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Una publicación de la asociación SER

Tribunal simbólico para las mujeres peruanas

El  viernes 8 de noviembre se realizará en la Municipalidad de Lima el “Tribunal de Conciencia por la Justicia para las mujeres víctimas de esterilización forzada y de violencia sexual durante el conflicto armado peruano”, organizado por Demus, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Aprodeh, Cladem Perú, la Asociación Paz y Esperanza y el IDEHPUCP.

Como se sabe, este tipo de tribunales constituye una estrategia simbólica de las organizaciones de la sociedad civil para la lucha contra la impunidad que rodea a algunas violaciones de derechos humanos, como es el caso de la violencia contra las mujeres [1].

Ejemplos de estos tribunales se encuentran en Tokio con el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el enjuiciamiento de la esclavitud sexual a manos del Ejército japonés -realizado en el año 2000-, en el cual las organizaciones de mujeres desarrollaron esta iniciativa para juzgar esos casos perpetrados por el ejército japonés contra mujeres  de países  como Filipinas, Corea del Norte y del Sur, China, Taiwán, Holanda, Indonesia,  Malasia y Japón.

En América Latina, hay dos casos recientes de Tribunales Simbólicos. En el 2010, las mujeres indígenas que fueron víctimas de violaciones sexuales durante el conflicto armado en Guatemala, entre 1960 y 1996, demandaron justicia al Estado con un simbólico Tribunal de Conciencia para que estos casos cometidos masivamente no queden en la impunidad [2]. En el 2011 se realizó en Bogotá el  Tribunal Simbólico contra la Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado [3], como un espacio orientado a hacer visible en la opinión pública el impacto de  la violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano, la cual ha sido reconocida como una de las causas del desplazamiento de las mujeres por la Corte Constitucional de ese país en el 2008.

De allí la importancia del Tribunal de Conciencia para el caso peruano, porque permitirá visibilizar los niveles gravísimos de impunidad que deben enfrentar las mujeres peruanas víctimas de violencia sexual en el conflicto peruano y de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Si bien los hechos se dieron en distintos momentos históricos, estos evidencian lo que ya es conocido: la continuidad de la discriminación contra las mujeres que –sea en tiempo de paz o de conflicto, en democracia o en dictadura- resultan afectadas por hechos de agresión que no ocupan las primeras planas ni reciben una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

En el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó que la violencia sexual cometida durante el conflicto armado contra las mujeres peruanas, en determinados contextos, fue una práctica generalizada a cargo de los agentes del Estado, identificando 538 de estos casos, de los cuales 527 fueron cometidos contra mujeres. Por otro lado, el Consejo de Reparaciones ha registrado a 3,042 víctimas de violación sexual en el conflicto armado interno. Adicionalmente, tiene registradas a 1,206 víctimas de otras formas de violencia sexual como esclavitud sexual, unión forzada, prostitución forzada, aborto forzado, intento o amenaza de violación sexual, tortura a mujeres embarazadas, tortura en órganos sexuales y desnudamiento forzado. Sin embargo, en la actualidad solo existen alrededor de 19 casos de violencia sexual durante el conflicto armado interno que están en proceso penal, de los cuales ninguno cuenta con una sentencia [4].

Pero además de la evidente impunidad, tampoco existen lineamientos de reparación integral específicos y adecuados para estas víctimas por parte del Estado. Asimismo, la Ley Nº 28592 –que crea el Plan Integral de Reparaciones- no incluye a las víctimas de otras formas de violencia sexual, lo cual deja fuera del ámbito de protección y reparación a muchas mujeres peruanas.

En el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori, la impunidad también es flagrante. En el año 2002, el Ministerio Público inició una investigación en esta materia pero fue archivada en el 2009 pese a la existencia de numerosos testimonios de las mujeres afectadas y de los Informes de la Defensoría del Pueblo que -entre 1997 y 1999- había conocido casos de presuntas irregularidades en la aplicación del Programa de Salud Reproductiva-Planificación Familiar 1996-2000, a cargo del Ministerio de Salud. Por otro lado, la organización CLADEM había logrado documentar 243 casos de violaciones de derechos humanos en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en Perú desde noviembre de 1996 [5].  Pese a la reapertura de la investigación fiscal en el 2011 -luego de un Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado Peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, hasta el momento no se ha dado ninguna condena y no existen programas de reparación para estos casos.

El panorama es, como se ve, muy difícil para las mujeres peruanas y, por tanto, el Tribunal de Conciencia es una oportunidad de hacer escuchar su voz, de contar sus historias, de exigir justicia y de no quedar en el olvido. Porque si bien el Tribunal es simbólico, la justicia y la reparación deben ser reales.
 

NOTAS:

1. Ver: http://www.humanas.org.co/pagina.php?p_a=75&pri_vado=
2. Mujeres violadas en guerra de Guatemala reclaman justicia en juicio simbólico. Ver:  http://www.finanzas.com/noticias/guatemala/2010-03-04/254349_mujeres-violadas-guerra-guatemala-reclaman.html#VwZ1CYFBoHEfTy2Z
3. Ver: http://www.humanas.org.co/archivos/Pronunciamientofinal.pdf
4. Información proporcionada por DEMUS y extraída del Informe sombra 2011 ante la CEDAW elaborado por Aprodeh y Demus. Documento inédito.
5. Ver: http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/119/pag53.htm