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Una publicación de la asociación SER

Minería ilegal en la cuenca amazónica

El pasado viernes 21 de junio, especialistas de 6 países amazónicos (Perú, Bolivia,  Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela) convocados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y con el auspicio de AVINA, se reunieron en la Secretaria General de la Comunidad Andina para analizar las implicancias de la minería ilegal en la cuenca amazónica.

Es importante señalar que la minería ilegal en cada uno de estos países tiene avances en diversos grados, así como su impacto. En el evento, cada representante de determinado país mostró una realidad similar que a continuación resumimos:

Bolivia: Existe muy poca información actualizada acerca de la situación de la minería ilegal. No se conoce el número de quienes empezaron a dedicarse a esta actividad debido a la privatización de las empresas mineras, lo que generó el despido masivo de unos 50 mil trabajadores. Estos se fueron asociando en cooperativas para aprovechar los desmontes y áreas de operación no usadas por empresas privadas. La  minería ilegal está vinculada a la minería cooperativizada. Actualmente, se está llevando a cabo el establecimiento de una nueva ley que está en proceso. Lo ilegal en Bolivia es “el que no tiene concesión, comercializa ilegalmente, además no tiene licencia ambiental, o no paga tributos”. Los impactos son difíciles de determinar, puesto que la minería formal opera en los mismos sitios. A lo largo del río Beni se han instalado numerosas operaciones ilegales. Otro tema interesante es que se ha creado la Empresa Boliviana del Oro (EBO), que registra la comercialización del oro y adquiriere la mayoría de la producción del oro.

Brasil: Actualmente 1,380 millones de hectáreas son afectadas por la  minería artesanal, principalmente en el norte, en la frontera con Venezuela. Se considera como minería ilegal aquella que no tiene autorización ambiental. La mayor cantidad de minería se concentra en Pará, en estados limítrofes, donde los garimpeiros (dragueros) invaden los países limítrofes. La producción total de oro de Brasil es de  67 toneladas, tendiente al crecimiento. Los “garimpos” extraen un poco más de 10 toneladas (estimado), aunque se asocian con empresas formalmente constituidas. Se estima que hay un total de 75,200 garimpeiros actualmente.

Colombia: El 63% de la minería que se lleva a cabo en Colombia es ilegal (Censo Minero, 2011). Se caracteriza por carecer de título minero y de inscripción en el registro minero. Asimismo, no existe estratificación: la norma no clasifica por dimensión de la explotación el tipo de minería. Hay un solo sistema para la titulación, los pequeños productores tienen que cumplir con los mismos requisitos que las grandes empresas. Además, existen las 3 ciudades más contaminadas con mercurio en el mundo, donde se ha detectado una contaminación mil veces por encima de los límites de la OMS. La normatividad no restringe la importación ni venta de mercurio y para los grupos al margen de la ley resulta menos sancionable el explotar oro o cobrar cupos que trabajar con droga. Las penas son menores. Además es fácil de transportar y comercializar.

Ecuador: La minería ilegal es una actividad relativamente reciente para el Ecuador. La mayor parte de los problemas se dan en la vertiente del Pacífico. Se considera ilegal la realización de operaciones, trabajos y labores mineras en cualquier fase sin título o sin el permiso legal correspondiente. Existen pocos datos oficiales, y poca diferenciación entre lo ilegal y lo informal, y está bajo control del ejército. La última reforma de la ley minera permite la destrucción de maquinaria usada en extracción ilegal. Actualmente, se ha iniciado la regularización, que incluye una petición en oficinas desconcentradas, se extiende un permiso (temporal o permanente), registro de la actividad y verificación de la información.

Perú: Hay campamentos ilegales en las 24 regiones del país. Existe contaminación considerable por esta actividad. En el 2002 se dio la ley de formalización y promoción de la minería artesanal. En el 2010 se prohibieron las dragas en Madre de Dios, y hoy en día está prohibida a nivel nacional con el decreto del 2010; asimismo, se delimitó una zona de exclusión minera en Madre de Dios. Y el 2012 se dieron decretos de interdicción, de control (a nivel regional y/o nacional), y la regulación de insumos químicos. La distinción entre informales e ilegales no está clara, solamente existe para el caso de Madre de Dios. El código penal tipifica el delito de minería ilegal y hay evidencias del aprovechamiento del proceso de formalización, así como de que empresas grandes y medianas están disfrazando de minería pequeña o artesanal para evitar tributos.

Venezuela: La minería ilegal se concentra en el estado Bolívar. Se considera que hay unas 15 mil personas involucradas en la minería a pequeña escala, bajo varias modalidades.  Actualmente se está creando un banco que compra el oro, y se espera aumentar la producción de oro y se realizan procesos de destrucción de dragas y/o equipos similares por parte de las autoridades.

Todo lo afirmado nos lleva a repensar qué acciones y retos deben emprender los países amazónicos, qué medidas deben tomarse y destinarse a articular, más aun cuando en muchos casos hablamos de minería ilegal transfronteriza, con equipos que cruzan las fronteras o los impactos transcienden los países, con responsabilidades compartidas y con acciones que deben ser asumidas en conjunto. Para ello existen espacios como el Tratado de Cooperación Amazónica o la Comunidad Andina. Resulta urgente más que nunca una articulación regional para enfrentar una amenaza común en un ecosistema tan único y especial como la Amazonía.

Algo interesante es que hablamos de números inciertos, desde el número total de personas que se dedican a esta actividad, hasta el tema de producción general, por tanto muchas de nuestras políticas públicas podrían estar destinadas al fracaso si es que desde su propuesta no responden a datos e información real.