Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Precisiones sobre la Consulta Previa

Las últimas declaraciones de la ex ministra de Cultura ante una revista local de espectáculos, debieran llamar la atención al nuevo ministro del sector respecto al compromiso que tendrá el gobierno de PPK en relación a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios como derecho consagrado por el Perú, no sólo por haber suscrito y ratificado el Convenio 169 de la OIT sino por el añadido de contar con una normativa nacional sobre su implementación (Ley 29785 y  su Reglamento mediante D. S. Nº 001-2012-MC).

Hay varias afirmaciones de fondo que preocupan sobremanera, más aún si surgen de la persona que tenía la mayor responsabilidad del sector.

El proceso de consulta previa tenía pendiente la culminación de la base de datos para la identificación de los pueblos indígenas y esta acción no era muy simple, como afirma la exministra con ligereza. No se trata de una mera relación de poblaciones a las que habría que acercarse a informarles y explicarles lo buena que será la presencia del tipo de inversión privada que le interesa promover a la exfuncionaria. Por otra parte, y en el mismo sentido, decir que la consulta previa sólo es “una buena forma de informar a los pueblos indígenas los cambios que se realizarán con la inversión privada”, porque no es vinculante, es terriblemente preocupante, y demuestra una gran ignorancia de los alcances e intenciones del Convenio 169, en cuyo marco se ubica nuestra legislación.

No se trata de un tema de desinformación e ignorancia de un grupo de personas que supuestamente están ajenos a las bondades de la gran inversión privada. Se trata de comprender lo que significa la construcción de un diálogo intercultural en el que el punto de partida no es “evangelizar”, “civilizar” o informar a los otros, sino establecer una relación en la que se intercambian enfoques, experiencias, vivencias, aspiraciones, valores, intentando superar las notables asimetrías de poder existentes.

La experiencia cercana y penosa de los acontecimientos de Bagua o de los derrames de petróleo en el norte amazónico, muestran cuán poco conocemos y valoramos a otros peruanos y peruanas, y que únicamente cuando ocurren hechos dramáticos como los acontecidos en tales territorios, es que apenas empezamos a comprender la naturaleza multicultural de una nación en formación como es el Perú. De allí las afirmaciones nada acertadas de la saliente ministra de que la inversión privada se tiene que realizar sí o sí, y que solamente se trata de informar a la gente que puede afectarse, que los pueblos indígenas están contentos que se les informe sobre la inversión que les va a llegar; que la aplicación de la ley “no ha sido tan traumática”; y finalmente, se ha generado confianza y hasta paz social. Justamente lo contrario; esos enfoques y acciones ausentes de lo que significa la interculturalidad, constituyen la fuente de la generación y persistencia de muchos de los conflictos sociales y ambientales que subyacen en el país.

La consulta previa y su carácter no vinculante no debiera ser un medio o excusa para imponer decisiones ya establecidas desde el poder central de los gobiernos, sino la oportunidad de construir relaciones y diálogo con mayor equidad, para llegar a establecer acuerdos y decisiones lo más consensuados posibles que garanticen la salvaguarda de las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el ambiente de los pueblos originarios.

Únicamente mencionaremos otros aspectos de dicha entrevista, como la colocación de la primera piedra del futuro Museo Nacional de Arqueología en Pachacamac, presentado como un supuesto gran legado de la gestión del gobierno anterior, cuando a opinión de diversos especialistas merece por lo menos mayor debate, para determinar hacia dónde se deberían orientar las prioridades del sector Cultura en la puesta en valor del muy abandonado patrimonio cultural arqueológico que posee el país. Cabe también referirse al cuestionable enfoque de restarle responsabilidad al Estado en su rol de protección y puesta en valor del patrimonio cultural, dando por supuesto que no hay ni habrá recursos para el sector por lo que se requiere de normas que promuevan el mecenazgo y la concesión a privados de los sitios arqueológicos para garantizar su cuidado y conservación.

Es pertinente aclarar que no hay ni habrá rechazo a la participación del sector privado y de la sociedad civil en la gestión del patrimonio cultural. De lo que se trata es de garantizar la presencia rectora, promotora, fiscalizadora y también sancionadora –cuando se requiera- del Estado peruano, para dirigir lo que creemos debe ser la apropiación social del patrimonio cultural y su rol como componente fundamental en la planificación del desarrollo territorial, desde una estrategia nacional de diversificación económica y productiva del país, hacia donde converjan las diversas iniciativas de inversión privada y no sólo las extractivas. Por lo tanto, no es un tema de discurso de izquierdas o derechas, sino debe ser parte de la construcción consensuada de un proyecto nacional, con visión de futuro y revalorando las identidades de los diversos pueblos del país.

El nuevo ministro tiene la palabra para un tratamiento más firme de la consulta previa y una mejor comprensión sobre la importancia del patrimonio cultural para el desarrollo nacional.