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Una publicación de la asociación SER

Postergados: “Aprendo en casa” y sus falencias para atender al colectivo de personas con discapacidad

Fotos: Sociedad y Discapacidad - Sodis

Pamela Smith. Directora Ejecutiva SODIS

Jocelyn tiene 12 años y parálisis cerebral. El lanzamiento de “Aprendo en Casa” le ha permitido “ser parte de una clase” después de cuatro años. Paradójicamente, desde que su familia decidió mudarse a Lima desde Chanchamayo en busca de mejores oportunidades laborales y educativas, Jocelyn no ha vuelto al colegio. Dos escuelas le negaron una vacante, la más cercana se situaba a casi a dos horas de viaje; Hilda, su madre, estuvo dispuesta a sortear la distancia y las barreras físicas del entorno (Jocelyn es usuaria de silla de ruedas) pero no pudo lograr su matrícula pese a haber solicitado la intervención de la UGEL Nº1 -que regula Manchay- y el Ministerio de Educación. Hilda comenta que Jocelyn se muestra entusiasta al encender la TV y ella trata de acompañarla “haciendo lo que puede”. Las ganas de aprender de Jocelyn se mantienen intactas a pesar de no aparecer en ningún registro del sistema educativo ni recibir ningún tipo de apoyo.

La declaratoria del estado de emergencia en el marco de la crisis Covid-19 ha traído como consecuencia la suspensión de las clases presenciales y con ello, un enorme desafío sobre el sector educación para asegurar la continuidad del servicio en este contexto. No obstante, el esfuerzo materializado en el lanzamiento de la estrategia “Aprendo en Casa”, ésta no incorpora medidas específicas para incluir a estudiantes con discapacidad. Estas omisiones, sumadas a la ausencia previa de una política educativa de atención a la diversidad, confluyen en acelerar la postergación histórica que ha sufrido este colectivo en el sistema educativo.

La accesibilidad abre la puerta para el ejercicio del derecho a la educación y el reto es grande: según las cifras del Censo Escolar 2019 del Minedu de los 67,000 estudiantes con discapacidad incluidos en la escuela regular, un 14% presenta discapacidad visual, 25% tiene discapacidad auditiva (no todos ellos son usuarios de lengua de señas y tampoco saben leer) y 52.1%, discapacidad intelectual. Estos datos exigen que se pongan a disposición una serie de medidas: recursos gráficos, compatibilidad de las plataformas con lectores de pantalla, subtitulado, etc.

Por otro lado, muchas familias -particularmente de estudiantes con discapacidad intelectual y condiciones similares- han asumido la labor de asegurar que sus hijos e hijas con discapacidad no vean frustrada su trayectoria educativa en este contexto. En circunstancias no excepcionales, la función de orientar y acompañar a los docentes para proveer apoyo educativo recae en el Servicio de Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), el cual cubría apenas al 20% de instituciones educativas públicas que lo requieren, de acuerdo a un estudio del propio Minedu.  En la mayoría de escuelas privadas se ha instalado la práctica de obligar a las familias a contratar a su costo “maestras sombra”, condicionando la matrícula a esta contratación.  De esta forma, la inclusión formal en la escuela estuvo sujeta a la capacidad económica de las familias; por su parte, en la escuela pública, a la buena voluntad de los docentes y a la suerte de ser alcanzado por el SAANEE.

La provisión de apoyos a los docentes para que puedan atender la diversidad de sus estudiantes es crucial en el contexto de emergencia sanitaria.  Sin apoyos y sin ajustes no es posible hablar de una educación inclusiva de calidad, que prevenga la deserción escolar y que contribuya a cerrar la brecha que se traduce en bajo nivel educativo y limitadas oportunidades de inclusión laboral (62 de cada 100 personas con discapacidad tienen un nivel de instrucción inferior al secundario, según la Encuesta Nacional de Discapacidad ENEDIS 2012).

Resulta imprescindible que se diseñe a corto plazo una estrategia articulada para brindar apoyos a los docentes y asegurar un acompañamiento activo con la intervención de docentes con experiencia en educación inclusiva, voluntariado conformado entre otros por estudiantes de institutos de formación docente, para asegurar una respuesta pedagógica solvente. En un escenario post pandemia, es importante formular alternativas a los servicios de apoyo ya existentes, que en la práctica han evidenciado sus limitaciones.

El caso de Jocelyn y su familia grafica las barreras que enfrentan los niños y niñas con discapacidad para acceder a un sistema educativo que les ha dado la espalda. Es momento que el MINEDU asuma esta deuda pendiente respondiendo a las exigencias de esta crisis, pero también priorizando las demandas de un colectivo que no debería encontrar en la escuela como su primer espacio de exclusión en la sociedad, sino por el contrario la oportunidad para adquirir habilidades que les permitan una real inclusión social.

Sodis

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