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Una publicación de la asociación SER

¿Pena de muerte sí, aborto por violación no?

He oído y leído el “debemos defender la vida” o el “las mujeres no son Dios, para decidir quién vive y quién no” tantas veces, que he llegado a hastiarme. Si la consigna es defender la vida a toda costa, y que sólo Dios (irónicamente, en un Estado laico) puede decidir quién vive y quién no ¿por qué apoyar la pena muerte? ¿Sólo cuando me conviene defiendo la vida?

Para referirnos al aborto por violación y la pena de muerte, debemos tener claros cuatro puntos: Primero, la vida y la dignidad son derechos fundamentales, y su defensa es el fin supremo del Estado. Segundo, la vida y la dignidad van de la mano, sin dignidad no hay vida. Tercero, según la Constitución, el Estado peruano se concibe como un Estado que garantiza la libertad de ideologías y religiones; es por ello que se le considera un Estado laico y por lo que cualquier intromisión religiosa en aspectos políticos, legales y/o de derechos fundamentales es inconstitucional. Y cuarto, el aborto por violación protege derechos fundamentales, mientras que la pena de muerte no, y además es jurídicamente imposible.

La violación sexual es un crimen que vulnera varios derechos a la vez: La vida, la libertad, la dignidad, y la salud, y es el Estado el responsable de generar las acciones necesarias para restituirlos y garantizarlos. Por otro lado, todo embarazo impuesto afecta, igualmente, estos mismos derechos ya vulnerados. Además, cualquier persona o entidad estatal que promueva tal imposición estará incurriendo en una violación de derechos fundamentales.

Si bien nuestra legislación protege igualmente la vida del concebido “en todo cuanto le favorece”, el Tribunal Constitucional del Perú, en el expediente No.0050-2004-AI/TC, señala que “los derechos fundamentales no tienen la calidad de absolutos, el derecho a la vida tampoco lo ha tenido”. Es decir, el Estado está obligado, tanto por la Constitución como por los convenios internacionales (artículo 4, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”), a proteger la vida de las mujeres víctimas de violación, garantizándoles y restituyéndoles la titularidad absoluta sobre su derecho a la vida y a la dignidad.

En cambio, la pena de muerte es imposible. Para que ella pueda aplicarse, no sólo se requiere modificar el Código Penal, sino también reformar nuestra Constitución Política e ir en contra de tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado peruano, y por el cual este está obligado a no reestablecer la sanción máxima.

Por más grave que haya sido el delito cometido, el Estado peruano -y ningún otro, en mi opinión- no puede arrogarse el derecho de poner fin a una vida. Además, lejos de ser justicia, la pena de muerte implica una venganza social que no impedirá que se sigan cometiendo actos delictivos a futuro.

Por otro lado, siendo el Poder Judicial una de las instituciones que menos confianza genera en la sociedad peruana, cómo estaremos seguros de la certeza de sus decisiones al momento de determinar quién vive y quién no. ¿Qué pasa con todas las personas inocentes que han sido mal juzgadas y sentenciadas? Con la pena de muerte ya no hay marcha atrás. No es posible resarcir ninguna equivocación.

Más aún, la pena de muerte no resuelve ningún problema. Y es que los males de fondo son la ineficacia del sistema judicial, la falta de un buen plan de reinserción social que incluya la educación en derechos humanos para los internos sentenciados y procesados, y el aumento de penas y figuras delictivas sin las reformas previas y profundas que necesitan el Poder Judicial y la Policía.

No es posible hacer una comparación del aborto por violación y la pena de muerte. El primero restituye derechos fundamentales, mientras que la segunda los arrebata. Es una persona que aún no nace, frente a una vida ya completa.  El aborto por violación no disminuye las violaciones ni garantiza una justicia victoriosa, pero sí devuelve la libertad y dignidad perdidas; en cambio, la pena de muerte no sólo no resuelve nada, sino que también daría pie al nacimiento de nuevas atrocidades e injusticias incalculables.  

Lo que necesita el país para combatir la delincuencia es mayor efectividad y celeridad en la administración de justicia y aplicación de penas. Y, sobre todo, educación en todos los sectores del país; más campañas vecinales en educación de derechos humanos, con especial énfasis en aquellos lugares dónde prolifera la delincuencia. No necesitamos muerte, nos urge educación.