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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Trump y la política de drogas en América Latina

La elección del candidato republicano Donald Trump como próximo ocupante de la Casa Blanca, modifica profundamente el sentido y la dirección de las políticas generales de EE.UU hacia América Latina. Lo primero que se pone en la mira de este empresario xenófobo devenido en Presidente son los acuerdos comerciales obtenidos, desde TPP, NAFTA y potencialmente algunos otros TLC suscritos con países de la Cuenca del Pacífico.

Luego, pueden sufrir algunas otras consecuencias negativas, agendas tales como las novedosas relaciones bilaterales con Cuba post-Fidel, las políticas migratorias con México y América Central (y la posible construcción de un nuevo muro), el modesto apoyo al proceso de paz en Colombia, y por cierto, las políticas de control al tráfico de drogas en la región andina, en circunstancias en que el Perú se ha convertido en un importante portaaviones de la droga hacia Brasil, Africa Occidental y Asia.

Recientes nombramientos de la nueva administración Trump, parecen asegurar un derrotero marcado por la militarización, los enfoques reduccionistas, el aislamiento, y la hegemonía sobre otros actores del concierto internacional, tales como China, los BRICs o la misma Rusia. Es el caso de John Kelly, ex Jefe del Comando Sur para asuntos de Seguridad Interna, el caso de James Mattis en Defensa y el de Michael Flynn, como consejero de Seguridad Nacional. Todos militares con visiones hegemónicas y guerreristas.

Mientras que en el ámbito interno, diversos Estados de la Unión han logrado cambios profundos en sus políticas domésticas en relación al cannabis (muy recientemente, el mayor estado California, aprobó el uso medicinal del cannabis), la política federal de Washington así como la cooperación anti narcóticos norteamericana hacia el hemisferio occidental, parecen que van a mantener el mismo rumbo: mantener el enfoque parcial de la reducción de la oferta (erradicación), priorizar el componente policial y militar, mantener alejados a Bolivia, Venezuela y, reducir el apoyo económico concreto a los países “aliados” en esta lucha. ¿Qué consecuencias trae para el Perú?

En primer lugar, Washington se siente cómodo de mantener al Perú como un país amigo –relativamente- confiable en un escenario regional (Ecuador, Bolivia y Venezuela) poco predictible. En segundo lugar, el gobierno de PPK ha demostrado suficiente comodidad, en estos cuatro meses, para no realizar lo que se debe en esta materia: un ministro del Interior que no se da cuenta de la necesidad de producir cambios en esta materia (crimen organizado y control de precursores), una “zarina” antidrogas que replica viejas recetas a su conveniencia (y a las del AID y el Narcotics Affairs Section), unos militares a los que se les confía el “festín” del VRAEM para que no hagan nada salvo negocios personales. En definitiva, es un “win win situation” (todos ganan), para los viejos guerreros de una guerra que de antemano esta pérdida mientras sigan haciendo negocios personales con la cooperación bilateral, la prevención y el mal llamado desarrollo alternativo.  Así las cosas, el escenario se muestra sombrío para los grandes intereses nacionales.