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Una publicación de la asociación SER

No más derrames ni negligencias

En una columna publicada recientemente, señalé que tras los derrames de petróleo en Loreto, Amazonas y Cajamarca, era necesario abordar algunos aspectos clave para atender este tipo de problemas, entre los que se encuentran “la mejora de los mecanismos de vigilancia y monitoreo de las operaciones con participación de la población local; el diseño de protocolos efectivos de control de las emergencias para evitar, entre otras cosas, que los trabajos de limpieza sean desarrollados por niños y adolescentes; y los mecanismos de reparación e indemnización de las poblaciones afectadas, que implica mucho más que proveerles de agua y víveres durante algunas semanas”.

Junto a tales puntos, que implican una reorganización de la forma en que vienen actuando Petroperú y los organismos supervisores del Estado, creo que resulta pertinente plantear para el debate otros temas a fin de evitar que se repitan hechos que afectan la vida y la salud de la población y causan graves perjuicios al ambiente.

Un primer aspecto se refiere a los mecanismos de participación de las poblaciones locales. Como se sabe, la construcción de la mayoría de ductos de hidrocarburos ha sido realizada en épocas en las que no se contaban con instrumentos de participación o los que existían se reducían a actividades informativas. Las poblaciones no intervienen en la gestión de obras de infraestructura que atraviesan los territorios que habitan y tampoco las empresas operadoras conocen las visiones y propuestas de quienes se ven obligados a realizar su vida diaria al lado de elementos ajenos al entorno. Junto a esta deficiencia, cabe prestar atención e investigar las denuncias realizadas por Petroperú y otras empresas privadas sobre supuestos actos de sabotaje que no sólo afectan la infraestructura sino perjudican los derechos de las personas y el ambiente. De ser cierto esto, deben adoptarse las medidas de seguridad necesarias, pero ello debe estar acompañado de un proceso de involucramiento de las poblaciones en la gestión de los ductos.

En segundo lugar, resulta necesario verificar el contenido y alcance de los contratos de seguro que deben suscribirse para garantizar el adecuado desarrollo de las operaciones de transporte de hidrocarburos y afrontar los eventuales accidentes que puedan producirse. Los seguros no sólo deben considerar la protección de la empresa, sino a todos los que resulten afectados. Además, deben incluirse mecanismos ágiles y transparentes para garantizar que las primas se hagan efectivas.

Como tercer punto, debe iniciarse un proceso de evaluación de la burocracia encargada de la gestión de Petroperú. Los derrames de petróleo han sido recurrentes durante los últimos tiempos y ello da cuenta de que quienes están a cargo no vienen cumpliendo sus tareas de manera adecuada, por lo que deben tomarse las medidas correctivas del caso. Exigir el cumplimiento de responsabilidades es un requisito sine qua non para la adecuada marcha de cualquier organización, y más cuando se trata de una entidad estatal.

Un cuarto punto es el doble rasero utilizado por los organismos estatales encargados de la supervisión y la indignación recién manifestada por las autoridades del sector ambiente. Si la imposición de sanciones hubiera sido igual de rigurosa en los casos en que los derrames de petróleo y gas se produjeron en operaciones conducidas por empresas privadas, tal vez la industria de los hidrocarburos no estaría teñida de negro por contaminar reiteradamente nuestra Amazonía.

Por supuesto, estos temas no son los únicos que deben ser revisados pero se avanzaría de forma sustantiva si es que el próximo gobierno decide tomar al toro por las astas. La salvaguarda de la vida humana está en primer lugar y por ende no deben escatimarse esfuerzos para que una actividad relevante para el país como es la explotación de los hidrocarburos, no se convierta en un sinónimo de tragedia e irresponsabilidad.