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Una publicación de la asociación SER

Convención constituyente en Chile y participación de pueblos indígenas

Foto: Pablo Piovano - Comunidad Mapuche

28 días después del estallido social en Chile, el jueves 14 de noviembre, se firmó el pacto por “la paz y una nueva constitución”, firmado por casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria.  En este se señala que en abril se iniciará un proceso constituyente, con un plebiscito de entrada para elegir una convención (o Asamblea Constituyente) o una convención mixta y un plebiscito de salida. Una comisión técnica precisará los contenidos del pacto y ya se aprobó la paridad y la participación de movimientos independientes.

 

El punto que sigue generando controversia es la forma en que estarán presentes los pueblos indígenas en dicho proceso constituyente. Para que se puedan garantizar las formas de participación y elección de los miembros de pueblos originarios, existen diversas experiencias de participación política indígena en procesos constituyentes o en organismos de representación política en América Latina, pero los más conocidos son las cuotas en listas de partidos (que no garantiza que sean elegidos y puedan participar efectivamente) los escaños reservados (mecanismo que garantiza la participación de los pueblos indígenas). Estas medidas de acción afirmativa (cuotas especiales, asientos reservados, incentivos específicos) buscan poder compensar las ausencias por eventuales brechas históricas donde se ha subrepresentado a algún grupo de la sociedad.

En este caso, al establecerse asientos reservados para pueblos indígenas, normalmente se asume que serían ellos quienes traerían a la agenda política sus temas y demandas. No obstante, hay que considerar que, en este el caso de la elaboración de una nueva constitución, dichos representantes participarán de todas las decisiones de la convención o asamblea constituyente, por lo que su involucramiento rebasa lo estrictamente indígena, ya que la totalidad de aspectos que se aborden para elaborar la nueva constitución  para Chile requerirá de sus votos para poder establecerla.

Los temas más importantes para los pueblos indígenas, se abordaron en el proceso constituyente que se hizo hace dos años; entre los más importantes están el reconocimiento constitucional, el territorio, la utilización y cuidado de los recursos naturales, la educación indígena, la autodeterminación y la plurinacionalidad.  Pero toda esta discusión de temas que deberían ser incluidos en la Constitución, puede quedar nuevamente fuera si no se genera un acuerdo previo para esta participación y la definición de escaños reservados para pueblos indígenas.

Para ello se debe definir en la comisión técnica los siguientes aspectos, el porcentaje de escaños reservados, la forma de participación indígena, la forma de elección y la procedencia de consulta indígena para esta medida.

El Convenio 169 de la OIT, establece en su artículo 2, que los gobiernos deberán asumir con la participación de los pueblos interesados medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, e los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. Por su parte la Ley Nº 19253 reconoce la existencia de 9 etnias indígenas en Chile, en su artículo Nº1 reconoce como principales: Mapuche, Aimara, Rapa Nui, Atacameños, Quechuas, Collas, Diaguita, Kawashkar y Yagán.

Tal como definimos en la primera parte de este análisis existen ámbitos de la propuesta que abordaremos desde un enfoque de derechos y contextualizando dichos derechos al momento político y social.

Ya se ha hecho un proceso de consulta constituyente indígena en el 2017 y uno de los acuerdos que existió en ese momento entre el gobierno y los representantes de pueblos indígenas, fue que su participación en los organismos colegiados de elección popular, seria con escaños reservados.

Para el establecimiento de un porcentaje de escaños reservados para pueblos indígenas, hay que tomar en cuenta que el censo de 2017 nos señala que 2.185.792 personas afirman pertenecer a algún pueblo originario o indígena lo que corresponde al 12,8 por ciento de la población total de Chile. El pueblo originario predominante es el mapuche con 1.745.147 personas, equivalente al 9,9 por ciento del total de la población chilena. Le sigue el pueblo aymara con 156.754 personas. Los diaguitas, por su parte,  ocupan el tercer lugar con 88.474 personas.

En el caso específico de cada uno de los 9 pueblos indígenas reconocidos en Chile, se debe garantizar la participación de por lo menos uno o dos representantes de cada uno de estos pueblos, creando un mecanismo compensatorio y garantizando la participación de los pueblos con menor población, como son el pueblo Yagán, Kawashkar, Rapanui y Colla que no alcanzan el 1% del total de la población chilena según el Censo de 2017.

