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Una publicación de la asociación SER

Mientras tanto, se consolida la república minera

Y en medio del barullo nacional que discute si el Perú es o no país de violadores, si aplicamos la pena de muerte, o en medio del agobio de pensar si vamos o no al mundial, la gente ha perdido de vista cómo sigue funcionando el país.

El Perú sigue marchando al compás de lo que el empresariado necesita, y sin duda el empresariado minero, es uno de los que más logra imponer sus requerimientos; y sino que lo digan las provincias.

En el sur del país, regiones como Apurímac y parte del Cuzco, están ya hace varios meses bajo declaratorias de Estados de emergencia, sitiadas no solo por la policía sino por tropas militares, cuya finalidad es custodiar y asegurar el desarrollo de las actividades mineras de proyectos como Las Bambas.  En algunas provincias de estas regiones, la declaratoria es “preventiva” ¿qué significa esto?, que pese a que no existe ningún acto que perturbe al orden público, el gobierno -sin duda- a pedido del demandante sector minero, les ha impuesto este estado, con la consiguiente restricción de derechos que implica  (libertad personal,  de transito, de reunión, entre otras), por si acaso la gente quiera protestar contra esta actividad, asegurando así que las comunidades por donde todos los días transitan los vehículos pesados de las mineras, con sus cargas de materiales tóxicos y demás, no digan nada.

El Estado de emergencia preventivo, es una figura novedosa creada en este país para neutralizar a los pueblos que quieren denunciar las lesivas actividades mineras.  Figuras antijurídicas similares, como las “denuncias preventivas” para procesar a líderes sociales por algo que no han cometido pero que “se presume” pueden cometer, es otra innovación en los lugares donde se quiere limitar el derecho a la protesta contra los proyectos mineros. Cómo pasar por alto una fórmula legal tan útil para los propósitos mineros, como rentable para el gobierno, la de los Servicios Extraordinarios Complementarios de la Policía Nacional, que no es otra cosa que el alquiler de contingentes policiales a empresas de este rubro para que puedan custodiar de manera privada a las mismas.

Pero no, las diferentes y novedosas fórmulas creadas por este Estado junto a las empresas mineras, no se restringe a estos ejemplos, muchas situaciones más están puestas en juego para imponer esta actividad extractiva. Lo grave es cómo no hay reparo en marginalizar incluso derechos básicos de los ciudadanos, para dar pase a intereses privados.  El sociólogo e investigador Francisco Durand ha encontrado una definición adecuada para este modelo de Estado, la “República Empresarial”, aquella que despliega estrategias deliberadas para imponer un poder específico que coadyuva a las prácticas impositivas del modelo de desarrollo extractivista de captura del Estado.   

Al parecer este tipo de “República” se esta consolidando aquí, los elementos que traigo a colación así lo corroboran, el Estado parece girar en función a los intereses minero-empresariales.  Este es un tema que debe interesarnos, entraña un asunto fundamental y estructural de este Estado, pero sobre todo toca nuestra ciudadanía y lesiona nuestros derechos fundamentales. 

Por ello, este 14 de octubre se volvió a ampliar mediante DS 93- 2017-PCM el Estado de emergencia preventivo en el distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento del Cusco. Se ordena que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, sigan en el control de estas comunidades; los ciudadanos tienen suspendidos parte de sus derechos básicos. Así estamos.