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Una publicación de la asociación SER
Psicólogo con maestría en Sociología.

Reforma política: los límites de la audacia

Desde que empezaron a funcionar los estados democráticos modernos, con la extensión de la prensa, la educación y el voto universal, los partidos políticos han sido los instrumentos fundamentales para conducir esos aparatos burocráticos que cada vez se hacen más complejos. En el Perú, por desgracia, ya sea por la herencia colonial y el racismo o porque no tuvimos una revolución democrática, nuestros partidos no llegaron a cuajar más allá de un club privado con pocos socios. Inclusive en el caso del partido peruano de masas, que fue un modelo en Indoamérica por décadas, el estudio de Imelda Vega Centeno “El aprismo popular: cultura, religión y política”, demuestra que las decisiones sobre los zigzagueos de su línea política y las candidaturas, siempre estuvieron centralizadas en la cúpula.

Partidos fuertes y burocracia especializada, serían los requisitos básicos para alcanzar la ansiada gobernabilidad, base del progreso. Se comprueba en el caso de Francia, Alemania, China y Estados Unidos, por ejemplo, pero también en el caso de Chile, Uruguay y México entre nuestros vecinos. Si no fuera por esa fortaleza institucional, se entiende cómo un inepto como Bush no hundió a  Estados Unidos.

La crisis de nuestros partidos empezó con el desafío senderista y se profundizó con la crítica sistemática emprendida por Fujimori contra ellos. La transición democrática (2000-2001) fracasó en el terreno político porque los partidos se convirtieron en simples aparatos electorales, se vaciaron de doctrinas e ideas y se convirtieron en “coaliciones de independientes”, como reza el título del estudio de Mauricio Zavaleta, en donde las candidaturas terminaron vendiéndose al mejor postor. El resultado lo tenemos a la vista: parlamentarios que han llevado el desprestigio de políticos, y la política en general, a su más hondo abismo. El Latinobarómetro indica que los peruanos somos los que menos confiamos en los partidos: sólo un 7.5%.

Ahora tenemos dos protosistemas de partidos: el de las organizaciones nacionales que pueden presentar candidatos en las elecciones nacionales y subnacionales y que suman 24, de las cuales sólo 6 consiguieron tener bancada parlamentaria, que a su vez han estallado en 11 fracciones que difícilmente se van a poner de acuerdo en aprobar leyes y políticas nacionales de largo aliento, porque más se dedican a ver la paja en el ojo del gobierno, mientras la prensa festeja sus enfrentamientos.

Por otro lado, tenemos una maraña de 181 movimientos regionales, de los cuales 76 fueron incapaces de presentar candidatos a cargos regionales y municipales, para no hablar de la carencia de cuadros, por decir, gerentes públicos, carencia que comparten con los “partidos”.

Hasta que se invente otra institución, los partidos seguirán siendo necesarios para el gobierno de la nave del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruirlos, reformarlos, fortalecerlos, curarlos, sanearlos, convenciendo a sus representantes en el Congreso que aprueben algunas reformas necesarias?

No es casual que 39 de las 75 medidas específicas propuestas por la Comisión Tuesta tengan que ver con reformas relativas al funcionamiento de los partidos. La cuestión a examinar es si todas son pertinentes y viables.

Una primera propuesta es muy audaz, pero sólo funcionaría si se aprueba la segunda: si se elimina el requisito de recoger cerca de 800,000 firmas para matricular un partido, se pueden abrir las compuertas de caudillitos ansiosos y en poco tiempo podríamos tener más de 100 partidos como en la Rusia poscomunista. Pero eso podría ser controlado si se aplica la segunda receta: obligatoria realización de elecciones internas de sus candidatos para el 2021 organizadas por la ONPE, con padrón del RENIEC y fiscalizadas por el JNE, de manera que el que no tenga 281,000 votantes, vería su inscripción cancelada. Sería algo así como el sistema universitario público argentino: no hay larguísimas colas y ominosos exámenes de ingreso como en el Perú, sino ingreso libre, pero los exámenes son de tal exigencia que tres cuartas partes de los ingresantes son eliminados al término del primer año; cosa que tampoco sucede en el Perú, donde la mediocridad de profesores y el plagio de alumnos, imperan.

Claro, que sería necesario que un nuevo partido al menos presente una relación de afiliados, equivalente al 0.075% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales, lo que significaría este año unos 14,000 militantes. Si mañana se aplicara ese criterio a rajatabla varios partidos inscritos serían cancelados porque no superan esa cifra: Fuerza Popular, Frente Amplio, Juntos por el Perú, Avanza País, Perú Libertario, Perú Nación, Peruanos por el Kambio y Solidaridad Nacional.

Varios especialistas han señalado que el recojo de firmas (injusto, porque los partidos que exigen más hoy, fueron matriculados con una cuarta parte de lo que hoy se exige) se presta a engaños que han distorsionado la voluntad de los legisladores, pues las firmas terminaron siendo parte de los tradicionales intercambios clientelísticos y no adhesiones conscientes y maduras por una propuesta política. Habida cuenta que sólo los que tengan “plata como cancha” puedan solventar el aparato logístico para tamaña empresa.

Pero, ¿por qué dejar de lado la exigencia de tener instalados y actuantes comités en al menos dos tercios de las provincias del Perú? Eso significaría elevar de 50 a 215 afiliados por cada una de las 65 provincias y un desafío para dejar de ser partidos básicamente limeños y clubes electorales.

El problema está en que la Comisión Tuesta ha copiado la fórmula argentina de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, para fortalecer a un protosistema de partidos, cuando allá sí tienen un sistema de partidos que funciona. Más aún, la propuesta trata de obligar al ciudadano peruano que vaya a votar en elecciones de partidos que no conoce y cuyo futuro lo tienen sin cuidado.

Es como si a un cuarentón que ha sufrido una reciente operación se le obligara a correr una media maratón para fortalecer sus músculos. El desastre estaría asegurado. Por más que el Estado ofrezca apoyo logístico a los partidos para realizar sus elecciones internas, sin que les cueste un cobre, pedirles que al menos demuestren que fueron a votar 281,000 ciudadanos interesados por sus candidatos, para mantener su inscripción, resulta contraproducente y sólo conducirá a un fracaso y un gasto inútil[1]. Hay que considerar que las pocas elecciones internas que los partidos han realizado desde el 2004, a las que hayan invitado a la ONPE o al JNE, fueron hechas con participación voluntaria de sus afiliados y esa asistencia fue escasísima.

En el mismo sentido está la propuesta de eliminar el voto preferencial, para fortalecer la unidad de los partidos. La paradoja reside en que si bien esta propuesta flota en el ambiente desde hace dos décadas y recibe simpatías más fuera que dentro de los partidos, a la hora de votar el acuerdo, los parlamentarios la rechazan, precisamente porque en muchos casos fue el voto preferencial el que los llevó al palacio de la Plaza Bolívar. Una buena salida que contente a todos, podría ser que se deje a los partidos la decisión de someter o no a sus candidatos al voto preferencial.

 

[1] Más aún, la propuesta indica que en las elecciones internas sólo se definirían los cargos de presidente, vicepresidentes, parlamentarios, gobernadores y vicegobernadores y alcaldes, dejando de lado a consejeros regionales y regidores. ¿Los partidos tendrían que elegirlos por su cuenta sin participación de la ONPE?