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Una publicación de la asociación SER

Argentina: La verdadera "pesada herencia"

Alfonso Bermejo

"Hoy la Argentina no puede pagar nada. Durante ciertos años no puede pagar nada", ha dicho el ministro de Hacienda Martín Guzmán, en un anuncio en la Quinta de Olivos, en la que han estado presentes el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, gobernadores provinciales, y el jefe de la Provincia de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta.

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Argentina tiene una difícil historia de defaults. Durante el siglo XX, dos han sido los episodios: i) en 1988, el presidente Raúl Alfonsín declaró la incapacidad de pagar la deuda con bancos locales y del exterior. Durante la dictadura militar, la deuda había pasado de USD 7 mil millones en 1976 a USD 45 mil millones en 1983, permaneciendo estancado el PBI; ii) a finales de 2002, el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá, anunció que suspendía el pago de la deuda que había llegado a representar el 154% del PBI, luego de la crisis de convertibilidad del peso.

Los altos niveles de endeudamiento han dado lugar a las respectivas negociaciones de reestructuración; en este sentido, en 2005, el presidente Néstor Kirchner asumió la negociación, la cual fue aceptada por el 76% de los acreedores. Además, en un gesto de independencia en el manejo de la política económica, Kirchner pagó los USD 9.800 millones que se le debían al Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se volvió a abrir la negociación (2010), logrando un acuerdo con el 93% de los tenedores de bonos, mientras un 7% no aceptó. Estos fueron los llamados “holdouts”, compuestos – básicamente – por fondos buitre. Estos acreedores son los que enjuiciaron al país en el distrito sur de Nueva York, ante el juez Thomas Griesa, quien falló a su favor, restringiendo el acceso del gobierno argentino a nueva deuda (se prohibió pagar a los acreedores que habían aceptado la negociación hasta que no se cumpliera con lo dictado en favor de los “holdouts”). En septiembre de 2015, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó, a raíz del caso argentino, un documento de 9 principios que deberían guiar las reestructuraciones de deudas soberanas. Aunque el texto fue aprobado por una amplia mayoría (135), sin embargo, las 6 economías que votaron en contra son las principales jurisdicciones para los préstamos soberanos, por ello el acuerdo no tendrá un efecto real (EEUU, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón e Israel).

Durante el período kirchnerista, la política de endeudamiento tenía dos objetivos, por un lado, reducir el nivel de deuda pública, la cual pasó de 154% del PBI, en 2002, a 53% en 2015 (-101 p.p.); y, por otro, reconvertir la deuda en dólares, de acreedores internacionales, que podían condicionar la política económica, a deuda interna en pesos. En 2004, el stock de deuda con el sector público era de 3%, pasando, en el 2015, a ser del 57%. Esta operación se consolida con la estatización de los fondos de las AFJP (fondos del sistema previsional de capitalización individual).

El gobierno de Mauricio Macri acordó el pago con los fondos buitre por lo que se abrieron los mercados de capitales. Se volvió a asumir deuda, la que llegó a ser del 91% del PBI en 2019 (+38 p.p. en 4 años). Son recordados el préstamo histórico con el FMI por USD 57 mil millones y la colocación de bonos a 100 años. El gobierno se justificaba señalando la situación encontrada de la gestión del gobierno anterior, a la que llamó “pesada herencia”. Por su parte, la oposición acusaba al “macrismo” de contraer deuda para frenar la fuga de capitales, algo que está prohibido por los estatutos del propios FMI. Ahora, nuevamente, cerca del 80% de la deuda está en dólares.

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Antes de asumir el mandato, Fernández señalaba que Argentina estaba en un “default virtual” debido a la dificultad de asumir los vencimientos de deuda. Para reestructurarla, el ministro ha presentado una propuesta, que  -aunque con firmeza se ha señalado que es lo que Argentina puede ofrecer- abre un espacio para negociar, a saber: i) una quita del 5,4% sobre el capital; ii) una quita del 62% de los intereses; iii) una moratoria hasta el 2023, en la que se comenzaría a pagar con 0,5% de interés, hasta un promedio de 2,33%, de manera sostenible.

En este sentido, el gobierno ha solicitado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) autorización para emitir bonos por USD 50.500 millones, como paso previo al ofrecimiento de canje por títulos viejos. La deuda escogida por el gobierno para la reestructuración asciende a USD 68.800 millones. Asimismo, ha solicitado retrasar -por un año- el vencimiento en mayo, de USD 2.100 millones, con el Club de París, abriendo también la posibilidad de renegociar el acuerdo que data del 2014.

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Aún no se conocen los detalles específicos del acuerdo; sin embargo, por ahora, las reacciones han sido positivas, el riesgo país medido por JP Morgan disminuyó 500 puntos, llegando a los 3.487 (al final del mandato de Fernández era de 495 y con Macri llegó a 2.165). La información disponible señala también que el valor de los títulos globales aumentó, en promedio, un 8%.

Es posible que esta reacción positiva inicial se deba a la lectura, por parte de los acreedores, de un sinceramiento de las posibilidades del gobierno argentino de asumir sus pasivos. Los plazos son quizá el tema más difícil de negociar, sin embargo, la quita propuesta sobre el capital puede haber sido menor a la esperada, sobre todo si tomamos en cuenta que el propio FMI había sugerido una quita mayor a los acreedores privados: “El alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera necesario oscila entre USD 55.000 millones y USD 85.000 millones durante la próxima década”. Al final, la quita propuesta por el gobierno argentino es de USD 41.500 millones.

A espera de presentar mayores detalles, el ministro Guzmán ha dado un plazo de 20 días para que los bonistas analicen la propuesta. Algo para tener en cuenta son las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs), que indican la cantidad mínima de bonos cuyos propietarios deben aceptar la reestructuración; en este sentido, los bonos emitidos en 2005 necesitaban una aceptación del 85% de los acreedores, mientras que los emitidos en el 2016, de 66,6%. Si tomamos en cuenta que las negociaciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en una coyuntura menos compleja, alcanzaron el 76% y 93%, respectivamente, la aceptación de la propuesta actual puede ser viable.

Finalmente, es importante resaltar las palabras de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, hace poco menos de un mes, avalando una reestructuración de la deuda privada: “Cuidar a las personas más vulnerables en Argentina y abordar la difícil situación económica del país han estado entre las prioridades más altas del presidente Alberto Fernández desde que asumió su cargo. Atender estos problemas se ha vuelto aún más apremiante a la luz de la pandemia del coronavirus y dado su importante impacto económico y sobre la salud pública".