Los porcentajes de población indígena en el censo de 2017 son los siguientes:

Mapuche: 79,8% / Aymara: 7,2% / Diaguita: 4,1% / Quechua: 1,5% / Lican Antai: 1,4% / Colla: 0,9% / Rapa Nui: 0,4% / Kawashkar: 0,1% Yagán: 0,1%

De acuerdo con los datos señalados en el cuadro anterior, se deberían considerar por lo menos uno o dos representantes de las etnias indígenas y si se considera la paridad, podría proponerse una participación paritaria entre hombres y mujeres indígenas y en el caso de los pueblos con menos población, podría ser u hombre y una mujer.

Otro de los aspectos que genera controversia es la forma de elección de representantes indígenas, desde mi experiencia creo que no debe estar restringida a un padrón indígena, sino que se debe garantizar el derecho a elegir de todos y todas.  Recordemos que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece lo siguiente:

 

Artículo 25

 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Algunas propuestas hechas por grupos políticos de centro derecha, señalan que para poder elegir representantes indígenas se refiere a la posibilidad de generar un “padrón indígena”, y que sean solamente los inscritos en ese padrón quienes puedan elegir a sus representantes, lo que generaría diferencias en el derecho al sufragio universal. Tanto para los candidatos indígenas como para los electores que no son indígenas y que consideramos que nuestro voto podría ser para un candidato indígena.  Otro problema es que en el caso de los electores indígenas se coactaría también su derecho a votación universal, ya que hay muchas personas indígenas que no están inscritas en el registro de la CONADI [1]y si solo se les considera en un padrón indígena perderían su derecho a elegir a un representante de su elección.

Sobre este punto consideramos lo siguiente

  1. La autoidentificación como indígena es un derecho reconocido por la normativa internacional y nacional sobre Pueblos Indígenas.
  2. Los Paises de América Latina, en su mayoría reconocen el derecho a la auto identificación y pertenencia cultural en sus constituciones.
  3. Chile es el único país de America Latina que por medio de una institución estatal, otorga certificación a personas indígenas, ello en razón de los subsidios y becas para personas indígenas que entrega el Estado, pero no habría justificación para establecer un padrón indígena que sea en base al de la CONADI.
  4. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2] han reconocido el derecho de las comunidades indígenas a reconocer a sus integrantes cuando sea el caso, por sobre los cuestionamientos de los Estados.
  5. La Ley indígena y su reglamento permiten la autoidentificación, se certifica reconociéndose ante un notario, y es irrenunciable y permanente.
  6. De acuerdo con lo establecido por la normativa internacional, para acreditar la pertenencia de una persona a un pueblo o comunidad indígena, sería sufiviente con que las autoridades tradicionales, señalen el hecho en un acta o documento.

En el mismo sentido de la consideración anterior, la participación política de los pueblos indígenas como candidatos está reconocida en la igualdad ante la Ley y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que todos los ciudadanos gozaran del derecho de elegir y ser elegidos, por sufragio universal, igual  y secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores.

La participación política es un derecho universal, por lo que se deben establecer las formas de participación de los integrantes de los pueblos indígenas en un partido político pero también se debe considerar las formas propias en que los pueblos indígenas puedan participar en el proceso constituyente, es decir que sean las organizaciones tradicionales las que puedan reconocer y postular a una persona indígena reconocida por los miembros del pueblo.

Por lo que concluimos que los candidatos indígenas podrían pertenecer a un partido político si así lo consideran las personas indígenas, actuando como invitados de partidos o bastaría con ser reconocidos por su comunidad o autoridades tradicionales para postularse.

Otro de los temas importantes a considerar es la forma de financiamiento de personas indígenas que deseen participar en las elecciones para la Convención Constituyente, ya que en el caso de los pueblos indígenas podrían destinarse fondos iguales para todos los candidatos a la Convención.

Se debe resolver prontamente esta situación  a nivel político y no se puede de ninguna forma dejar fuera la representación indígena en la elaboración de la nueva constitución de Chile. Es alarmante constatar que para algunos representantes políticos es válido  hacer una nueva constitución sin los pueblos originarios que están resistiendo por más de 500 años. Esperemos que en estos días podamos ver que en los acuerdos políticos se reconozca la preexistencia de los pueblos indígenas. Estaremos informando.

 

[1]                    CONADI, es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que desde el 93´entrega la certificación de personas indígenas, caso único en Latinoamérica.

[2]                    Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 79

                Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125