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Una publicación de la asociación SER

¿Reforma o desmantelamiento?

 

En un artículo publicado hace algunos días[1], el director del diario Perú 21 achacaba el estancamiento del crecimiento de la economía peruana a la falta de reformas, señalando que “sin reformas no podemos esperar mejoras en nuestra tasa potencial de crecimiento”. Para él, tales renovaciones deben tener como principal objetivo el crecimiento económico y, por eso, la palabra “crecimiento” aparece 14 veces en el texto, mientras términos como “personas”, “bienestar”, “derechos” u otros –que, en teoría, son los que guían la actuación del Estado– brillan por su ausencia.

Volviendo al artículo, la causa para no seguir con el proceso reformista iniciado por el fujimorismo sería la decisión de nuestros gobernantes de “jugar a la política”. Coincidentemente, por esos días, el ministro de Economía pedía no mezclar la política con la economía[2], expresando su preocupación por el desenlace del diálogo político convocado por el presidente Ollanta Humala.

Lo cierto es que la principal preocupación del director de Perú 21 y del ministro, es que las decisiones que puedan adoptar los actores políticos no afecten esa suerte de “consenso” instalado en los años 90 del siglo pasado, que consiste en ampliar el ámbito del mercado y garantizar, por sobre todas las cosas, la libertad empresarial, en detrimento de lo público y otros derechos. Es decir, continuar lo que han venido haciendo prácticamente todos los gobiernos y sus ministros de Economía desde hace más de dos décadas, y que en el caso particular de la gestión de Ollanta Humala, se ha traducido en La desaparición de una serie de supuestas “trabas” para la inversión privada, y que el argot empresarial denomina “tramitología”.

El desmantelamiento de las políticas públicas

Cuando abordan el tema de la reforma de la gestión pública, Christopher Pollit y Geer Bouchaert la definen como los “cambios deliberados en las estructuras y procesos de las organizaciones del sector público, con el objetivo de lograr (en algún sentido) que funcionen mejor”[3]. Buscar que algo funcione mejor siempre es importante y, por ende, implementar reformas con ese objetivo es algo normal y necesario.  Ahora bien, hay que reconocer que definir qué es un mejor funcionamiento es algo sumamente complejo y puede tener diferentes implicancias. Por ejemplo, es muy probable que un servicio público que pretenda ser eficiente mediante el mayor ahorro de los recursos públicos no tenga la capacidad para atender de la misma manera a los usuarios y responder adecuadamente a sus expectativas.[4] En cualquier caso, lo importante es tener en cuenta que el principal objetivo de la acción estatal y su eventual mejora es garantizar los derechos de las personas.

Sin embargo, tras la implementación de procesos de reforma, lo que muchos gobiernos llevan a cabo, en realidad, es lo que la disciplina de la gestión pública llama “Policy Dismantling” (Desmantelamiento de las políticas públicas); es decir, “un cambio de naturaleza directa, indirecta, oculta o simbólica que disminuye el número de políticas públicas en un área en particular, reduce el número de instrumentos de política pública utilizados y disminuye su intensidad (alcance)”[5]. El desmantelamiento implica cambios en los elementos centrales de las políticas públicas, lo que se logra afectando (manipulando) las capacidades de implementación y supervisión de las mismas.

Y eso es precisamente lo que ha venido haciendo el gobierno de Ollanta Humala para complacer a los sectores empresariales, especialmente en los ámbitos ambiental, cultural, social y laboral, donde se han desmontado o se está en proceso de desmontar, una serie de procedimientos y estándares en diferentes políticas públicas.

Así, por ejemplo, la política de evaluación ambiental y social de los proyectos extractivos ha sido afectada con la rebaja de los requisitos para la aprobación de los estudios de impacto ambiental (llegando en algunos casos a ser suficiente la declaración de los solicitantes), así como con la disminución de los plazos con que cuentan las entidades para realizar la evaluación. En los hechos, esto significa una disminución de la calidad de las evaluaciones y que su realización no vaya más allá de lo meramente formal.

Del mismo modo, la política de fiscalización y sanción ambiental, que corresponde realizar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, también fue desmantelada, al restringir la capacidad sancionadora de dicha entidad durante los siguientes años y despojarla de parte de los recursos financieros necesarios para cumplir sus funciones.

Igualmente, la política de protección del derecho a la tierra de las comunidades campesinas y nativas sigue sufriendo nuevos recortes. Primero, se rebajó la obligación de las empresas mineras a presentar una simple declaración jurada para acreditar que cuentan con la autorización de una comunidad de acceder a sus tierras y llevar a cabo labores de exploración. Y hace poco, se estableció que sean las juntas directivas comunales y no la asamblea comunal las que puedan disponer de las tierras de la comunidad.

Por otro lado, la política de protección del patrimonio cultural también ha sido desmantelada, con la aprobación del silencio administrativo positivo en los procedimientos de obtención de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos, así como con la eliminación de la autorización previa que debe realizar el Ministerio de Cultura para la realización de obras en inmuebles que forman parte del patrimonio de la Nación.

La lista de políticas públicas desmanteladas por el actual gobierno es mucho más amplia y siempre con un mismo denominador: Garantizar la libertad empresarial, “destrabar” los proyectos de inversión y acomodar los procedimientos y requisitos administrativos a los intereses corporativos, aunque ello signifique pasar por encima de otros sectores de la población.

Seguramente, el director de Perú 21 seguirá insistiendo con las reformas, pero ya sabemos que lo que realmente estará pidiendo es desmantelar las pocas políticas públicas que todavía tratan de garantizar algunos derechos cuyo reconocimiento ha costado el esfuerzo de muchas generaciones de peruanos y peruanas.


[1]Sin reformas, sin futuro

http://peru21.pe/opinion/sin-reformas-sin-futuro-2211982

[2]Ministro Segura pide no mezclar la política con la economía

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministro-segura-pide-no-mezclar-politica-con-economia-542604.aspx

[3] Pollit Christhopher y Geer Bouchaert (2011). Public Management Reform. A Comparative Analysis – New Public Management, Governance and The Neo-Weberian State. Oxford University Press.

[4]Algo así ocurre con las consultas de los médicos en la seguridad social: Mientras más pacientes atienda un médico en un turno, mejor, aunque ese ritmo de atención implique dedicar escasos minutos a cada persona, independientemente del tipo de dolencia que tenga.

[5]Michael W. Bauer y Christoph Knill (2012). “Understanding Policy Dismantling: An Analytical Framework” en Bauer, M. W., Jordan, A., Green?Pedersen, Ch. y Heritier, A. (eds.) Dismantling Public Policy: Preferences, Strategies, and Effects. Oxford University Press.