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Una publicación de la asociación SER

Reforma electoral: ¿por dónde empezar?

Con la instalación del nuevo Congreso han vuelto los interesados a plantear sus propuestas de reforma a la legislación electoral, tratando de influir en la agenda del grupo de trabajo de la Comisión de Constitución que preside la doctora Patricia Donayre (ex FIM, ahora FP). Pareciera, entonces, que la cuestión reside en ponerse acuerdo por dónde comenzar a arreglar los entuertos, ya sea por la creación del Senado como ha planteado Fernando Tuesta, por las elecciones internas de candidatos a cargo de la ONPE; por la eliminación del voto preferencial; por la alternancia hombre/mujer en la confección de listas de candidatos mandato de posición, como dicen las organizaciones feministas o por pasarla elección de los parlamentarios a la segunda vuelta, planteamiento de la ONG Transparencia.

Sin embargo, los interesados parecen no haberse fijado que en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular no figura en ninguna de sus 68 páginas ni siquiera una alusión a la necesidad de esa reforma. Sí plantea la necesidad de una reforma institucional para alcanzar a tener instituciones abiertas, inclusivas y que rindan cuentas, pero parecen estar satisfechos con la arquitectura diseñada en la Constitución de 1993. Como se recuerda, el fujimorismo hizo una reforma, como no se veía desde 1979, con la creación de un parlamento unicameral, de la ONPE, de un nuevo sistema electoral, así como de las vallas para la inscripción de partidos y la representación parlamentaria y de la cuota de participación femenina. Entonces, si la fuerza hegemónica en el Congreso no cree que los partidos estén moribundos, que no hay que aumentar presiones sobre el manejo de sus dineros, que el transfuguismo es un mal necesario, que la confección de las listas de candidatos es un asunto privado y no público; en resumen, si no está interesada en reformas estructurales en este aspecto, hay que notificar de antemano a los reformólogos, como gusta llamarlos Carlos Meléndez, que los esfuerzos que hagan tendrán sus límites.

Eso no es óbice, por supuesto, para debatir las propuestas que se quedaron en el tintero en el primer semestre del 2013 y sopesar su pertinencia y viabilidad en la nueva situación política. Eso supondría que, para hacerlo hay que tener un diagnóstico de cuáles son los males de la política peruana y cómo incidiría el cambio de reglas de juego electorales en el fortalecimiento del sistema de partidos, por ejemplo, aspiración más o menos consensuada. O de evaluar por qué unas propuestas no pasaron y otras sí. Lamentablemente el espacio es corto y pasaré por alto la explicitación de ellos.

Eliminación del voto preferencial. Empiezo, por decir que esa reforma ni siquiera debe ser planteada porque no será aprobada. Casi todas, por no decir todas, las legislaturas han examinado esta propuesta y desde hace treinta años no se aprueba, por la sencilla razón de que una buena parte de los legisladores ha sido beneficiada por este mecanismo, que les ayudó a saltar por encima de varios de sus colegas que estaban en puestos de mayor jerarquía. Se puede decir, además que voto preferencial, mata billetera.

Creación del Senado. Idem. Nuestro Congreso está tan desprestigiado (gracias a algunos de sus miembros y a la prensa amarilla que multiplica el escándalo) que nadie, o muy pocos en la sociedad, aprobarían la ampliación del número de parlamentarios. Si bien sería recomendable tener una Cámara –instituida sobre la base del criterio territorial- que revisara lo aprobado por los representantes elegidos hoy en proporción al número de electores por distrito electoral, como funciona en las democracias avanzadas; el agregar congresistas, sería tan impopular que nadie ha querido correr el riesgo hasta ahora.

Sanción a los tránsfugas. Esa sería una reforma necesaria y racional para adecentar la política y librarla de gente que sólo se guía por las oportunidades y no por principios, pero en este delicado asunto nadie se atreve a tirar la primera piedra, incluyendo a los leales ciento por ciento, porque saben que en el Perú la política da más vueltas que el planeta y mañana más tarde pueden verse en el trance abandonar su actual organización.

Elección de candidatos en internas organizadas por la ONPE. Hay que recordar que esta propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución en la segunda legislatura del 2012 y cuando pasó al Pleno del Congreso fue rechazada. Me consta que es un pedido de las bases provincianas de casi todos los partidos, pero seguramente hubo otras razones de las dirigencias partidarias que lograron convencer a la mayoría de sus miembros para que no la aprobaran.

Reelección de alcaldes y gobernadores. Contra toda la tradición política nacional, el año pasado se aprobó esta reforma. Pero hay voces de diversos partidos –y acaso entre la mayoría parlamentaria- que están dispuesta a revisarla. . La razón es que si bien no puede haber una reelección permanente (hubo y hay casos de alcaldes que gobiernan más de diez años continuos), una sola reelección aumentaría la eficiencia en la toma de decisiones, pues gracias a la volatilidad, a la gente le gusta cambiar alcaldes y el tiempo de aprendizaje en la gestión municipal toma al menos un trienio.

Elección de congresistas en segunda vuelta. Esta propuesta de la ONG Transparencia si bien quiere garantizar que quien sea elegido presidente de la república tenga también mayoría en el Congreso para garantizar la gobernabilidad, tiene a la base la idea de que los sistemas políticos bipartidistas son los mejores y para ello serviría este mecanismo, pues al polarizar la elección entre dos candidatos, obviamente la masa ciudadanía escogería entre los partidos de ambos a quien elegir para el parlamento, por más que hubiera otras listas. Hay que discutir las consecuencias de las propuestas y no sólo sus formulaciones. Me opongo a ella.

Alternancia de género en las listas de candidatos. Junto con la anterior esta es otra novedad. Es la propuesta de las organizaciones feministas que parten de la constatación de que si bien las cuotas han aumentado la participación política de la mujer en los organismos deliberantes como el Congreso y los consejos regional y municipal, sin embargo no garantizan que alcancen puestos de decisión. Esta propuesta es poco realista porque obligaría a los partidos a tener mujeres como la mitad de sus candidatos, cuando en la vida diaria no tienen a la mitad de mujeres activando en sus locales o en sus campañas. Eso, por el contrario los obligaría a invitar damas para que vayan de relleno en las listas sin garantía de su actuación futura. Por ejemplo, en las elecciones universitarias no hay cuota de género porque el número de catedráticas, en general, no supera el tercio del total.

“Muchas manos en un plato causan arrebato” dice el refrán popular y a ese arrebato nos podríamos encaminar si los interesados no se sosiegan y alborotan a la prensa cotidianamente con propuestas como cancha. No vaya a ser que a tanta insistencia la mayoría decida finalmente hacer algunos cambios en las reglas de juego electorales pero no como quieren los reformistas sino restarles atribuciones a las autoridades electorales o algunos cambios en el específico sistema electoral que le procuren una victoria en las elecciones municipales del 2018. Ahí sí habría llanto y crujir de dientes. Es mejor ir a paso lento, pero seguro, en mi modesta opinión.