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Una publicación de la asociación SER

Violencia contra la mujer: Cuando la ley no basta ni se implementa

Durante los últimos meses varios casos de tentativas y feminicidios se han posicionado en los medios de comunicación colocando en el debate público las medidas de prevención y justicia que poseemos para sancionar tales actos. Y parece que las medidas legales no brindan las soluciones adecuadas con la rapidez necesaria. La Ley 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” posee aproximaciones rescatables como la distinción de los diferentes tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica o patrimonial) y los diferentes enfoques para abordarla (género, integralidad, intercultural, interseccional, general y de derechos humanos). Existen puntos sobre la propia ley que es necesario tomar en cuenta para una mejor atención de esta problemática.

La ley 30364 presenta como sujetos de protección a las mujeres así como al resto de miembros familiares. Es decir, esta ley pretende simplificar toda forma de violencia ejercida contra las personas. Esto genera un obstáculo en la identificación y las razones por las cuales es ejercida la violencia. No se trata que haya una violencia más importante que otra, se trata de comprender cada fenómeno. Lo cual no puede lograrse si incorporamos un sinfín de sujetos que sufren violencia por diferentes motivos (edad, género, raza, etc.) en una sola ley. No todas las violencias se ejercen por la misma razón, y es importante tomar en cuenta este punto.

En la ley se encuentran explicados cuales son los permisos y derechos que poseen las víctimas de violencia si es que estos actos los ejerciera alguna persona o familiar de su centro educativo o de trabajo. Las acciones que puede tomar el juez contemplan -en su mayoría- que quien tiene que hacer un cambio de su rutina es la víctima, y existe un plazo para que aquella persona afectada se reincorpore al espacio del que fue separada temporalmente. Mientras que la ley pudo concentrarse en la reeducación y separación del agresor, optó por generar en las víctimas presión por continuar una vida bajo ciertas condiciones y exigiendo que sea ella quien se adapte a nuevos espacios. Otra posibilidad es la negación al cambio o separación de las partes, forzando la convivencia en un ambiente hostil.

En lo que se refiere a la implementación de la Ley 30364, es evidente la falta de seguimiento a varias propuestas que existen dentro de la norma y que podrían servir para aportar a la solución de la situación de violencia en el Perú:

  1. La carga procesal que suma esta ley a los ya atareados Juzgados de Familia hace imposible cumplir el plazo de 72 horas para la realización de la Audiencia Única. Retrasando el proceso de justicia y obligando a las víctimas a estar en estado de ambigüedad y espera durante más días de lo necesario.
  2. El Registro Único de Víctimas y Agresores por violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar (RUVA), recién a partir del 18 de julio cuenta con el reglamento a pesar que la ley está en vigencia desde el 2015. De igual manera la creación y gestión de hogares de refugio temporal a cargo del MIMP y los gobiernos regionales y locales sigue estancada por falta de presupuesto mientras que los casos de violencia van en aumento.

 

Existe un gran número de denuncias de reincidentes que muestran que no existe el mapa geográfico y geo referencial de registro de víctimas, tampoco el canal de comunicación –a cargo de la policía- con las víctimas que establece la ley. De otro lado, las terapias brindadas por el Centro de Emergencia Mujer, que deben seguir los agresores libres a disposición del juez, no poseen una retroalimentación que pueda exhibir su eficacia. La reincidencia es la consecuencia de una reinserción poco eficaz lo que lleva a que las víctimas vivan en ciclos de violencia constante.

Mientras que el MIMP informa de la existencia del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no existe mayor información sobre las sesiones o los acuerdos logrados sobre la Comisión Multisectorial que está tratando el tema. Esta comisión es bastante importante en la ejecución de políticas contra la violencia pues toma decisiones sobre el presupuesto que se designa. De igual manera, la creación y conformación del Observatorio Nacional de Violencia de la mujer aún sigue pendiente.

Las medidas que se han tomado siguen teniendo problemas en su ejecución y en el planeamiento, ya que el Estado no ha logrado abordar con eficacia y eficiencia la problemática de la violencia en general y, tampoco, los diferentes tipos que se ejercen sobre las personas, creando mayores obstáculos para las víctimas. Y mientras tanto el número de feminicidios sigue aumentando.

Gimena Santos forma parte del programa Comadre Jr. de la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.