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Una publicación de la asociación SER

Pandemia e impunidad: ¿Y las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos?

Foto: La República

Ana María Vidal. Abogada

Que lo urgente no nos robe lo importante. Ahora, más que nunca, sí es urgente la entrega de bonos inmediatos para poder sobrevivir. Porque el Covid-19 no afecta a todas las personas por igual, ataca a quienes están en mayor vulnerabilidad. Y porque esta pandemia nos demostró que esa informalidad y desigualdad que muchas personas denunciábamos desde antes puede ser fatal cuando llegan factores externos. Ahí no hay tabla de salvación que valga.

El Perú no ha cambiado, por el contrario, sus desigualdades amenazan con potenciarse aún más. Sus instituciones siguen anquilosadas en la corrupción. Hoy nos enteramos de que, en la misma policía, uno de sus miembros era proveedor de material de sanidad que vendía sobrevalorado. Hace unos días, fue el caso del Ministerio de Cultura con la contratación de “Richard Swing” y las cero políticas culturales para enfrentar la pandemia. La lista de casos de corrupción en plena emergencia es demasiado extensa, lamentablemente, y será inabarcable en los casos que vengan a futuro.

Lo peligroso de todo esto, es que las políticas que tenían que ejecutarse para garantizar derechos van quedando en el olvido. En teoría son solo cuatro derechos relacionados con la libertad los que nos han restringido desde mediados de marzo con el estado de emergencia. Sin embargo, en la práctica, son muchos más los derechos humanos cercenados de facto.

Son los derechos laborales con la “suspensión perfecta” de miles de trabajadores. Es el derecho a la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en pro de la reactivación económica, porque mientras la CONFIEP se sienta a hablar con el gobierno sobre cómo se efectuará, los pueblos indígenas andinos, quienes se verán afectados de manera directa con esta repotenciación de la minería o de los megaproyectos, ni siquiera son nombrados por el gobierno (¿se han dado cuenta de que solo se habla de los pueblos indígenas de la Amazonía?).

Son los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Las víctimas de esterilizaciones forzadas, por ejemplo; ellas vienen exigiendo desde hace décadas, justicia, verdad y un programa de reparaciones, así como ya existe para las víctimas del conflicto armado interno. La justicia por el momento está trunca mientras no se renueve el proceso en el Poder Judicial. Y sus derechos a la reparación permanecen olvidados por el Poder Ejecutivo. Hasta ahora los sucesivos gobiernos solo firman compromisos, dicen que ya van a empezar, pero aún nada. En diciembre de 2016, dijeron que empezarían con una mesa para el diseño de una política de reparaciones. Estamos 2020, y aún no hay norma de creación de la mesa ni política de reparaciones. Hace 8 meses las víctimas le cuasi rogaron a la entonces ministra Revilla. Su respuesta: se necesita un diagnóstico, el peloteo multiplicado a mil. Hace medio año desde el Ministerio de Justicia ofrecieron tener el diagnóstico en unos pocos meses para empezar esta política. Bueno, ya pasó el plazo y hasta ahora del programa de reparaciones no tenemos nada.

Y así, la lista es interminable, las personas afectadas en su salud por los metales pesados producto de la minería, las comunidades afectadas por el petróleo que sigue contaminando sus ríos, sus bosques y su vida.

El Covid-19 inmovilizó en los primeros días a todo el país y todos los esfuerzos del gobierno se enfocaron en cómo soportar el terremoto interminable. Pero no se puede borrar de un plumazo todas las violaciones de derechos humanos que siguen perpetrándose de manera continuada contra las víctimas, que aún no ven reparados sus derechos y que siguen exigiendo también que se empiecen a implementar ya las políticas públicas para proteger sus derechos. La entrega de bonos urgentes e inmediatos es un derecho, sí, pero la entrega de este no puede estar atada a que el gobierno renuncie a su obligación de seguir trabajando por garantizar todos los derechos.

Si desde el Estado y la sociedad no se entiende que el virus nos golpea de manera más fuerte que en otros países debido a la desigualdad, la discriminación, la informalidad y el no reconocimiento de derechos de la ciudadanía, y que a la par de la lucha urgente contra este coronavirus tenemos también que construir políticas públicas que aseguren derechos a largo plazo para todas las personas en el Perú;  lo único que lograremos será terminar con los poquitos visos del país republicano sobre el cuál creíamos estar.