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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Todos nuestros muertos

En lo que va de este gobierno, 49 personas han muerto por el uso abusivo de la fuerza en  protestas sociales. Protestas por demandas de la ciudadanía que recibieron como respuesta las balas del Estado.

El último informe anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demuestra que la violencia utilizada por la Policía o los militares para reprimir estas protestas es mucho más fuerte en zonas rurales indígenas. Sí, en esas zonas donde la mayoría de personas votaron por Ollanta Humala, allí es donde la violencia ejercida por el Estado mata más. Llama la atención que ni una sola de estas muertes haya ocurrido acá, en Lima. Como si para quienes reprimen las protestas y para quienes dan las órdenes la vida fuera de Lima valiera menos. O no valiera.

En este momento hay más de 200 conflictos sociales entre activos y latentes en el país y la mayoría es por cuestiones medioambientales. Desde el gobierno central no existe una adecuada política de prevención de estos conflictos. Las demandas y el temor de la población se incrementan al conocerse cada vez más casos de afectaciones graves a la salud de las personas, así como a su territorio y al ambiente. Por ejemplo, en Pasco, el teniente alcalde de una municipalidad ha denunciado que hay 2,070 niñas y niños que tiene niveles de plomo que superan enormemente los límites permitidos por la OMS (10 microgramos por decilitro), pues en algunos casos llegan a los 75 microgramos. Muchos de estos niños presentan complicaciones graves y nadie dice nada. Actualmente, la población se encuentra realizando una “marcha de sacrificio” de más de diez días hasta Lima.

Las reglas y los mecanismos existentes de participación y de consulta previa (para el caso de los pueblos indígenas) de la población no son respetados. En el último conflicto surgido en Apurímac se había realizado previamente una consulta a la población; sin embargo, los acuerdos a los que se llegó en un principio, fueron modificados: Se varió el Estudio de Impacto Ambiental, y de pronto tendrían una planta de molibdeno cerca a su localidad y por lo menos cien camiones retirando diariamente el material contaminante.

A este panorama se suma el apoyo desde el gobierno central a las empresas pero no a la población. Tal es el caso de la Policía, que ha firmado convenios institucionales de seguridad con estas empresas, y cuando la sociedad civil ha pedido información sobre estos convenios, esta no es brindada, aduciendo motivos de seguridad.

Desde el 2006, la Defensoría del Pueblo viene recomendando que la DINOES, División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, no participe en el control de las protestas. Desde el año 2006, hemos tenido diversos ministros del Interior y ni uno solo ha hecho caso a esta recomendación.

En febrero de este año, cuando Daniel Urresti-actualmente procesado por el asesinato de Hugo Bustíos y precandidato presidencial por el partido de gobierno- era ministro del Interior, en Pichanaki, Junín, la Policía mató a Ever Pérez Huamán, de un disparo de bala en el estómago. Hubo más de cien personas heridas. Marcos Ircañaupa recibió un tiro en la cabeza yel proyectil se alojó al costado de su ojo izquierdo. En un principio Urresti, negó que la Policía hubiese estado involucrada en estos actos, pero dadas las evidencias, lo admitió.

En abril de este año, el Perú entero vio a la Policía en Arequipa, persiguiendo, golpeando y, por último, sembrando a ciudadanos que solo defienden su derecho a tener una vida sin contaminación. Murieron campesinos y también un policía.

Hace dos días, fue la represión en Apurímac por el proyecto Las Bambas: Cuatro peruanos muertos más. Una de las respuestas del gobierno ha sido que el proyecto de Las Bambas es uno de los más grandes del país y que representaría casi dos puntos en el PBI. ¿Cuántos muertos más quiere este gobierno?No podemos permitir ni una persona muerta más.