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Una publicación de la asociación SER

¿Qué dice tu candidato/a sobre la corrupción y la inseguridad?

Foto: Proética

Alfredo Quintanilla

Una encuesta de Ipsos realizada en Lima Metropolitana en vísperas del aniversario de su fundación, revelaría que, según El Comercio, las preocupaciones de los limeños habrían cambiado en el último año, pasando de considerar a la contaminación ambiental y el transporte público como los principales problemas de la ciudad, a manifestar su alarma por la inseguridad, la violencia contra la mujer y la presencia de venezolanos.

Es necesario puntualizar que El Comercio se refiere a “las preocupaciones”, es decir, a la apreciación subjetiva de los encuestados sobre la incidencia de los problemas en su vida cotidiana, cuando, objetivamente, los problemas mencionados no han sido resueltos el año pasado. Más aún, otros de igual o peor magnitud como la corrupción, el desempleo, la pobreza o los accidentes de tránsito, ni siquiera son mencionados en la cartilla de preguntas de la encuestadora.

Llama la atención que el 73% de los varones escoja a la delincuencia / inseguridad como el peor problema, frente al 70% de las mujeres, cuando se supone que éstas constituyen la mayor parte de las víctimas. Lo que lleva a recordar lo elemental: una cosa es la percepción subjetiva del problema y otra la experiencia vivida. Es obvio que el 73% de los varones de la capital no ha sido robado o asaltado en sus calles durante el último mes.

Menos obvio resulta que Lima no es tan peligrosa como otras ciudades de Sudamérica y Centroamérica y en donde la percepción del problema es menor en las encuestas. ¿A qué se debe ello? Los expertos señalan a los medios de comunicación y su crónica roja matutina, como un factor que propicia un clima de inseguridad psicológica que retroalimenta las encuestas. Imaginemos cómo sería Lima si se suprimieran por sólo una semana las crónicas de asesinatos, asaltos, accidentes fatales y suicidios que endilga la televisión cada mañana a su público.

En cuanto al problema “violencia contra la mujer”, sí resulta lógico que la percepción femenina sea más sensible que la masculina (42% contra 33%), aunque el 78% las víctimas de los homicidios en el período 2011-2017 sean varones y no mujeres, según el INEI. El crecimiento de los casos de feminicidios (de 46 a 73 en ese período y más aún a 163 en 2019) y su repercusión en la prensa, sin lugar a dudas, ha disparado la sensibilidad ciudadana y su efecto en las encuestas.

Pero esta nota no tiene la intención de sopesar cada problema en detalle, sino fijarse en los ecos que su percepción trae en los candidatos a congresistas que entran en la última semana de oportunidades para convencer a los electores indecisos.

Así, la inmensa mayoría de los candidatos en cuyo diagnóstico figura en primer lugar la inseguridad, prometen -más que soluciones-, recetas simplonas para tratar los síntomas tales como aumentar el presupuesto policial así como el número de policías, serenos, patrulleros, motos, cámaras; militarizar las calles; un nuevo aumento de penas para los delitos; expulsar venezolanos; liberar de responsabilidad a la policía por el uso de armas; más cárceles y más armas en manos de civiles para hacer justicia por mano propia; y pena de muerte a raudales. Hay algunos candidatos que pertenecen a partidos que dicen tener una limpia trayectoria democrática, que alegremente, y es probable que, sin percatarse, están proponiendo medidas dignas de un Bolsonaro y sus hijos fascistas.

En efecto, esas soluciones convergen en que sólo pueden darse desde una política general “de mano dura” y en lo posible dirigida por un hombre fuerte, un salvador de la patria que ponga orden, un caudillo disciplinario y disciplinante.

Curiosamente, ninguno se fija en profundizar en las posibles causas, tales como atender los casos de deserción escolar de niños y adolescentes, como el problema-semilla que reproduce otros mayores.

Sin embargo, los candidatos que diagnostican que el problema principal de la sociedad y del Estado es la corrupción, apuntan a una de las causas más graves. Señalan que los corruptos son los que impiden una reforma integral para combatir el crimen organizado que es el de las mafias del narcotráfico, del contrabando, la minería ilegal, la trata, pero también aquellas de “cuello blanco” que se reparten los grandes contratos con el Estado e involucran a policías, fiscales, jueces, alcaldes, parlamentarios, ministros y presidentes, tal como lo ha puesto a descubierto el caso Lava Jato y que acostumbran usar la violencia contra los que amenacen sus intereses.

Los que quieren combatir la corrupción, quieren depurar fiscales que venden su silencio o malogran una investigación, jueces que venden sentencias, rebajan penas o liberan a criminales; quieren expulsar a jefes policiales y alcaldes que hacen negocios con las compras de patrulleros y cámaras de seguridad, que exigen coima para admitir denuncias, que chantajean a los acusados, que son negligentes a la hora de combatir a los rateros y a los perpetradores de agresiones sexuales a mujeres.