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Una publicación de la asociación SER

Coronavirus y agroexportación en Ica

Rosario Huayanca Zapata. Comunicadora de CODEHICA 

En Ica, durante los tres primeros días de la emergencia sanitaria, cientos de trabajadoras y trabajadores de la agroexportación han sido obligados a laborar. Personal de campo de los fundos Beta, Pedregal, Don Ricardo, Corporación AgroLatina, Checa, Agrícola Sol de Villacurí y otros, continúan sus actividades sin haber adoptado las medidas de protección necesarias (uso de mascarillas, guantes, alcohol) para reducir la exposición al riesgo de contraer el coronavirus. Los fundos mencionados producen esparragos, alcachofas, uvas, paltas, papikra, arándanos, mandarinas, entre otros, todos ellos destinados a la exportación.

MINAGRI ha comunicado que se permite la circulación del personal necesario para “asegurar la adquisición producción y abastecimiento de alimentos, almacenamiento y distribución para la venta al público” amparada en el DS 044-220-PCM, que aprueba el protocolo para la implementación de las medidas que garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito. Esto permite la circulación de las personas vinculadas trabajadores dedicados a la siembra y cosecha de productos a nivel nacional. 

El problema es que se está exponiendo a cientos de trabajadoras y trabajadores que laboran en las empresas agroexportadoras que son trasladados en buses, sin  mascarilla, guantes e insumos básicos para proteger su salud, y que deben hacer largas colas en horas de la madrugada, tarde y noche para su desplazamiento. En su jornada laboral han tenido que salir a tomar sus alimentos todos juntos -100, 200, 300 personas por turnos-, sin que se respete el espacio mínimo requerido, a otros con menor suerte, los han despedido faltando pocos días para cumplir el año de trabajo, a algunas pocos se les han entregado mascarillas y se les ha pedido que las laven, echen alcohol y vuelvan a utilizar.    

Son diversas las comunicaciones y denuncias recibida por la Comisión de Derechos Humanos de Ica y los medios de comunicación local, hechas por mujeres y hombres que trabajan en estas empresas agro exportadoras. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido nula. Ni la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (Ica), ha logrado tener alguna respuesta y acción inmediata. La superintendenta regional Dra. Flor Cruz, nos manifestó no contar con el personal para hacer los operativos, el estado de emergencia no les permite brindar este servicio al público, por lo cual están en coordinación con la fiscalía de prevención del delito y la policía, para evaluar si se hace alguna visita. “Lo inmediato” a decir por la propia superintendente es enviar cartas disuasivas a las empresas que incurren en estas faltas vía correo electrónico, apelando se cumpla el art. 168-A del Código Penal, referido a seguridad y salud en el trabajo. 

Lo grave de esta situación es que recién están en plena elaboración de una base de datos para identificar a las empresas infractoras: “Nosotros como SUNAFIL estamos haciendo coordinaciones a nivel nacional para el sector agro y estamos tomando las medidas para que la policía constate el hecho con la fiscalía; (ya que ellos) son los que sí pueden trasladarse y hacerlo, remarcó “Nosotros no vamos hacer fiscalización”, Para la superintendenta regional los operativos los deben realizar la policía y la fiscalía..    

Por su parte la fiscalía de prevención del delito ante quien hicimos la denuncia, nos respondió por escrito “No ha lugar” en razón que su nuevo ROF en el art. 11.3 justifica la intervención en caso de un riesgo efectivo y en su art. 16 se dispone en caso exista un riesgo efectivo de la posible comisión de un delito, o cuando los hechos revistan magnitud o repercusión social en materia de prevención del delito. En resumen, para la Fiscalía no hay razón para intervenir.

El titular de la fiscalía de prevención manifestó que “en el marco de los decretos supremos emitidos ante la emergencia sanitaria nuestra actuación es únicamente en la prevención de violencia contra la autoridad, violencia contra el funcionario público, resistencia o desobediencia a la autoridad, violación a las medidas sanitarias y propagación de enfermedades peligrosas”. Hechos que no han tenido requerimiento de ninguna autoridad para una intervención. 

El General de la PNP José Luis Cayas Medina Jefe del Frente Policial de Ica, declaró el día lunes que  “con el tema de las agroexportadoras hay que tener mucho cuidado, porque es un tema de cosecha, y puede perjudicar e impactar totalmente a la economía de la región”, y agregó “estamos conversando con los transportistas y los fundos con la finalidad que adopten las medidas correspondientes, o evitar el traslado y si lo hacen, hacerlo en las mejores condiciones”. Sobre la seguridad de la población y la no presencia de las fuerzas armadas declaró a los medios de comunicación “en Ica no hay personal de las FFAA, se cuenta con las Fuerza Aérea en Pisco y con el personal policial que tenemos se puede mantener el control”. Como se sabe en Ica, la policía cuenta con 2400 hombres en servicio en este momento.

A pesar de lo declarado por las diversas autoridades a las que acudimos, el día de hoy se realizó un operativo conjunto -en los lugares donde se toman los buses- de la PNP, la prefectura y la dirección ejecutiva de salud ambiental del gobierno regional de Ica (DESA), sin que haya mayores resultados. Al respecto el funcionario de la DESA, Richard Sifuentes nos indicó que en “los buses destinados a 30 personas, solo deben ir 15”, pero constatamos que los buses salen llenos igual. De otro lado nos indicó que “van a pedir ingresar a las plantas al interior de los fundos”, por el problema de salud que se puede generar.  

Es evidente que para el gobernador regional de Ica y para los alcaldes distritales donde se ubican los más de 100 fundos dedicados a la agorexportación, la vida de estas personas les es indiferente, salvo en campaña electoral. Queda claro que para el gobierno nacional es muy importante no tocar las fibras del poder económico agroexportador. En vez de ello opta solo por controlar el orden de las calles, las losas deportivas donde aún los irresponsables juegan su pichanguita, correr tras motos taxis y colectivos; antes que hacer un operativo para constatar el peligro que corren cientos de personas de los sectores menos favorecidos.     

En urgente que en contextos como la pandemia y la emergencia sanitaria que vivimos se garantice la salud de la PEA. Estamos de acuerdo que se mantenga la cadena productiva y el desarrollo económico del país, pero esta no tiene que ser a costa de la salud de las trabajadoras y los trabajadores.