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Una publicación de la asociación SER

No decisión y políticas públicas

Cuando se trata de las políticas públicas, a menudo se incide en el análisis de las acciones adoptadas por la administración pública. Ello tiene sentido en tanto, como señala Cortázar, las políticas públicas son “un flujo de interacciones y decisiones que implican el empleo de la autoridad pública con la finalidad de responder a situaciones consideradas problemas públicos; es decir, situaciones problemáticas que exigen la acción del Estado”[1]. Desde esta perspectiva, la decisión es un elemento clave, ya que “las políticas públicas son las acciones de la política y, como tales, aspiran a transformar intencionalmente la realidad”[2].

Sin embargo, es necesario tener en cuenta otra faceta que también se encuentra en el ámbito de las autoridades públicas, y que constituye, en palabras de Rivera, un conjunto no observable de no-decisiones. El trabajo de este autor sobre la no implementación del Consejo de Coordinación Intergubernamental como parte del proceso de descentralización, es de los pocos que estudia este lado de las políticas públicas en el país, mostrando que la no-decisión es relevante para determinar la intencionalidad política del gobierno frente a determinadas cuestiones[3].

En efecto, la no-decisión es un medio utilizado por las autoridades y funcionarios para detener demandas sociales, invisibilizar problemas, desarticular reivindicaciones, postergar pedidos y hasta eliminar los avances que se pudiera haber logrado en la implementación de las políticas públicas. Consecuentemente, la no-decisión se expresa en la inacción de la administración, con la finalidad de que ciertos temas no formen parte de la agenda pública o de que su atención se vea dilatada o limitada. Como recuerda Sanabria, existen situaciones en las que, si bien el Estado reconoce la existencia de un problema y puede llegar a establecer objetivos y estrategias, finalmente opta por no ir más allá; es decir, no adopta acciones específicas para solucionarlo[4].

A este respecto, un buen ejemplo es la dilación por décadas de la aprobación del protocolo para garantizar el aborto terapéutico. Como se sabe, tuvieron que pasar más de 90 años desde que el aborto terapéutico fuera despenalizado (este es legal en el país desde 1924) para que el ministerio de Salud finalmente cumpliera con publicar, en junio del 2014, la “Guía técnica nacional para la despenalización del procedimiento de atención integral de las gestantes en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas”.

Durante todo este tiempo, el sector salud no cumplió con aprobar los estándares administrativos y asistenciales para brindar atención a las gestantes en casos graves, como el embarazo ectópico (cuando la gestación del feto se realiza fuera del útero), la mola hidatiforme parcial con hemorragia de riesgo materno (que se produce cuando la placenta se convierte en un tejido cancerígeno), la neoplasia maligna que requiere tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia (cáncer), entre otros. Esta no-decisión afectó, a lo largo de todo el siglo XX e inicios del XXI, a las mujeres que sufrían dichas enfermedades, poniendo en grave riesgo su vida e integridad física.

Otra situación similar de no-decisión es la no creación de áreas naturales protegidas –como ocurre con la categorización como Parque Nacional del área reservada Sierra del Divisor, que espera ser aprobada desde hace nueve años –. También lo son la parálisis administrativa que no permite dar una salida a los problemas de demarcación territorial que existen a lo largo del territorio nacional y la no realización de consultas previas en el sector minero por parte del ministerio de Energía y Minas. En este último caso, según las propias palabras de la ministra Rosa Ortiz, “es obvio, y no se trata de tapar el sol con un dedo, que no ha habido voluntad de hacer consulta previa antes”[5], por lo que correspondería determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Aunque algunas veces la ausencia de una decisión estatal con respecto a determinados temas tiene como origen aspectos de índole legal, técnica o administrativa cuya resolución es compleja y la administración pública no tiene capacidad para abordarlos, en otras ocasiones nos encontramos frente a motivaciones de índole política que expresan una postura contraria a la que es demandada socialmente, o simplemente se considera que los costos de la no-decisión son inferiores a los que implicaría adoptar una medida que resolviera el problema.

Cuando ocurren este tipo de situaciones, no es suficiente el reconocimiento público de supuestas descoordinaciones e irregularidades, o anunciar indagaciones administrativas a cargo de la propia entidad, sino que es necesaria la intervención de organismos de control político –el Congreso de la República– y administrativo –la Contraloría General de la República–, que puedan investigar y determinar las responsabilidades funcionales para evitar que casos así vuelvan a ocurrir en el futuro.

El reconocimiento de los derechos y la atención de demandas sociales han exigido la lucha y el esfuerzo de miles de peruanos y peruanas. No podemos mirar a un costado cuando algunas autoridades y funcionarios se quedan de brazos cruzados e incumplen las leyes que están obligados a respetar.


[1]Cortázar, Juan Carlos(2002). Oportunidades y limitaciones para la reforma del Estado en el Perú de los años 90. Informe Final. CIES.

[2]Brugué, Quim (s/f). Políticas Públicas: Entre la deliberación y el ejercicio de autoridad. IGOP-UAB.

[3]Rivera, Carlos(2013). La (no) conducción intergubernamental del proceso de descentralización. El caso de inacción en las decisiones públicas para implementar el Consejo de Coordinación Intergubernamental (Perú, 2007-2011). Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencia Política. PUCP.

[4]Sanabria López, Juan José (1998). Antología de Teoría de la Administración Pública. Universidad Nacional Autónoma de  México y Escuela de Estudios Profesionales de Acatlán.

[5]http://ojo-publico.com/75/ministra-ortiz-no-hubo-voluntad-politica-de-hacer-consulta-previa