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Una publicación de la asociación SER
Miembro del Colectivo Cusco contra la corrupción y de Jóvenes Iberoamericanos Cusco

Megantoni: nepotismo y corrupción

Megantoni, ubicado en la Provincia de la Convención – Cusco, con 6,969 habitantes, cuenta con un presupuesto de S/ 246, 983,793, es el distrito con mayor asignación de presupuesto a nivel nacional. A pesar de su reciente creación, ya está viviendo una crisis de gobernabilidad local, debido a que su alcalde viene siendo severamente cuestionado por un presunto acto de nepotismo e indicios de corrupción.

Según el expediente del JNE 2019002033, la ciudadana Flora Lima Váldez, ha solicitado la vacancia del alcalde Daniel Ríos Sebastián, quien -según la denunciante- habría violado la ley al tener injerencia en la contratación de familiares, incurriendo así en un acto de nepotismo. La denuncia señala que su hermano Nicanor Ríos Sebastián, y sus sobrinos Gerber Ríos Sebastián y Arnaldo Ríos Sebastián fueron contratados para trabajar en la obra "Mejoramiento de la institución educativa de la comunidad nativa Nuevo Mundo, en el Bajo Urubamba", donde ellos residen.

Pero hay más acusaciones contra el alcalde Ríos. De un lado, el procurador José María Javancho, ha presentado ante la fiscalía un informe sobre casos de corrupción, en el que señala que existiría una organización criminal vinculada a delitos de corrupción de funcionarios; por otro lado, existe una denuncia ante el Ministerio Público presentada el 26 de agosto por la adquisición irregular de 10 montacargas. Y por último, se han denunciado irregularidades en el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Educación Nivel Secundario Ángel López Castro de la Comunidad Nativa de Camana Zonal Bajo Urubamba" a cargo del “Consorcio Megantoni”, donde no se habría cumplido con la normativa para el proceso de contratación que establece el OSCE.

Este conjunto de denuncias nos muestran que las palabras del alcalde al inicio de su gestión, referidas a que no se iban a permitir actos de corrupción, se las llevó el viento. Resulta triste para una población que no cuenta con una sede municipal, ni tiene acceso a los servicios básicos de luz y agua las 24 horas del día, y donde se pretende implementar un hospital -en una zona de protección- en la que es inviable su construcción.

Por todo lo dicho, urge que los órganos competentes dicten sanción contra quienes dicen servir al pueblo, pero terminan lucrando a costa de sus necesidades. Y cuánto más pronto ocurra, mejor.