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Una publicación de la asociación SER

#TOMALACALLE

El lunes 22 de julio, a pocos días de la celebración del día de la independencia del Perú, los más jóvenes del país, en representación de una gran parte del pueblo peruano, salimos a las calles a protestar en contra del nauseabundo comportamiento de las más altas clases políticas del país. Aquellos la denominamos “repartija”, en alusión al reparto de cargos públicos cual botín lleno de oro entre sucios y tramposos piratas. Pero, ¿qué representa esta manifestación?, ¿tiene alguna importancia a nivel socio–político? Por supuesto que sí.

En primer lugar, tenemos que reconocer la gran capacidad de convocatoria que ha tenido en las redes sociales, al menos en Facebook y Twitter, dos de las más usadas fuentes de comunicación interactiva en el Perú. Desde la creación de hashtags hasta la difusión de poderosas arengas escritas en menos de 140 caracteres, los jóvenes peruanos difundían su repudio y convocaban a una manifestación pacífica que terminó con 11 detenidos y con la decisión política de establecer un pleno extraordinario para dejar sin efecto las polémicas elecciones para el Tribunal Constitucional, el Banco Central y la Defensoría del Pueblo. En efecto, se trata de un nuevo tipo de manifestación en el Perú que ha logrado reunir a individuos de diferentes ideologías, pero con un sentimiento común: indignación. Ya lo decía el Jorobado: “Este es un nuevo sector. Que tiene características peculiares. Tiene, por ejemplo, acceso a medios de comunicación, tiene llegada a los medios sociales, eso hace que sea vea mucho más visible. Se trata entonces de una suma de protestas que tiene que ver con el descontento de los electores con sus representantes”.

Pero este tipo de manifestaciones públicas no son gratuitas, sino que responden a una práctica que muchos de nosotros creemos reciente, pero que no lo es: la negociación de cargos públicos entre partidos y coaliciones partidarias. Esta es una práctica más antigua que Yola (por así decirlo) e involucra a una serie de negociaciones tanto públicas como secretas que buscan, desde un lado maquiavélico, satisfacer los intereses de los partidos más poderosos y establecer su cuota de poder en el gobierno. Desde un lado más pinky/ ideal, buscan la democracia. Pero, ¿todo esto es legítimo? Sí, esto es legítimo en una democracia. Lo que es alta y éticamente cuestionable es que los Padres de la Patria olviden un factor clave: la convergencia de elementos como alta experiencia técnica, intachable comportamiento e independencia política en una sola persona capaz y competente para ejercer los cargos en cuestión.

Lo que actualmente se prefiere es la satisfacción partidaria y la captura de instituciones públicas claves que le puedan brindar un mayor “leverage” a un partido político determinado y mayor libertad de acción, a fin de prolongar, de esa manera, su estadía en el Estado. Así como las garrapatas se aferran a un perro, los partidos políticos buscan perdurar a través del tiempo y tratar de expandir su presencia en todos los niveles del Estado. Sin embargo, cuando los medios utilizados para lograr este fin no son los más adecuados, ni los más éticos, ni los más decentes, la población peruana está en todo el derecho de exigir un mejor comportamiento. Y esto es lo que hicimos el lunes 22.

Y muchos se preguntaban cuál es la raíz de la desconfianza en las instituciones públicas del Perú. Pues actos como la repartija hablan por sí solos. En esa línea, vale la pena mencionar que, en el Perú, para el año 2012, la confianza en el congreso no pasaba del 40% (36.6%) y más se confiaba en instituciones como la Iglesia Católica (60.5%), de acuerdo al Latino Barómetro 2012 (Cultura Política de la Democracia en el Perú 2012: Hacia la igualdad de oportunidades). Más grave aún, una publicación reciente de IPSOS (al 19 de julio de 2013) señala que solamente un 10% aprueba el desempeño del Congreso, mientras que una abrumadora mayoría lo desaprueba (86%). Indignante, ¿no? Creo también conveniente señalarles que resulta igual de indignante saber que solo un 28% de los encuestados por IPSOS saben para qué demonios sirve el Tribunal Constitucional.

De cualquier forma, el problema aquí es la institucionalización de una práctica con aristas que faltan evidentemente a la ética. La solución: el exterminio inmediato de estas prácticas y de las mismas personas acostumbradas a realizarlas. Pero como no somos terroristas ni exterminadores del futuro (y no hay ninguna Skynet que lo justifique), empezamos con una lenta pero segura reforma del Estado. No se duerman, la política que los jóvenes queremos está a la vuelta de la esquina. #TomaLaCalle, no lo dudes.