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Una publicación de la asociación SER
Politóloga por la UNMSM. Trabaja como consultora en democracia interna y procesos partidarios. Sus temas de interés académico son los estudios de los procesos y reformas electorales.

Paridad y alternancia: Cuestión de decisión

A pesar de que las mujeres somos mayoría en el padrón electoral, nuestra presencia en cargos de elección popular y espacios de toma de decisiones, es muy baja. Hasta la fecha no hemos tenido puestos en los cargos de representación popular que sean acordes con nuestra presencia en el padrón electoral, es decir, hemos y seguimos estando sub-representadas.

Con los resultados de las elecciones regionales y municipales 2018, podemos ser testigos una vez más de la poca representación que tenemos las mujeres. Los resultados[1] son perjudiciales en todos los niveles de gobierno que fueron sometidos a elección.

A nivel regional, de 25 gubernaturas, ninguna es dirigida por una mujer, de 25 vice-gubernaturas, solo 5 son representadas por mujeres y de 328 consejerías, solo 63 son ocupadas por mujeres. A nivel provincial no es distinto, ya que, de 196 alcaldías, solo 7 son dirigidas por mujeres y de 1764 regidurías, solo 453 son representadas por mujeres. En la misma línea va el nivel distrital, ya que de 1666 alcaldías solo 81 son dirigidas por mujeres y de 8891 regidurías solo 2733 son ocupadas por mujeres.

La cuota de género del 30% ha resultado insuficiente para resolver el problema, la solución radica en incorporar la paridad y alternancia de género en la normativa electoral. Paridad y alternancia[2] son los mecanismos que mejoran la aplicación de la cuota de género ya que demanda que -al armar una lista- las organizaciones políticas deban colocar a una mujer y a un varón alternadamente desde el primer hasta el último puesto, garantizando así que haya igual número de elegidos y elegidas.

Frente a ello, un nuevo llamado para el cambio ha sido realizado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que presentó en su informe final propuestas de reforma legal que modifican las normas vigentes a efectos de incorporar paridad y alternancia en las listas de candidatos a cargos de elección popular y dirigenciales en los partidos políticos.

Las propuestas son:

● Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional e incorpora la paridad y alternancia para las listas de candidatos al Congreso.

● Proyecto de ley que modifica la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales sobre los sistemas electorales regional y municipal que incorpora la paridad y alternancia para las listas de candidatos a consejerías regionales y regidurías municipales.

● Proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos que establece que las listas de postulantes a los cargos de dirección del partido político deben ser asumidos por 50% de mujeres y 50% de varones.

Todas las propuestas han sido recogidas por el presidente de la República, Martin Vizcarra, quien el miércoles 10 de abril las remitió al Congreso de la República para su debate y posterior aprobación.

Como argumentos para adoptar la paridad y alternancia podemos mencionar que su incorporación mejora la representación ya que la inclusión de sectores históricamente sub-representados de la política es de vital importancia para una mayor participación y representación de las demandas ciudadanas en un sistema democrático. Dentro de esos sectores sub-representados nos encontramos las mujeres.

Añadido a ello, las medidas cuentan con el apoyo de la ciudadanía. La última encuesta de IPSOS-PERÚ señala que el 77% de peruanos y peruanas está de acuerdo con que las listas tengan 50% varones y 50% mujeres.

También cabe destacar que nuestro país ha suscrito diversos tratados internacionales que promueven este tipo de medidas con la finalidad de garantizar la igualdad política de la mujer entre ellos tenemos la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Tratado sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Además, internamente se promueve en la legislación nacional la igualdad de género, con la Ley Nº 28983, donde se establecen medidas de acción positiva encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre las mujeres y los varones.

Y es importante destacar que en la región es clara la tendencia a implantar políticas de cuota de género con mandato de alternancia, países como Argentina, Bolivia, Ecuador y México son ejemplos de ello.

Finalmente, podemos decir que la necesidad de incluir la alternancia y paridad como mecanismos que permitan asegurar la participación efectiva de las mujeres en la política, ya cuenta con el conocimiento del Parlamento[3], evidencia de ello es que desde el 2001 hasta el 2018 se han presentado 11 proyectos de Ley que incluyen las medidas.

Esperemos que las propuestas sean aprobadas y en el 2021 contemos con un Parlamento realmente representativo para las mujeres. Las cartas ya están sobre la mesa, esperemos que el Parlamento sepa resolver.

La paridad es un derecho no un privilegio.

¡Somos más de la mitad y demandamos paridad!

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Marisol Cuéllar pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.

 

[1] Datos obtenidos del portal “Infogob” del Jurado Nacional de Elecciones.

[2] Definición utilizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

[3] Fuente: Congreso de la República.