas en el manejo ambiental, tiende a reproducir relaciones asimétricas y de tipo colonial con las comunidades que se relaciona. Un ejemplo emblemático es la empresa que opera en la Cuenca de Llallimayo en Puno que hoy atraviesa un conflicto y ha declarado un paro indefinido para la última semana de julio.

El tercer segmento, donde se encuentran una parte importante de empresas mineras que operan en el país, son las formales, las de fiel cumplimiento, pero con una reputación cuestionable por sus malas prácticas ambientales y sociales en el pasado, debido a la inexistencia de normatividad ambiental. Son empresas que se limitan a cumplir con las normas nacionales, ni más ni menos, aun cuando estas sean laxas en materia ambiental. Tienen programas de extensión social, pero con escaso involucramiento en los procesos de desarrollo local. Algunas de ellas han transitado por el camino de la adecuación a las normas, pero con algunos antecedentes de situaciones sociales o ambientales críticas que han generado desconfianza en la población.   

Finalmente tenemos las empresas mineras con principios - las que debemos aspirar-, las que no contaminan social ni ambientalmente, quebrando voluntades o accediendo al chantaje de falsos ambientalistas, tampoco recurren al clientelaje para la obtención de los permisos que viabilicen la explotación minera. Las que se manejan con estándares internacionales de manera voluntaria. Las que asumen temas más allá de lo exigido por la ley, tales como políticas de derechos humanos, cambio climático, etc. Forman parte de organismos internacionales cuyas vallas en sostenibilidad son bastante altas. Sus programas de inversión social están articulados a los procesos de desarrollo local.  Generan mecanismos de participación ciudadana en el control y el monitoreo ambiental. Los ejemplos que más se acercan son las empresas mineras Teck Resources Limited, BHP Billinton, Antamina y Minsur, esta última una empresa peruana del Grupo Breca.

¿Será posible un nuevo pacto social para una minería con gobernabilidad o puede más la desconfianza que divide el país? Yo tengo la esperanza que sí, siempre que la responsabilidad social se extienda a todos y no solo a las empresas mineras.