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Una publicación de la asociación SER
Abogado y politólogo, profesor de la Universidad Ricardo Palma e investigador del Instituto del Bien Común

Reforma política con escaños indígenas

La crisis política por la que viene atravesando nuestra débil democracia aún está lejos de resolverse. Sin embargo, no hay mejor forma de fortalecerla que iniciar el debate sobre las fallas de nuestro sistema político, no solo en el seno del poder legislativo, sino también incluyendo los distintos estamentos del poder constituyente y sus diversas formas organizativas. No se puede pretender reformas democráticas, que traerán cambios en las instituciones, sin generar un dialogo con los principales actores de la democracia.  

En esa línea, recordemos el paquete de 12 proyectos legislativos que entrego la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política presidido por Fernando Tuesta[1], propuestas que en un primer momento pasaron inadvertidas por el Congreso y que solo a partir de la cuestión de confianza se vio obligado a debatir bajo la contingencia de un cierre constitucional. Esto significó que se priorice 6 proyectos de ley[2], para su aprobación que siguen en discusión.

Tras revisar las seis propuestas priorizadas, debemos considerar que ninguna refiere claramente a la necesidad de modificar la participación política efectiva de representantes de pueblos indígenas en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en la conformación del parlamento; para el Poder Ejecutivo no es una falla del sistema que ciudadanos históricamente excluidos, como son los miembros de los pueblos indígenas, cuenten con representación directa en el Poder Legislativo, a diferencia de lo que ocurre con la discusión de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos al congreso, que sí considera fundamental.

Lo cierto es que en una de las propuestas legislativas apenas se hace mención a este tema, se trata del proyecto de ley 4186-2018-PE que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional; donde al final en el artículo 21 incluye 2 circunscripción electorales especiales, una para extranjeros que asignan dos (2) escaños y otra para pueblos indígenas a la que asigna un (1) escaño.

Esta sería la formula con la que el gobierno actual pretende saldar la brecha histórica de sub-representación parlamentaria de los pueblos indígenas en el sistema político peruano; no olvidemos que los indígenas como sujeto pleno de derechos políticos, no existieron oficialmente sino hasta la Constitución de 1979, donde recién se introduce la posibilidad de que personas analfabetas puedan votar.

En ese sentido, proponer un escaño indígena, no solo es insuficiente, debido a la actual información con la que se cuenta gracias al Censo Nacional 2017[3], sino además vulnera el principio de igualdad y no discriminación. Pero primero aclaremos que en la actualidad en Perú se aplica un sistema de cuotas para candidaturas indígenas que asegura la participación pero no la representación, más no existe el mecanismo de escaños reservados, que buscan asegurar de forma directa un número de asientos para representantes indígenas.

El 2002 se hizo una reforma por la cual se estableció el sistema de cuotas indígenas para las listas de candidatos a las elecciones regionales y municipales provinciales, donde por lo menos el 15% de candidatos deberían ser de comunidades nativas de la Amazonía. Este mecanismo no consideraba a las más de seis mil comunidades campesinas y no ha funcionado principalmente porque los partidos políticos no interiorizaron el objetivo de la norma.  

Es así que recientemente por iniciativa de las principales organizaciones indígenas nacionales con el respaldo de tres bancadas, ha ingresado para su discusión el proyecto de ley 4542/2018- PE[4] que en lugar de un escaño asignado por el Poder Ejecutivo para pueblos indígenas se asigne 32 escaños en razón a la información del Censo 2017, donde el 25,6% de peruanos y peruanas se autoidentifican como miembros o parte de un pueblo indígena u originario. El proyecto además reconocería un sistema de elección de representantes indígenas que respete su derecho consuetudinario de elección, basado en sus usos y costumbres.

La base jurídica, propia de un estado de derecho, se encuentra en el Convenio 169 de la OIT, artículos 4, 5 y 6, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a medidas especiales para la salvaguarda de sus derechos, como la obligación del Estado de respetar sus instituciones, sus formas de organización y adopción de decisiones; así como la obligación de establecer los medios necesarios para el pleno desarrollo de sus instituciones.

Es más la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado a través del caso Yatama vs. Nicaragua (2005)[5] donde argumentó que imponer a los pueblos indígenas una forma de participación política distinta a su forma propia de organización, no es compatible con el primer artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además la Corte IDH calificó de graves las violaciones al derecho a ser elegido y a votar, por lo que estimó que además de afectar a los candidatos de Yatama, se afectó a los electores.    

En la actualidad dieciocho democracias aplican la reserva de escaños para representar a diferentes identidades colectivas que se relacionan con el Estado; en Latinoamérica Colombia, Bolivia y México cuentan con interlocutores directos que representen su agenda indígena. Técnicamente es posible, puesto que hay suficiente información generada en el último Censo; pero sobre todo es una deuda histórica que podría empezar a saldarse para el Bicentenario. Además  no olvidemos que aproximadamente más del 70% de conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo[6] son conflictos socioambientales con pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, y ese es un síntoma de la inminente falla de nuestro sistema político de representación.

 

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[1] Revisar en diario La República: https://larepublica.pe/politica/1447285-reforma-politica-ejecutivo-12-presenta-proyectos-legislativos-congreso-republica-excluyo-tema-bicameralidad/

[2] Revisar en diario Gestión: https://gestion.pe/peru/politica/son-seis-proyectos-reforma-politica-debera-aprobar-congreso-269113

[3] Revisar INEI: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf

[4] Proyecto de ley 4542-2018-PE: http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021

[5] Caso Yatama vs. Nicaragua: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf

[6] Reporte de conflictos sociales 183: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-183-Mayo-2019.pdf