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Una publicación de la asociación SER

Para acabar con el blindaje y la impunidad de Los Cuellos Blancos

Foto: Congreso de la República

Ruth Luque. Abogada

Existen alrededor de 100 denuncias constitucionales (DC) en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, presentadas desde el 2016 que este nuevo Congreso tendrá que revisar, de este conjunto es prioritario e ineludible atender todos los casos vinculados a “los hermanitos” también conocidos como “Los cuellos blancos”. Es imprescindible acabar con la mala aplicación del principio de legalidad y debido proceso que hizo la mayoría fujimorista y sus aliados del Congreso disuelto, con el único fin de blindar y garantizar impunidad a los corruptos. Aquí hacemos una rápida memoria de algunas de las denuncias pendientes:

1) DC N° 247 presentada por el Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde, contra los ex miembros del CNM: Guido Águila Grados, Julio Gutiérrez Pebe, Sergio Noguera Ramos, Orlando Velásquez Benites y el ex Vocal Supremo César Hinostroza Pariachi, por los presuntos delitos de organización criminal y otros delitos. Esta denuncia constitucional ingresó a la mencionada Sub Comisión en setiembre del 2018, y como se recordará la mayoría fuji aprista decidió con interpretaciones antojadizas no priorizarla. Mencionaron inicialmente que los hechos ya habían sido investigados, para luego señalar que quien había presentado la denuncia no tenía las competencias para ello y así se extendió su plazo, luego en julio del 2019 fue declarada inadmisible acordando que la Fiscalía de la Nación subsane. En el mismo mes, la Fiscalía de la Nación se ratificó en la denuncia aclarando que el Fiscal Sánchez sí tenía facultad para presentarla, y luego el congresista Gino Costa la hizo  suya para evitar la recurrencia a formalismos que no tenían ningún asidero.

2) DC N° 322 presentada por la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos contra el Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarri, por haber obstruido la investigación contra Keiko Fujimori y su participación en el deslacrado ilegal de sus oficinas. Esta denuncia ingresó en mayo del 2019 a la Sub Comisión y en junio del mismo año gracias a la mayoría fuji aprista fue declarada improcedente por mayoría de votos y procedente sólo en un extremo. Por increíble que parezca, desde junio del 2019 la Comisión Permanente no la priorizó en su agenda el otorgamiento de plazo para la investigación en este caso y así quedó en el olvido.

3) DC N° 342 presentada por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, contra el “hermanito” ex integrante del CNM Guido César Águila Grados por haber intercedido a favor de Pedro Elmer Morales, quien tenía una investigación por colusión agravada, ante la Fiscal de Junín María del Pilar Paredes ¿Qué hizo Guido Águila? Lo que muchos de los audios de la vergüenza nos mostraron: “pedir favorcitos”. Esta denuncia fue presentada en setiembre del 2019 y está pendiente de calificar en la Sub Comisión.

Además, existe la obligación de este Congreso en presentar nuevas denuncias constitucionales. Por ejemplo, contra Tomás Gálvez, cuya denuncia fue archivada gracias a votos de la mayoría fuji aprista. Gálvez, debe responder por su pertenencia a la organización criminal “Los Cuellos Blancos”. De otro lado, la Junta Nacional de Justicia, tiene que determinar si debe o no continuar como Fiscal Supremo Titular. Y no olvidar al ex congresista fujimorista Hector Becerril, quien en su recordado audio “reunión en casa de Guido Águila en Trinidad Moran” intercedió, a nombre de Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, para el voto por el consejero Julio Gutiérrez Pebe a la presidencia del CNM. Los hechos fueron investigados y enfáticamente el informe del ex Congresista Oracio Pacori recomendó su acusación, pero una vez más fueron el fujimorismo y sus aliados los que con sus votos archivaron este caso y determinaron que fuera la Comisión de Ética la que vea el caso. Becerril negó haber asistido a reuniones, pero el 17 de setiembre del 2019 el exconsejero Guido Águila señaló en el despacho del fiscal José Domingo Pérez que se reunió hasta en tres oportunidades con este.

Todas estas historias de blindajes y apelaciones a formalismos legales deben ser descartadas y puestas de lado por el nuevo Congreso. Y es imprescindible recordarle a todas las bancadas que los vergonzosos audios que evidenciaron la cadena de favores y vinculaciones  -redes entre la justicia, políticos y empresarios- tienen que ser sancionados. Que el procedimiento de acusación constitucional sirva para garantizar las investigaciones de Fiscales que luchan contra la corrupción y no se vuelva nunca a poner zancadillas ni obstrucciones a esta labor.